En Fago, un pueblo mínimo del Pirineo oscense, la noche cae pronto y el frío se pega a la piedra. Allí, donde casi todos se conocen por el nombre y por la casa, Miguel Grima vivía con la rutina de quien sostiene un ayuntamiento pequeño: reuniones, discusiones, cuentas que no cierran y caminos que hay que mantener abiertos.
Miguel Grima era el alcalde. Ese dato, en una localidad diminuta, no era solo un cargo: era una presencia diaria. Su relación con parte del vecindario estaba tensada por pleitos y enfrentamientos, y la política se mezclaba con lo personal hasta volverse un ruido constante. Aun así, aquella tarde de enero de 2007, Grima salió como tantas veces.
El regreso a casa, según se reconstruyó después, lo llevó por la carretera que une Majones con Fago. Un tramo estrecho, de curvas, donde cualquier obstáculo obliga a frenar. Allí alguien preparó un gesto simple: piedras colocadas en el asfalto. Un detalle pequeño, casi infantil, pero suficiente para forzar a un conductor a detenerse y bajarse.
Cuando Grima salió del coche para apartarlas, la emboscada se cerró. Una escopeta de postas disparó a corta distancia y lo mató. La escena no tenía la teatralidad de un crimen urbano; era más cruel por su sencillez: oscuridad, carretera, silencio, y un ataque pensado para que la víctima quedara indefensa durante unos segundos.
Lo que siguió fue una espera que se volvió sospecha. En un pueblo tan pequeño, la ausencia se nota, pero también se normaliza el retraso: una charla, una parada, una curva lenta. El aviso definitivo llegó tarde, y para entonces la carretera ya había guardado su secreto. La investigación convertiría el valle en un lugar observado, comentado y señalado.
La Guardia Civil desplegó recursos y el caso atrajo a medios de todo el país. Entre rumores y miradas, se buscaba un motivo claro: ¿un ajuste por rencillas vecinales?, ¿una venganza?, ¿un conflicto político llevado al extremo? Fago, que siempre había sido un punto perdido, se convirtió en escenario. Y el escenario, en una jaula para sus habitantes.
Pronto apareció un nombre que rompería una idea cómoda: el acusado no era un desconocido llegado de fuera por casualidad. Según se contó en el juicio y en la prensa, Santiago Mainar, guarda forestal, había convivido en el entorno y había sido cercano a Grima. La relación, que empezó como amistad, terminó contaminada por una animadversión creciente.
En la reconstrucción judicial se sostuvo que Mainar eligió un punto “estratégico” del camino y esperó a que el alcalde pasara. La trampa de las piedras encajaba con esa lógica: detener el coche, obligarlo a bajar, reducir el azar. En esa versión, la emboscada no fue impulsiva: fue un plan breve, directo y pensado para un lugar donde nadie imagina una caza humana.
El caso también quedó marcado por un elemento que alimentó dudas y conversaciones: el arma no apareció. Y en los pueblos, cuando falta una pieza, el vacío se llena con relatos. Hubo quienes hablaron de más de una mano, de silencios compartidos, de un miedo antiguo. Pero lo que se discutía en juzgados exigía otra cosa: pruebas capaces de sostener una condena.
Entre las pruebas citadas en las resoluciones y crónicas se mencionaron una declaración autoinculpatoria y periciales, además de restos biológicos hallados en el vehículo de la víctima sin una explicación convincente, según recogieron medios. La defensa cuestionó aspectos como el valor de esa confesión y el encaje del juicio, pero el caso siguió adelante con una conclusión nítida.
En 2009, la Audiencia Provincial de Huesca condenó a Mainar a 20 años y nueve meses de prisión por el asesinato, además de otras responsabilidades. Años después, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia, rechazando el recurso que pedía repetir el juicio con jurado popular. La condena incluyó indemnizaciones para la familia de Grima.
En paralelo, la vida en Fago quedó atravesada por un daño difícil de medir. El País describió un rechazo visceral a los periodistas y una comunidad exhausta tras semanas de investigación, cámaras y especulaciones. Cuando un crimen ocurre donde todos se cruzan a diario, cada conversación parece una toma de partido y cada silencio, una acusación.
Celia Estalrich, viuda de Miguel Grima, continuó en el pueblo, rodeada de un paisaje que ya no era el mismo. En crímenes así, el duelo se mezcla con la exposición pública: el nombre de la víctima se repite en titulares, en debates, en recuerdos ajenos. Pero el dolor real se vive en la cocina, en el dormitorio vacío, en la hora exacta en que debía sonar una llave.
Con el paso del tiempo, el caso siguió generando noticias por cuestiones penitenciarias. El Mundo recogió años después que Mainar mantenía su inocencia y que no mostraba interés en beneficios de salida, en un relato que añadía otra capa de extrañeza: la idea de cumplir sin pedir treguas, como si el encierro fuera parte de una batalla personal que nadie más entiende.
El crimen de Fago dejó un aprendizaje cruel: en los lugares pequeños, la violencia no solo mata a una persona, también altera el mapa emocional de todos. La carretera donde aparecieron las piedras no volvió a ser un trayecto neutro; se convirtió en un recordatorio. Y en cada curva quedó la sensación de que la confianza puede romperse con un gesto mínimo.
Hoy, cuando se menciona a Miguel Grima, se habla de un alcalde y de una muerte en una emboscada, pero también de un pueblo que tuvo que seguir viviendo con un foco encima. Hay casos que se cierran en sentencia y, sin embargo, no terminan. Porque la pregunta que queda en el aire no es solo quién apretó el gatillo, sino qué se fracturó para que fuese posible.
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