Cuzcurrita del Río Tirón es de esos lugares donde se reconoce el sonido de cada coche y el saludo de cada vecino. Por eso, cuando una noche de mayo de 2023 faltó la normalidad alrededor del negocio y la casa de Guillermo Castillo, la sensación fue inmediata: algo grave había pasado y ya no habría vuelta atrás.
Guillermo tenía 78 años y era hostelero; su vida estaba hecha de rutinas sencillas, llaves, persianas y el movimiento de un pueblo pequeño. Lo encontraron muerto en su propia vivienda, y lo que siguió fue una investigación que no buscaba solo un culpable, sino una explicación para una violencia desmedida en un sitio donde casi todo se sabe.
La relación entre la víctima y los autores no se describió como familiar ni afectiva: el caso se enmarca en un robo con violencia en casa habitada que acabó en asesinato. Esa combinación —entrar para llevarse algo y terminar arrebatando una vida— es la que define el quiebre, y la que haría que la historia recorriera juzgados y titulares.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena: 27 años de prisión para cada uno de los dos autores. El fallo mantiene que hubo alevosía y ensañamiento, y que además existió un delito de robo con violencia en casa habitada. En términos fríos, es el cierre de la vía de recursos; en términos humanos, es el recordatorio de lo irreversible.
La sentencia ratificada viene de un juicio con jurado celebrado en noviembre de 2024 en La Rioja. Después, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja confirmó el veredicto y, finalmente, el Supremo desestimó los recursos. La justicia se movió por etapas, pero el pueblo lo vivió como una sola herida larga, abierta desde 2023.
En el relato judicial aparece un detalle que funciona como ancla: huellas, incluso pisadas con sangre, trazando un recorrido desde la vivienda hasta la plaza donde estaba aparcado el coche de uno de los imputados. No es una imagen literaria; es un rastro que, según los investigadores, narró por sí mismo una parte de lo ocurrido.
La Guardia Civil explicó durante el proceso cómo la escena y los vestigios encajaban con la intervención de dos personas. Se habló del forcejeo, de la forma en que la víctima fue inmovilizada y de la dificultad de realizar ciertas maniobras en solitario. En casos así, el tiempo se vuelve enemigo: cada segundo deja una marca.
También se mencionó el apoyo de elementos técnicos, como el análisis de repetidores de telefonía para ubicar un móvil en la zona del crimen. Son piezas que, por separado, pueden parecer menores; juntas, dibujan una presencia. Y cuando el resto del mundo duerme, esos datos son los que al día siguiente permiten reconstruir lo que nadie vio.
La condena concreta distingue dos bloques: 23 años por asesinato y 4 por robo, para cada uno. Además, se impone un periodo de libertad vigilada una vez cumplida la pena de prisión. Todo eso compone la arquitectura penal del caso, aunque el centro sigue siendo el mismo: un hombre mayor atacado en el lugar donde debía estar más seguro.
El Supremo también confirmó la responsabilidad civil: 155.000 euros de indemnización para cada uno de los dos hijos de Guillermo Castillo. En el lenguaje de las sentencias se habla de daño moral. En el lenguaje de una familia, es otra cosa: un cálculo imposible sobre la ausencia, sobre las llamadas que ya no se responden y los domingos que cambian para siempre.
La acusación particular recurrió, y las defensas también. El alto tribunal desestimó esos intentos y dejó la resolución firme. Es el punto final procesal, pero no siempre lo es emocionalmente. Hay familias que esperan la firmeza como si fuera un cierre; luego descubren que lo que llega es, sobre todo, una confirmación oficial de lo sucedido.
Cuzcurrita quedó asociado a un nombre y a una fecha, como les pasa a tantos lugares pequeños cuando la violencia irrumpe. El restaurante, la fachada, la puerta, la plaza… se convierten en coordenadas de memoria. La vida diaria sigue, pero con una esquina menos inocente: la certeza de que lo excepcional también puede ocurrir allí.
En el expediente se habla de alevosía, es decir, de actuar de modo que la víctima no pudiera defenderse; y de ensañamiento, por el aumento deliberado del sufrimiento. Son palabras duras que intentan poner orden a lo que, en la práctica, fue un ataque brutal. Y esa calificación es la que sostiene la gravedad máxima del delito.
La investigación, según el fallo, se apoyó en máximas de experiencia, lógica y conocimiento científico. Detrás de esa fórmula está la suma de testimonios, rastros y análisis: el trabajo lento que convierte un caos en un relato probatorio. Cuando se trata de un crimen en una casa, cada objeto fuera de lugar puede terminar siendo una pregunta.
Para quienes le conocían, Guillermo Castillo no es solo la palabra “hostelero” en una sentencia. Es una vida entera de barrio y de pueblo, una edad en la que se supone que el mundo afloja y deja vivir. Que el final llegara con robo y violencia, y que ese hecho necesitara años de tribunales, es lo que explica el impacto que todavía perdura.
La condena queda confirmada y ya no hay más recurso. A la familia le queda la certeza jurídica de que la justicia vio lo que ocurrió y lo nombró por su nombre. Al pueblo le queda la pregunta incómoda que siempre asoma después: ¿cómo se vuelve a cerrar una puerta cuando ya se sabe que, una vez, no bastó con cerrarla?
0 Comentarios