En Murcia, la madrugada del 1 de abril de 2000, el ‘crimen de la catana’ rompió la idea de hogar seguro. José Rabadán, un adolescente, mató a su padre, a su madre y a su hermana pequeña en su propia casa. Lo que vino después —investigación, juicio de menores y años de preguntas— dejó una sombra larga sobre un apellido y sobre una ciudad.
A esa hora, el vecindario parecía el de siempre: persianas bajas, una calle quieta y una familia que, vista desde fuera, no anunciaba tragedia. Dentro, el vínculo era el más íntimo y también el más frágil: un hijo frente a sus padres, y una niña que dependía de todos. En esa mezcla de rutina y tensión, el quiebre no avisa: simplemente ocurre.
Según se reconstruyó después, el ataque comenzó contra el padre y siguió en las habitaciones contiguas. La palabra “catana” se volvió un símbolo porque no era un objeto cotidiano: una espada que llegó a casa como curiosidad y terminó como arma. En relatos posteriores se habló de cortes defensivos y de una secuencia rápida, como si la violencia hubiese sido un apagón.
La madre y la hermana se despertaron con el ruido. La niña, de nueve años, tenía síndrome de Down, y su presencia vuelve todo más insoportable: era la parte más vulnerable de la casa. En el proceso se mencionó que intentaron protegerse, que hubo heridas en las manos, ese gesto instintivo de quien no entiende por qué el peligro tiene rostro conocido.
Tras los asesinatos, el escenario no terminó, se “ordenó”. Algunas fuentes recogen que se colocaron bolsas en las cabezas y que los cuerpos fueron llevados al baño. Ese detalle —doméstico y frío— es una de esas huellas que explican por qué el caso persigue a quien lo lee: no solo hubo violencia, también hubo tiempo para decidir qué hacer con lo ocurrido.
La mañana llegó y el crimen salió de la casa. La investigación comenzó con preguntas básicas: cómo, cuándo, qué arma, quién entró y quién salió. Pero pronto la respuesta más dura se hizo inevitable: no era un intruso. Era alguien de dentro. Cuando la sospecha apunta a un hijo, todo se vuelve más difícil de narrar, incluso para la policía y para los vecinos.
José Rabadán confesó y el caso entró en un terreno entonces poco familiar para el país: la Ley del Menor aplicada a un delito gravísimo. El horror convivía con un marco jurídico pensado para reeducar. Esa tensión —castigo frente a reinserción— se convirtió en parte del debate público. Para muchos, el nombre del caso no fue solo el arma, sino la pregunta: ¿qué se hace con un menor que mata?
Con el tiempo, se habló de su estado mental, de evaluaciones y de diagnósticos discutidos. En crímenes así, la explicación clínica se vuelve un refugio para intentar comprender, pero rara vez alcanza. Hay familias que se rompen sin una causa única, y hay adolescentes que cargan con sombras difíciles de medir. En el juicio, lo que importaba era probar hechos y responsabilidades, no calmar el desconcierto.
La sentencia y las medidas impuestas quedaron marcadas por los límites de la normativa de entonces. En la prensa se citó que la condena se tradujo en años de internamiento y en periodos de vigilancia. Para una parte de la sociedad, aquello sonaba a poco; para otra, era la única vía posible con un menor. En medio, quedaron las víctimas, reducidas a cifras cuando en realidad eran vidas completas.
La figura del padre, la madre y la niña suele quedar al fondo porque el foco mediático se fija en el agresor. Pero el dolor real está en lo que ya no volvió: comidas compartidas, cumpleaños, una silla vacía que nadie se atreve a mover. Hablar del caso sin recordar a quienes murieron es repetir la injusticia. Eran una familia con nombre propio antes de ser un titular.
Años después, la noticia de su salida y la falta de una vigilancia visible reabrió el miedo. No es solo la idea de que alguien quede libre; es la sensación de que el tiempo no cura nada cuando el final es tan abrupto. En Murcia, muchas personas recordaron dónde estaban cuando se supo. Ese tipo de memoria colectiva se instala como un ruido de fondo que no desaparece.
En 2017, nuevas entrevistas y un documental devolvieron el caso a la conversación pública. Ver su rostro, escuchar su voz, provocó reacciones opuestas: rechazo, incredulidad, incluso morbo en algunos. Para otros fue una sacudida: la confirmación de que el crimen no era un mito urbano, sino una historia real con víctimas reales. Y que el tiempo, lejos de enterrarla, solo cambia la forma del impacto.
También aparecieron frases que quedaron pegadas al caso, como si pudieran resumirlo todo en una sola línea. Pero las frases nunca explican una madrugada entera. Lo que permanece es la imagen de una casa convertida en escena, y de una ciudad mirando de reojo a la idea de normalidad. Cuando el peligro nace en el comedor, cualquier puerta cerrada parece frágil.
El ‘crimen de la catana’ dejó otra lección incómoda: la violencia intrafamiliar no siempre se anuncia con señales claras para quien está fuera. A veces el entorno solo ve un adolescente, discusiones, silencios. Y luego, el abismo. Por eso los relatos responsables evitan convertir el caso en leyenda: no fue una película, fue un desastre íntimo que destrozó tres vidas.
En el plano judicial, la reinserción es un objetivo legítimo, pero socialmente convive con la necesidad de duelo y con la sensación de deuda imposible. Hay heridas que no se saldan con años. En este caso, la pregunta que queda flotando no es solo qué pasó, sino cómo se reconstruye una comunidad cuando el dolor tiene dirección conocida y fecha exacta.
Hoy, hablar de aquella madrugada es caminar sobre una cuerda: recordar sin explotar, contar sin adornar. Lo único indiscutible es que, en abril de 2000, una familia dejó de existir como tal y Murcia ganó un fantasma. Un objeto —una catana— terminó nombrando lo innombrable. Y la historia sigue recordándonos que la normalidad puede quebrarse en silencio.
0 Comentarios