En Lleida, el invierno suele apretar en las aceras y en los portales, pero aquella tarde el frío pareció colarse dentro de una vivienda de la calle Ciutat de Fraga.
Allí vivía una mujer de 53 años, una de esas personas que conviven con rutinas simples y la esperanza de que el hogar, aunque sea compartido, siga siendo un lugar seguro.
El hombre con el que compartía piso no era su pareja, según indicaron fuentes citadas por la prensa. Era, en apariencia, una convivencia práctica, de esas que se sostienen por economía y costumbre.
Pero algo se quebró a finales de enero de 2026. Según se ha informado, tras una discusión doméstica la violencia irrumpió de golpe y ya no dejó espacio para la marcha atrás.
Lo que convirtió el caso en un golpe seco para la ciudad no fue solo el resultado, sino la manera en que se conoció: el presunto autor se presentó en una comisaría de los Mossos d'Esquadra.
Llegó ensangrentado y confesó, de acuerdo con las crónicas. No pidió tiempo ni coartadas: dijo que acababa de matar a su compañera de piso con un arma blanca.
Cuando los agentes acudieron al inmueble, hallaron a la mujer sin vida y con heridas compatibles con ese relato, según explicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en información recogida por Segre.
La investigación quedó en manos del juzgado, que decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza. La causa se abrió por un delito de asesinato, siempre según las informaciones publicadas.
En el minuto de silencio, las autoridades locales y vecinos se reunieron con un respeto que pesa más que cualquier palabra. Porque en estos casos, la ausencia se vuelve pública y duele en común.
Con el paso de las horas, el nombre del detenido empezó a circular con otro dato que multiplicó el desconcierto: su historial delictivo era largo y conocido.
Según El País, se trata de Mario Casterás, de 65 años, que ya había sido condenado años atrás por un homicidio cometido dentro de la cárcel de Ponent.
Segre detalló que aquel crimen ocurrió en 2000 y que en 2002 fue condenado a 16 años de prisión, después de que el acusado reconociera los hechos durante el juicio.
Años más tarde, de acuerdo con El País, volvió a ser detenido por un atraco violento en 2023, y había salido de prisión el 4 de octubre de 2025.
A finales de enero, la violencia reapareció en un escenario doméstico: un piso compartido, un espacio cotidiano que, en cuestión de minutos, se transformó en escena de muerte.
Ara subrayó que no se investigaba como violencia de género al no existir relación sentimental entre agresor y víctima, un matiz legal que no reduce el impacto humano del hecho.
La mujer de 53 años queda en el centro de esta historia por lo que se le arrebató: el derecho a llegar a casa y seguir viviendo un día más. Y Lleida, por lo que le queda: la obligación de mirar de frente cómo se cuela la violencia donde menos debería.
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