Todo comenzó con una petición aparentemente inofensiva en la sala de urgencias. Era febrero de 2025 y la noche caía sobre Arrecife. Una joven paciente pidió permiso para salir a fumar un cigarrillo, un breve respiro fuera de las paredes blancas del hospital. Nadie imaginó que ese sería el primer paso hacia un desenlace fatal, una decisión que la llevaría directa a la oscuridad.
La protagonista de esta historia tenía solo 19 años. Natural de Gijón, había llegado a Lanzarote arrastrando consigo una batalla personal contra problemas de salud mental. Su ingreso en el Hospital Doctor José Molina Orosa debía ser un refugio, un lugar para estabilizarse y encontrar la calma que su mente necesitaba desesperadamente.
Sin embargo, el protocolo falló estrepitosamente. Cuando la joven cruzó las puertas automáticas hacia la calle, no llevaba nada consigo. Ni teléfono móvil, ni cartera, ni documentación. Sus pertenencias se quedaron en el box de urgencias, testigos mudos de una fuga que nadie detuvo a tiempo. Simplemente, desapareció en la noche isleña.
Lo que sucedió a continuación en el centro médico es parte de la denuncia que hoy sostiene su familia. Al notar su ausencia, el personal se limitó a tramitar un «alta por fuga». No hubo llamadas a la Policía Nacional. No hubo aviso a sus familiares. El sistema burocrático cerró su expediente mientras ella caminaba sola y vulnerable hacia el peligro.
Fue su madre quien, horas más tarde, descubrió el horror del silencio. Al llamar al hospital para interesarse por el estado de su hija, recibió la noticia de que ya no estaba allí. La angustia se apoderó de ella de inmediato. Sin noticias, sin rastro y a miles de kilómetros de casa, la familia tuvo que denunciar la desaparición en comisaría, iniciando una cuenta atrás agónica.
La joven, desorientada y sin recursos, no llegó muy lejos, pero sí lo suficiente para caer en las manos equivocadas. En su camino se cruzaron dos hombres, conocidos en los bajos fondos de la isla por su relación con el menudeo y el consumo de estupefacientes. Para una chica en su estado, ellos no fueron una ayuda, sino una sentencia.
El escenario final fue un edificio en construcción abandonado en la calle Tenderete, en el barrio de Argana Alta. Un esqueleto de hormigón conocido por los vecinos como un fumadero habitual, un lugar donde las sombras se alargan y la ley apenas entra. Allí terminó su huida, entre escombros y suciedad.
La madrugada del 9 de febrero, dos toxicómanos que frecuentaban el lugar dieron la voz de alarma. Habían encontrado el cuerpo sin vida de una chica joven. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero ya no había nada que hacer. La vida de la joven gijonesa se había apagado en soledad, lejos de su hogar y de quienes la querían.
La autopsia reveló una verdad dolorosa: la causa de la muerte fue una sobredosis. Su cuerpo no pudo soportar un cóctel letal de cocaína y metadona. su familia y su defensa, ella no era consumidora habitual de drogas, lo que convirtió esa mezcla en una bomba de relojería para su organismo. No tenía tolerancia, ni defensa posible.
Las investigaciones policiales apuntaron rápidamente a los dos hombres que la acompañaron en sus últimas horas. Fueron detenidos y puestos a disposición judicial. Se sospecha que fueron ellos quienes le suministraron las sustancias, conscientes de su efecto devastador. Sin embargo, quedaron en libertad provisional, investigados inicialmente por homicidio imprudente.
El edificio donde murió fue clausurado por la Policía Local meses después, en julio, tras las constantes quejas vecinales. Se tapiaron las entradas para evitar que siguiera siendo un foco de consumo y delincuencia. Una medida necesaria, pero que llegó tarde para salvar a la joven que perdió allí su futuro
La defensa sostiene una tesis escalofriante: sospechan que pudo haber un encuentro íntimo no consentido. Creen que, bajo los efectos de las drogas suministradas por los sospechosos, la joven no estaba en condiciones de prestar consentimiento alguno. Esperan nuevos informes forenses que puedan probar una agresión sexual.
Además de la vía penal contra los dos hombres, la familia ha abierto otro frente judicial contra el Servicio Canario de Salud. Consideran que hubo una negligencia grave en la custodia de la paciente. Si el hospital hubiera avisado a la policía o a la madre en el momento de la fuga, quizás la habrían encontrado a tiempo.
Semanas antes de su muerte, la propia joven había acudido a una comisaría pidiendo ayuda, suplicando ser internada. El sistema la devolvió a la calle o a centros que no lograron retenerla. Su grito de auxilio se perdió en la burocracia hasta que fue demasiado tarde. Dos veces pidió socorro, y dos veces el destino le dio la espalda.
Hoy, el caso sigue abierto como una herida que no cicatriza. Gijón llora a una hija que solo buscaba sanar, mientras en Lanzarote, un edificio tapiado guarda los secretos de su última noche. La justicia tiene ahora la última palabra para determinar si fue mala suerte o un crimen cruel aprovechando la vulnerabilidad de una niña perdida.
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