La casa estaba en el casco histórico de Dénia, cerca de la Torre del Consell, con una vida nueva encima de un suelo que durante años no dijo nada. Allí, bajo la zona donde antiguamente hubo un corral, la Policía Nacional recogió restos óseos que podrían pertenecer a Juan Navarro Navarro, desaparecido desde 1993.
Juan tenía 27 años cuando se perdió su rastro. La fecha que sitúa la familia en el centro del horror es el 15 de agosto de 1993, una jornada que habría terminado dentro de una vivienda familiar y no en una calle lejana, ni en una huida, ni en una desaparición voluntaria.
El caso ha regresado por una confesión tardía. La madre de Juan, Antonia, habría relatado a una hija que el joven fue asesinado, descuartizado y enterrado en un agujero de la casa, aunque después negó públicamente haber participado en el crimen.
El nuevo enfoque no está solo en la violencia inicial, sino en lo que vino después: tres décadas de silencio, una denuncia de desaparición presentada en el año 2000 y una familia obligada a reconstruir la verdad cuando el tiempo ya había empezado a blindar judicialmente el daño.
Según las versiones familiares recogidas en la investigación periodística, la muerte se habría producido durante una discusión entre padre e hijo. En ese relato, la madre habría señalado un ataque con un destornillador y el padre un golpe con una piedra, antes de que el cuerpo fuera ocultado bajo tierra.
El padre de Juan falleció en octubre de 2012 sin confesar públicamente lo ocurrido. Esa muerte dejó el caso sin uno de los presuntos autores vivos y convirtió el silencio de la casa en una segunda condena para quienes seguían preguntando dónde estaba Juan.
La aparición de siete huesos humanos cambió el terreno de las sospechas. Los agentes se hicieron cargo de los restos tras levantar parte del suelo y los trasladaron para su análisis, con el objetivo de determinar la data aproximada y comprobar si es posible extraer ADN.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia activó el protocolo forense para determinar a quién pertenecen esos restos. Al mismo tiempo, consta un archivo por prescripción relacionado con la denuncia del supuesto asesinato, una palabra fría que choca con la escena de una familia esperando recuperar un cuerpo.
La prescripción es el centro oscuro del caso. Si el crimen queda fuera del alcance penal por el paso del tiempo, la investigación puede servir para identificar restos y ordenar la verdad, pero no necesariamente para sentar a nadie en el banquillo por aquel homicidio.
La familia no reclama solo una causa judicial. Reclama poder desenterrar lo que falta, reunir los restos de Juan y darle sepultura después de 33 años convertido en ausencia, rumor y miedo dentro de su propia historia familiar.
Ese deseo se ha topado con obstáculos materiales. Los familiares aseguran que han tenido problemas para continuar las excavaciones en la vivienda y que se les ha trasladado que ciertos costes deberían asumirlos ellos, mientras la casa pertenece ahora a una vecina ajena a lo que habría ocurrido allí.
El detalle más brutal es que la vida siguió sobre el lugar donde presuntamente quedó oculto el cadáver. Una vivienda ocupada durante más de quince años por una persona que no tenía relación con el crimen pudo tener bajo el suelo una parte de la respuesta que la familia buscaba desde 1993.
La investigación forense tendrá que separar certeza de confesión, hueso de memoria y rumor de prueba. Hasta que el ADN o los análisis confirmen la identidad, los restos son una posibilidad grave, no una conclusión cerrada.
Dénia queda ahora ante un caso que no vuelve como persecución penal limpia, sino como deuda con un muerto. Juan Navarro puede haber estado bajo tierra durante tres décadas, pero la pregunta que deja su historia sigue arriba: quién tiene derecho a cerrar un crimen cuando el cuerpo todavía no ha sido devuelto.
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