La Comunidad de Madrid ha ordenado poner a la venta el ático de lujo de Chamberí que compró hace apenas tres meses y que había sido presentado como una oficina temporal ligada a las obras de la Real Casa de Correos.
El anuncio lo hizo este jueves el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, desde San Martín de Valdeiglesias, uno de los municipios golpeados por el gran incendio de la Sierra Oeste.
Según explicó, el dinero que se obtenga de esa operación se destinará a la reconstrucción de las zonas afectadas por el fuego, en un giro brusco sobre un inmueble que ya había desatado una fuerte polémica política.
La decisión no afecta solo a ese ático situado en el paseo del General Martínez Campos, porque el Gobierno regional también ha señalado otros cuatro inmuebles de la Gran Vía dentro del paquete que quiere vender.
La valoración conjunta de esas propiedades ronda los 20 millones de euros, una cifra que el Ejecutivo madrileño vincula ahora a la recuperación material de los municipios dañados por los incendios recientes.
El ático se había convertido en el símbolo de la controversia desde que salió a la luz que la vivienda, de 485 metros cuadrados y con una gran terraza, fue adquirida por una empresa pública dependiente de la Comunidad.
La explicación inicial fue que serviría para reuniones y trabajo institucional durante la reforma integral de la sede de la Presidencia regional en la Puerta del Sol, pero esa versión quedó rápidamente bajo sospecha.
El Ayuntamiento de Madrid confirmó después que no había recibido ninguna solicitud de licencia ni de cambio de uso relacionada con ese inmueble, un dato clave porque el piso tiene uso residencial y no de oficina.
Esa ausencia de trámites alimentó la presión sobre el Gobierno autonómico, que en cuestión de horas pasó de defender la compra como una necesidad operativa a anunciar la venta como un gesto ligado a la emergencia.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso había rechazado que el ático fuera para su uso privado y sostuvo que la polémica formaba parte de una campaña de desprestigio, aunque las dudas sobre el destino real del inmueble no se apagaron.
La rectificación llega, además, en plena sacudida por el impacto del incendio en la Sierra Oeste, un escenario que ha permitido al Ejecutivo envolver la retirada en un discurso de ayuda y reconstrucción.
El movimiento intenta cambiar el foco de una compra opaca y difícil de justificar por su naturaleza residencial, su tamaño y su ubicación, convertidos en munición para la oposición desde el primer momento.
También deja abierta una pregunta incómoda sobre cómo se aprobó la operación original y por qué un inmueble de lujo terminó presentado como solución provisional para funciones administrativas del Gobierno regional.
Ahora el ático queda marcado como una pieza tóxica de la crisis: primero fue oficina, después escándalo y finalmente promesa de dinero para apagar, al menos en parte, el coste político del incendio y de la propia compra.
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