Quince días antes del crimen, la mujer de 34 años que acabaría asesinada en Barcelona ya estaba dentro de un procedimiento judicial que giraba alrededor de sus dos hijos menores y de una denuncia por malos tratos presentada por su pareja.
Según la información difundida este 30 de julio, la Fiscalía de Barcelona pidió medidas cautelares tras aquella detención y respaldó que se prohibiera a la madre acercarse a los niños mientras avanzaba la investigación, al apreciar una situación familiar preocupante para los menores.
El juzgado de Violencia contra la Infancia rechazó esa petición y también desestimó que se activara una alternativa habitacional para la mujer, que no tenía otro lugar donde residir fuera del domicilio familiar.
La Fiscalía no dio por cerrada esa decisión y presentó un recurso ante la Audiencia de Barcelona porque consideraba que seguía existiendo una situación de riesgo para los niños, de 8 y 4 años.
Ese debate judicial no se centraba en resolver un posible caso de violencia machista entre adultos, sino en la protección de los menores dentro de la causa abierta a raíz de la denuncia presentada por el hombre.
El martes 28 de julio, sin embargo, la escena estalló de la forma más brutal en una vivienda de la calle Andrade, en el distrito de Sant Martí, donde la mujer fue apuñalada presuntamente por su pareja dentro de la casa familiar.
Los dos hijos estaban presentes durante la agresión y, según los datos publicados sobre el caso, el mayor salió a pedir ayuda a los vecinos mientras su madre agonizaba dentro del piso.
Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 19:47 horas y, aunque se activó la asistencia sanitaria y policial, la víctima no pudo sobrevivir a las heridas.
Después del ataque, el presunto agresor huyó en una furgoneta, la incendió más tarde en el barrio de Navas y terminó entregándose de madrugada en una comisaría de los Mossos d'Esquadra en Barcelona.
La investigación quedó en manos de la División de Investigación Criminal, mientras las instituciones comenzaban a reconstruir las horas previas y a revisar qué decisiones se habían tomado en el entorno judicial y de protección.
La propia Fiscalía explicó en un comunicado que su actuación en el procedimiento anterior respondió exclusivamente al deber de proteger a niños y adolescentes cuando detecta indicadores que aconsejan extremar la cautela.
En esa misma nota, el ministerio público sostuvo que había realizado una valoración autónoma de los indicios disponibles y que por eso entendió necesario pedir medidas para evitar que los menores siguieran expuestos a un contexto perjudicial.
El caso añade una capa especialmente dura al crimen de Sant Martí: la víctima había sido detenida tras la denuncia de su pareja, el mismo hombre que ahora permanece arrestado como presunto autor de su asesinato.
Ahora quedan dos menores en el centro de una tragedia que ya no puede corregirse con recursos ni cautelas tardías, mientras Barcelona intenta entender cómo una situación detectada como preocupante terminó convertida en una escena irreparable.
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