La condena cayó sobre una antigua directora de una residencia de mayores de Córdoba después de que la Audiencia Provincial diera por probadas dos maniobras con las que convirtió un centro asistencial en una fuente de dinero ilícito.
La sentencia fija una pena de dos años y dos meses de prisión por fraude y estafa, además de cinco años de inhabilitación para trabajar en residencias de mayores o de personas con discapacidad.
El primer eje del caso arranca en enero de 2021, cuando murió el marido de una usuaria del centro y la responsable no comunicó ese fallecimiento a la Seguridad Social para que la pensión siguiera entrando.
Ese dinero seguía llegando a una cuenta compartida con la viuda, una mujer con discapacidad psíquica, y según los hechos probados la acusada aprovechó esa vulnerabilidad para tomar el control de los movimientos.
Después abrió otra cuenta bancaria a nombre de la viuda y la vinculó a un número de teléfono personal, un paso que le permitió operar con tarjeta y ejecutar una cadena de cargos y transferencias sin levantar sospechas inmediatas.
La resolución judicial recoge una veintena de operaciones irregulares y cifra en 37.808 euros lo obtenido por esa vía, incluyendo transferencias dirigidas a una cuenta de su hija menor de edad.
La segunda trama fue más larga, más silenciosa y más rentable: entre 2013 y 2022 habría sostenido una plaza residencial fantasma dentro de la enfermería del centro, al margen de los registros oficiales.
Esa plaza no constaba ni en la documentación interna obligatoria ni en los registros de la Junta de Andalucía, pero servía para firmar contratos con familias que creían estar ingresando a sus mayores en una plaza regular.
Según la sentencia, a esos familiares se les indicaba que las mensualidades debían pagarse en efectivo o en cuentas bancarias personales o compartidas con su hija, apartando el dinero del circuito legal del centro.
Para que el engaño resistiera, los residentes vinculados a esa plaza fantasma no eran incorporados al Libro de Registro de Usuarios, un vacío documental que evitó durante años que el fraude aflorara por la vía administrativa.
El tribunal da por acreditado que mediante esa operativa la exdirectora se apoderó de 140.637 euros procedentes de mensualidades de numerosos residentes, una cifra que retrata la dimensión sostenida del abuso.
La condena llegó tras un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, las acusaciones y la defensa, de modo que la procesada reconoció los hechos y el tribunal apreció las atenuantes de confesión y reparación del daño.
Además de la prisión, la sentencia la obliga a indemnizar a las entidades perjudicadas y refuerza una idea incómoda: parte del daño no nació en un asalto visible, sino en la confianza cotidiana depositada por familias y residentes.
Detrás del fallo queda una imagen especialmente sombría, la de una residencia donde la muerte de un anciano no cerró una historia, sino que abrió una vía de saqueo que permaneció oculta mientras seguían entrando pagos y pensiones.
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