La sentencia cayó sobre un caso que se desarrolló durante años dentro del espacio más cerrado de todos: el domicilio familiar. La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a un hombre a once años de prisión por un delito continuado de agresión sexual contra su hija menor.
El tribunal sitúa el inicio de los hechos en 2018, cuando la niña tenía siete años. A partir de ese momento, el condenado aprovechaba los periodos en los que se quedaba a solas con ella en la vivienda de una localidad de la Plana Alta.
Aquellos primeros episodios comenzaron con besos y tocamientos en las partes íntimas de la menor. Con el paso del tiempo, la conducta fue escalando hasta derivar en otras prácticas sexuales de mayor gravedad.
La resolución judicial considera probado que el agresor utilizó incluso el pretexto de enseñarle a tener sexo. Ese argumento, lanzado sobre una niña, formó parte de una dinámica sostenida de sometimiento y abuso.
En 2021, cuando la víctima tuvo su primera menstruación con diez años, la intensidad de las agresiones aumentó. La frecuencia también creció hasta incluir relaciones sexuales con acceso carnal, según recoge el fallo.
La repetición de los hechos provocó que la menor terminara normalizando aquella violencia. Ese deterioro de la percepción fue una de las consecuencias más inquietantes de un caso que se prolongó hasta 2024.
El 12 de abril de 2024 se produjo la ruptura del silencio. La niña contó lo que estaba ocurriendo a su tutora y ese relato activó la comunicación a la dirección del centro y, después, a la Guardia Civil.
La investigación terminó llevando el caso a juicio y desembocó en una condena que no se limita a la pena de cárcel. El tribunal también ha fijado una indemnización de 15.000 euros por los daños morales y perjuicios sufridos por la víctima.
Además, el condenado no podrá acercarse a menos de 500 metros de la menor, de su domicilio ni de su centro de estudios. Tampoco podrá comunicarse con ella por ningún medio durante diez años desde que la sentencia sea firme y otros diez años tras cumplir la prisión.
La resolución añade ocho años de libertad vigilada una vez cumplida la pena principal. A eso se suma la privación de la patria potestad y la inhabilitación especial para ejercer los derechos inherentes a ella durante seis años.
El impacto psicológico de los hechos ya ha dejado secuelas en la menor. La sentencia recoge que la víctima sufre problemas de carácter psicológico y que actualmente está recibiendo atención médica por esas consecuencias.
El caso expone cómo la violencia sexual contra menores puede quedar oculta durante años cuando se produce en un entorno de dependencia absoluta. La condición de padre y la soledad buscada dentro de la casa fueron elementos centrales en la mecánica de los hechos.
La condena ha sido dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón. El fallo todavía no es firme y puede ser recurrido ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Detrás de la cifra de la pena queda una historia marcada por años de agresiones, silencio y daño acumulado desde la infancia. La resolución judicial pone nombre penal a lo ocurrido, pero también deja retratada la profundidad del horror vivido por la menor.
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