Juana Rivas ha vuelto a colocar su caso en el centro de la tensión judicial y familiar al denunciar que lleva un año sin poder comunicarse con su hijo menor desde que el niño regresó a Italia con su padre por orden judicial.
La madre, vecina de Maracena, sostiene en una carta difundida este 27 de julio de 2026 que desde el 25 de julio de 2025 ni ella ni ningún miembro de su familia ha podido mantener contacto con Daniel porque, según afirma, el padre lo impide.
La denuncia no se limita al silencio. Rivas asegura que el pasado 31 de mayo recibieron una llamada desde Carloforte en la que una conocida les alertó de que había visto al menor en silla de ruedas, ayudado por otros adolescentes.
Según su versión, después de esa advertencia intentó obtener explicaciones inmediatas sobre lo ocurrido, pero acusa al padre de no haber informado de nada y de limitarse a responder con un mensaje escueto en el que afirmaba que el niño estaba bien.
Rivas sostiene que ya ha puesto esos hechos en conocimiento de las autoridades italianas y que, por ahora, solo hay prevista una audiencia para el 19 de agosto ante el juzgado civil de Cagliari.
Ese calendario judicial alimenta una de sus principales quejas: la diferencia, según denuncia, entre la rapidez con la que avanzan las decisiones en su contra y la lentitud con la que se tramitan las causas dirigidas contra Francesco Arcuri.
La madre recuerda que en Italia sigue abierto un juicio contra el padre por presunto maltrato físico y psicológico a los dos hijos que tuvieron en común, una causa que, según expone, comenzó el 18 de septiembre de 2025 tras cuatro años de instrucción.
Siempre según esa reconstrucción, en el proceso ya han declarado como testigos la propia Juana Rivas, el hijo mayor de la expareja y varios profesionales, entre ellos trabajadores sociales y psicólogos que atendieron a los menores en distintos momentos.
Pese a ello, la última vista se celebró el 2 de julio y la próxima audiencia penal no está fijada hasta finales de noviembre de 2026, un ritmo que Rivas presenta como insoportable mientras el menor permanece bajo control exclusivo del progenitor al que señala.
El trasfondo inmediato de esta nueva denuncia se remonta al verano pasado, cuando la justicia italiana y después los tribunales españoles respaldaron el retorno del niño junto a su padre, que tiene la custodia, después de meses de enfrentamiento judicial.
RTVE ya informó en julio de 2025 de que el Constitucional estudiaba la petición de Juana Rivas para frenar esa entrega y de que el menor debía volver con Francesco Arcuri a Italia en cumplimiento de las resoluciones dictadas en ambos países.
Meses después, la situación volvió a tensarse en Granada, donde Rivas declaró como investigada por una presunta sustracción de menores tras la denuncia de su expareja porque el niño no regresó a Italia en el plazo inicialmente fijado después de las vacaciones navideñas en España.
Fuentes judiciales citadas en la cobertura de este lunes señalan además que el juzgado granadino ha dado traslado a la Fiscalía y a las partes para que informen si procede archivar o continuar esa causa, por lo que no se esperan novedades al menos hasta mediados de septiembre.
Con ese tablero aún abierto en España y en Italia, la nueva carta de Juana Rivas devuelve al caso una imagen especialmente áspera: la de una madre que denuncia un año de incomunicación y un menor atrapado en un conflicto que sigue creciendo entre resoluciones cruzadas, plazos lentos y acusaciones graves.
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