La escasez de trabajadores en la construcción ha reabierto en la Comunidad Valenciana un debate áspero y peligroso: la patronal quiere que los jóvenes puedan entrar en determinadas obras desde los 16 años.
Las organizaciones empresariales del sector sostienen que faltan decenas de miles de trabajadores para responder a las obras previstas en Valencia, Alicante y Castellón, un agujero laboral que amenaza con retrasar proyectos y tensionar todavía más el mercado.
Sobre esa falta de relevo, la propuesta que se ha puesto sobre la mesa pasa por recuperar la figura del aprendiz y permitir la incorporación de menores de edad a tareas concretas que, según la patronal, no implicarían los riesgos más altos de la obra.
El planteamiento no surge en el vacío, porque la Confederación Nacional de la Construcción ya defendió en 2025 medidas para rejuvenecer el sector, entre ellas prácticas en obra para jóvenes de entre 16 y 18 años dentro de un plan de choque más amplio.
Ese discurso encaja con un problema que la propia federación valenciana viene repitiendo desde hace tiempo: las empresas encuentran actividad, contratos y necesidad de ejecutar vivienda e infraestructuras, pero no consiguen cubrir los puestos que exigen oficio y continuidad.
La fotografía legal, sin embargo, es mucho más dura que la propuesta empresarial, porque el trabajo de menores de 16 años está prohibido en España salvo excepciones muy tasadas y, además, los de 16 y 17 años no pueden realizar tareas peligrosas, penosas o nocturnas.
A esa barrera general se suma la lógica del sector, donde el riesgo físico, la maquinaria, las caídas, los sobreesfuerzos y la siniestralidad convierten cualquier intento de rebajar filtros en una cuestión especialmente sensible.
Por eso los sindicatos rechazan la idea y sostienen que el problema real no se arregla bajando la edad de acceso, sino mejorando salarios, estabilidad y condiciones para atraer a una generación que sigue viendo la obra como un destino duro y poco compensado.
El choque entre ambas posiciones deja al descubierto una herida más profunda: hay empresas que aseguran no poder responder a toda la demanda y, al mismo tiempo, trabajadores potenciales que no ven suficiente atractivo en un sector marcado por la dureza y el desgaste.
La propia Cadena SER recogió ya en 2024 ese diagnóstico desde la patronal valenciana, cuando su presidente advirtió de que la construcción vivía un buen momento de actividad pero arrastraba una falta grave de mano de obra especializada y cualificada.
La presión no afecta solo a la promoción privada, porque el sector vincula esta carencia a la ejecución de vivienda, rehabilitación y proyectos estratégicos, un punto que la patronal estatal también ha utilizado para advertir de retrasos y objetivos imposibles de cumplir.
Detrás de la propuesta late una idea incómoda: si no aparecen trabajadores formados, las empresas intentarán abrir antes la puerta de entrada, aunque hacerlo en un entorno como la obra active de inmediato la alarma sobre seguridad, tutela y explotación de mano joven.
El debate queda así atrapado entre dos urgencias que no se tocan, porque mientras la patronal habla de supervivencia productiva y necesidad inmediata de personal, la parte social insiste en que ningún parche puede pasar por exponer a menores a uno de los sectores más duros.
En la Comunidad Valenciana, la falta de trabajadores ha convertido una necesidad empresarial en una propuesta abrasiva, y ahora la discusión ya no gira solo en torno a cuántas manos faltan, sino a qué precio humano estaría dispuesto el sector a buscarlas.
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