La ofensiva cayó con el peso de una amenaza total: las autoridades rusas activaron una orden de busca y captura contra Pável Dúrov, fundador y director ejecutivo de Telegram, al acusarlo de colaborar con actividades terroristas.
El movimiento fue anunciado por el Servicio Federal de Seguridad, que abrió una causa penal y añadió su nombre a una lista de personas buscadas a nivel internacional, elevando el conflicto con la plataforma a uno de sus puntos más extremos.
La acusación gira alrededor de un reproche central: la supuesta negativa de Telegram a retirar canales y herramientas que, a juicio de Moscú, habrían servido para reclutar, manipular y empujar a ciudadanos rusos hacia actos de sabotaje.
Dentro de esa investigación, los servicios de seguridad sostienen que la inteligencia ucraniana habría explotado un chatbot popular de la aplicación para captar objetivos mediante engaño y presión psicológica.
Las autoridades rusas afirman además que, desde el arranque de esa pesquisa, ya se han producido detenciones de personas vinculadas a ataques o intentos de ataque, un dato con el que intentan justificar el salto judicial contra Dúrov.
La gravedad del procedimiento no es menor: juristas citados en el entorno del caso apuntan a que, al encontrarse fuera de Rusia, el empresario podría enfrentarse a una orden de arresto en rebeldía y a un intento de extradición a través de mecanismos internacionales.
Dúrov reside en el extranjero y mantiene también nacionalidades francesa y emiratí, una condición que convierte cualquier intento ruso de ponerle las manos encima en una operación legal y diplomática mucho más compleja.
Hasta el momento no había una respuesta formal del empresario ni de la compañía al anuncio de la orden, aunque la tensión se hizo visible con un gesto desafiante difundido desde los canales oficiales de la plataforma.
El choque tiene un trasfondo largo: Dúrov abandonó Rusia en 2014 después de negarse a facilitar datos de usuarios, una ruptura que lo convirtió en símbolo de resistencia tecnológica para unos y en objetivo incómodo para el poder para otros.
Telegram, lanzada en 2013 junto a su hermano Nikolái, se convirtió con los años en una de las aplicaciones de mensajería más descargadas del planeta y superó los mil millones de usuarios activos, con una influencia descomunal en política, guerra y propaganda.
Esa dimensión explica por qué el caso desborda la figura de su creador: lo que está en juego no es solo la situación penal de un magnate tecnológico, sino el control de una de las infraestructuras de comunicación más poderosas y menos domesticadas del mundo.
El expediente ruso llega además después de otro golpe judicial que ya había sacudido a Dúrov en 2024, cuando fue detenido en Francia en una causa relacionada con la moderación de contenidos y la posible comisión de delitos a través de la aplicación.
La nueva maniobra endurece aún más la presión sobre una plataforma que sigue siendo utilizada de forma masiva tanto por civiles como por actores políticos y militares, incluso dentro de un ecosistema ruso que nunca ha dejado de vigilarla con recelo.
Ahora el nombre de Pável Dúrov queda atrapado entre tribunales, inteligencia y fronteras, mientras Telegram vuelve a ser señalado como un territorio donde la libertad, la violencia y el control estatal chocan con consecuencias imprevisibles.
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