Durante años, la versión del entorno fue que Juana “se había marchado” tras la pelea. No había llamadas, ni movimientos de cuenta, ni rastro alguno. El expediente pasó de manos policiales a juzgados y quedó en vía muerta. La familia —hijos y hermanos— sostuvo siempre que Juana no se había ido voluntariamente: dejó ropa, objetos personales y a sus hijos, algo incompatible con su día a día.
El giro llegó dieciséis años después. El 18 de junio de 2019, unos senderistas hallaron restos óseos dentro de bolsas enterradas en una finca rústica de la provincia de Ávila, en el término de Navarredondilla. Las bolsas contenían huesos humanos y fragmentos que, tras los análisis genéticos, se atribuyeron a Juana Canal. La localización quedaba a unos 120–170 km de Madrid, lejos del domicilio donde fue vista por última vez.
Con aquella identificación, la investigación tomó velocidad. La Guardia Civil vinculó la finca de Ávila con el entorno de Jesús Pradales, pareja de Juana en 2003. Tres años más tarde, en noviembre de 2022, los agentes lo detuvieron en Fuerteventura y lo trasladaron a Madrid para ser puesto a disposición judicial, dos décadas después de la desaparición.
En fase de instrucción, Pradales sostuvo que no mató a Juana, que su muerte habría sido “accidental” durante la discusión, y que trasladó y ocultó el cuerpo por miedo a las consecuencias. La Fiscalía y la acusación particular defendieron lo contrario: que fue un homicidio intencional en el domicilio de Ciudad Lineal, seguido de un desmembramiento y ocultación extremadamente planificados, y de un traslado deliberado del cadáver a una finca rural para burlar cualquier hallazgo.
El juicio con jurado popular se celebró en 2024 en la Audiencia Provincial de Madrid. El tribunal escuchó a peritos, agentes y familiares; valoró la nota dejada en casa, el hallazgo de los restos en Ávila y el vínculo del acusado con la finca. El jurado declaró culpable a Jesús Pradales del homicidio intencional de Juana Canal y descartó la tesis del accidente.
La sentencia se hizo pública en octubre de 2024: 14 años de prisión por homicidio, con obligación de indemnizar al hijo de Juana con 118.000 € y a cada uno de sus hermanos con 22.000 €. La Audiencia consideró probado que, tras la discusión, el acusado acabó con la vida de Juana en el domicilio, descuartizó su cuerpo y lo ocultó en bolsas que enterró en la finca abulense.
En febrero de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la condena, desestimando los recursos de la defensa. El TSJM subrayó la solidez de los indicios, la coherencia del veredicto del jurado y la compatibilidad de los hallazgos forenses con un homicidio y posterior ocultación, no con una muerte fortuita.
Para la familia, la resolución judicial cerró solo una parte del duelo. Veinte años de búsquedas, carteles y entrevistas, de sospechas sobre la nota y de preguntas sin respuesta, desembocaron en una certeza judicial: Juana no se fue; fue apagada en su propia casa y enterrada a más de una hora de Madrid, mientras una coartada escrita pretendía cubrir el vacío que dejaba.
Juana Canal tenía 38 años. Era madre, hija y hermana. Soñaba con una vida normal en su barrio de Ciudad Lineal. Pero la madrugada del 23 de febrero de 2003 alguien decidió que su historia terminara allí y que el silencio la cubriera durante dos décadas. Porque a veces, lo más aterrador no es la desaparición en sí… sino la mentira cuidadosamente puesta sobre la mesa para hacer creer que “se fue por su voluntad”, mientras la verdad duerme bajo tierra esperando ser encontrada.
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