El cuerpo de Manuela apareció semidesnudo en la calle Zorrilla, a pocos metros de su casa, hallado por un trabajador de la limpieza municipal. La escena activó todas las alarmas: no era un accidente, no era una caída. El rastro de una agresión brutal quedaba dibujado en la piedra del casco histórico.
La investigación señaló pronto a Pedro Antonio Guevara, alias “El Margarito”. Vecino de Lorca, viejo conocido de las fuerzas de seguridad por altercados y antecedentes, su nombre comenzó a repetirse en la comisaría y en las conversaciones del barrio. No era un desconocido; era un rostro que algunos sabían de memoria.
Los hechos probados reconstruyeron el horror: agresión sexual violenta aprovechando el estado de embriaguez de la víctima y, a continuación, estrangulamiento hasta causarle la muerte para evitar que lo denunciara. El jurado describió además golpes y una violencia que solo se explica —dijeron— por una ira específica y misógina.
A finales de mayo de 2024, el jurado popular declaró a Guevara culpable de violación y asesinato. Pocos días después, la Audiencia Provincial de Murcia dictó sentencia: prisión permanente revisable por el asesinato y 12 años de prisión por la agresión sexual, con 10 años de libertad vigilada y prohibición de comunicarse o acercarse a los hijos de Manuela.
El fallo tuvo, además, un peso histórico: fue la primera vez que se imponía prisión permanente revisable en la Región de Murcia por un crimen de estas características. Un hito judicial que no devuelve vidas, pero señala con claridad a los depredadores que escogen a mujeres como blanco.
El 5 de diciembre de 2024, el TSJ de Murcia confirmó íntegramente la condena: rechazó la presunta falta de pruebas, avaló la agravante de discriminación por razón de género y mantuvo las medidas de libertad vigilada y la indemnización de 456.965 € para la familia. La justicia, por fin, cerraba la puerta al recurso que intentaba blanquear lo imborrable.
Mientras el proceso judicial avanzaba, Lorca salió a la calle. Hubo concentraciones, velas encendidas, pancartas con el nombre de Manuela y una pregunta que dolía decir en voz alta: ¿cómo pudo pasar aquí, en nuestro barrio? La ciudad hizo de la plaza su lugar de duelo y de exigencia.
Quedaron también las preguntas que no caben en una sentencia: ¿pudo haberse evitado?; ¿fallaron las señales que anuncian el peligro? El expediente dice “culpable”; la comunidad, además, pide aprender para que ninguna otra vuelva a caminar con un monstruo pegado a sus pasos.
Porque lo más aterrador no es solo la muerte violenta de una mujer a manos de quien la reduce a objeto; es descubrir que caminaba entre nosotros, a la vista de todos, y que la noche —esa que creemos nuestra— puede abrirse de pronto y tragarse una vida. Y, aun así, nombrarla es rescatarla: Manuela Romero. Justicia.
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