Aquella noche desapareció. Su familia, que la conocía prudente y pegada al teléfono, encendió todas las alarmas. Llamadas sin respuesta, mensajes en visto, un silencio que ennegreció las horas. La búsqueda se activó, pero el rastro de Rocío se había cortado a pocos metros de una puerta que jamás debió cruzar.
El 10 de junio, el caso se quebró por la arista más cruel: el exnovio se presentó en el cuartel de la Guardia Civil. Dijo que la había matado el mismo día en que ella llegó a su casa. Tenían una hija de cuatro meses. Acompañó a los agentes, reconstruyó lo ocurrido y señaló dónde había arrojado parte de los restos. La comunidad quedó en shock.
El relato que afloró en instrucción y juicio hiela la sangre: agresión sexual, asesinato por estrangulamiento —con un cordón— y descuartizamiento para ocultar el crimen, distribuyendo bolsas en congeladores y contenedores. Lo admitió en sala: “la asfixié y luego me deshice del cuerpo”.
España se miró al espejo de la violencia machista: una menor que quería rehacer su vida y un adulto que convirtió el “no” en sentencia. Estepa, espesa de velas y pancartas, fue el símbolo de una pregunta que no caduca: ¿cómo protegemos a las más jóvenes cuando deciden salir?
En octubre–noviembre de 2023 llegó el juicio con jurado. El veredicto fue rotundo: culpable de asesinato, agresión sexual y profanación. La Audiencia de Sevilla impuso prisión permanente revisable, 11 años más por la violación y 10 meses por delitos contra la memoria de los difuntos y el estado civil; además, indemnización a la familia por 390.274 €.
La defensa recurrió. En abril de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó la pena máxima y avaló el veredicto del jurado: hubo violación, hubo asesinato, hubo ocultación. Ninguna de las tesis exculpatorias movió una coma.
El itinerario judicial se cerró por arriba: en julio de 2025, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación y ratificó definitivamente la prisión permanente revisable. Ya no quedaban más puertas legales para el condenado.
El expediente penal dejó constancia; el duelo, no. Para la familia de Rocío, todo se mide en condicionales: lo que habría estudiado, lo que habría reído con su hija, lo que el Estado y el entorno pudieron haber hecho antes. La memoria de Rocío se pronuncia en futuro: el que le robaron.
Quedan preguntas que escuecen: ¿por qué alguien con señales de control y violencia siguió tan cerca? ¿Qué protocolos fallan cuando una menor decide romper? ¿Cuántas Rocíos necesitarán decir “se acabó” para que no sea el último gesto de su vida? Porque lo más aterrador no es solo perder a alguien tan joven… es aceptar que quien la mató fue quien dijo amarla.
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