Cerró la persiana de su panadería y caminó las pocas calles hasta su portal. Mónica Marcos Piñeiro, 52 años, vecina de O Birloque (A Coruña), no imaginaba que la madrugada del 15 de septiembre de 2021 sería la última. Al amanecer, su nombre ya era un clamor en el barrio.
Horas después, su hijo la encontró en el suelo de la vivienda. El parte forense hablaría de varias puñaladas —al menos cinco, mortales— propinadas de manera sorpresiva. Nada de robo, nada de azar: un ataque directo en el lugar donde debía estar más segura.
El golpe para A Coruña fue seco y colectivo. Vecinos y comerciantes se concentraron pidiendo respuestas y protección; el barrio levantó velas y carteles con su rostro. Era una mujer conocida, trabajadora, con una panadería que era más que un negocio: era punto de encuentro.
La investigación se centró en su pareja, José Ramón Guerreiro Galdo, con quien Mónica llevaba una relación de apenas dos meses. La víspera, ella había decidido romper. La acusación reconstruyó lo esencial: discusión, amenaza (“te vas a arrepentir”), y al día siguiente, el ataque.
Tras la agresión, el acusado cogió dinero de la recaudación y huyó. Tomó un vuelo en Alvedro hacia Madrid y fue detenido al día siguiente cuando se alojó en una pensión y presentó su DNI: ya pesaba sobre él una orden de búsqueda.
El 19 de septiembre de 2021, un juzgado de A Coruña decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza mientras seguían las diligencias. El caso, desde entonces, quedó marcado como crimen machista en la ciudad.
El juicio arrancó en la Audiencia Provincial de A Coruña el 14 de octubre de 2024. Fiscalía pidió 25 años por asesinato con alevosía y agravante de género, y detalló que Mónica recibió cinco puñaladas que no le dejaron opción de defensa. La defensa alegó consumo de alcohol y drogas; los peritos lo negaron.
El 30 de octubre de 2024, el jurado popular declaró a Guerreiro Galdo culpable de asesinato, por unanimidad. El veredicto reconocía la ruptura como detonante, la sorpresa del ataque y la posterior huida.
La sentencia llegó el 26–27 de noviembre de 2024: 23 años de prisión por asesinato, con agravantes de parentesco y género, más prohibiciones de acercamiento y comunicación con los hijos y el padre de Mónica durante 30 años. Un fallo difundido por el CGPJ y confirmado en medios locales.
En junio de 2025, el TSXG confirmó íntegramente la condena tras la apelación de la defensa —que insistió en adicciones y merma de facultades— y la petición del Ministerio Fiscal de mantenerla. La pena quedó firme en segunda instancia.
Mónica era madre, hija, panadera y vecina. Su historia resume un patrón que estremece: romper una relación no debería costar la vida. ¿Cuántas señales —celos, control, amenazas— pasan desapercibidas hasta que es tarde? ¿Qué más debe mejorar —protección, respuesta temprana, recursos— para que ninguna otra mujer sea atacada en su propia casa? Porque lo más aterrador no es la noche: es descubrir que el peligro estaba a un par de llaves de distancia.
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