La tarde del 13 de enero de 2008, en Huelva, Mari Luz Cortés, de 5 años, salió de casa con un objetivo sencillo: comprar chucherías en una tienda cercana. Era un trayecto de minutos. No regresó. La ciudad entendió, de golpe, lo frágil que puede ser la rutina cuando la sombra del peligro está a la vuelta de la esquina.
La desaparición movilizó a vecinos, voluntarios y fuerzas de seguridad. Su rostro infantil ocupó farolas, escaparates y pantallas. Huelva se convirtió en un mapa de cuadrículas peinadas una y otra vez, con una única consigna: encontrarla con vida.
Veintinueve días después, el 7 de marzo de 2008, la esperanza se quebró: hallaron el cuerpo de Mari Luz en la ría de Huelva. Su padre, Juan José Cortés, la identificó esa noche, en un tanatorio al que el país entero miró con un silencio imposible. La autopsia determinaría más tarde que murió ahogada.
La investigación señaló pronto a Santiago del Valle, un hombre con condenas previas por abusos a menores que no estaban ejecutadas. Una cadena de errores judiciales lo había mantenido en la calle pese a sentencias firmes de 2002 y 2003. El caso dejó a la luz la grieta mortal de un sistema que no llegó a tiempo.
Las diligencias también alcanzaron a Rosa del Valle, su hermana. En el juicio aparecerían testimonios sobre un carrito y un traslado nocturno; piezas que, sumadas, dibujaron el camino hacia las marismas donde la niña fue abandonada. La imagen de esa logística del horror quedó fijada en las crónicas de la sala.
En marzo de 2011, la Audiencia Provincial de Huelva dictó sentencia: Santiago del Valle, 22 años de prisión (19 por asesinato y 3 por abuso sexual); Rosa del Valle, 9 años como cómplice. La redacción judicial rechazó la versión exculpatoria de los acusados y fijó el relato de una muerte evitables si la ley hubiese sido aplicada a tiempo.
El 2 de noviembre de 2011, el Tribunal Supremo confirmó íntegramente las condenas. La verdad judicial quedó cerrada: culpables y penas firmes por la muerte de Mari Luz. La herida, en cambio, seguía abierta en Huelva y en toda España.
El caso tuvo otra página amarga: la sanción de 1.500 euros al juez Rafael Tirado por no ejecutar la condena previa que debía haber mantenido a Del Valle en prisión. La cifra, simbólica y escasa, desató una indignación transversal y forzó debates urgentes sobre saturación de juzgados, ejecución de sentencias y control de reincidentes.
Desde entonces, el nombre de Mari Luz es también activismo: su familia —con su padre al frente— empujó cambios legales y convirtió el dolor en una causa pública para que los errores de engranaje no vuelvan a dejar a un depredador en la calle. La memoria de la niña habita cada homenaje y cada vez que se habla de justicia que no puede llegar tarde.
Y quedan las preguntas que no prescriben: ¿por qué un condenado seguía en libertad? ¿Se habría evitado la tragedia si el sistema hubiera funcionado? ¿Cuántas familias cargarán con el mismo vacío hasta que cerremos esa grieta? Porque lo más aterrador no es solo perder a una niña en un instante cotidiano… sino saber, con certeza insoportable, que su muerte pudo haberse evitado.
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