Era la mañana del 25 de septiembre de 2018 en Castellón. El barrio despertaba con su rutina habitual: niños que iban a la escuela, padres apresurados rumbo al trabajo, vecinos que abrían sus negocios. Nadie podía imaginar que esa jornada quedaría marcada como una de las más oscuras en la historia reciente de España.
En un piso de la calle Riu Adra, dos hermanas pequeñas, Nerea de 6 años y Martina de apenas 2, vivían junto a su madre. Aquella mañana debía ser como cualquier otra, pero se convirtió en el inicio de una pesadilla que heló la sangre de todo el país.
Su padre, Ricardo, de 48 años, cargaba con un historial de amenazas y violencia tras la separación con la madre. Frases como “me voy a cargar lo que más quieres” o “despídete de las niñas” ya habían quedado registradas en denuncias. Aun así, la justicia había desestimado la orden de protección solicitada. Fue un error fatal.
Horas después, los servicios de emergencia recibieron un aviso. Ricardo se había lanzado por la ventana del mismo piso, acabando con su vida en plena calle. Cuando los agentes entraron en la vivienda, la escena fue aterradora: las dos niñas habían perdido la vida dentro de la casa.
La noticia corrió como pólvora. Castellón quedó paralizada. Vecinos, familiares y desconocidos se reunieron frente al edificio con velas, flores y lágrimas. El dolor era indescriptible: dos pequeñas que no tuvieron oportunidad de defenderse, arrebatadas en el lugar donde debían estar más seguras.
Pronto, la palabra “violencia vicaria” ocupó titulares. Se trata de esa forma de violencia en la que los hijos son utilizados como el golpe más cruel contra una madre. En este caso, las amenazas no fueron metáforas, sino un destino que pudo haberse evitado si las advertencias hubieran sido escuchadas.
El eco de la tragedia llegó hasta el Congreso. Organizaciones como Save the Children exigieron reformas legales urgentes. Se reclamó que las denuncias de amenazas hacia los hijos fueran tomadas como un riesgo real e inmediato, y no como simples tensiones familiares.
La madre, Itziar Prats, convirtió su dolor en lucha. Con una serenidad que estremecía, comenzó a dar entrevistas, a presentarse en actos públicos, a exigir justicia para sus hijas. Su voz se transformó en un símbolo: el de tantas mujeres que habían advertido el peligro y no fueron escuchadas.
En 2021, el Defensor del Pueblo reconoció oficialmente lo que ya era evidente: hubo un mal funcionamiento de las instituciones. El Estado asumió responsabilidad patrimonial por no haber protegido a las niñas cuando aún había tiempo. Pero ese reconocimiento, aunque necesario, no llenaba el vacío de Nerea y Martina.
Hoy, su recuerdo vive en murales, en aniversarios, en marchas donde se repiten sus nombres. Su historia es un recordatorio brutal de que el peligro no siempre acecha en la oscuridad de las calles… a veces se sienta a la mesa del hogar, disfrazado de rutina.
Y las preguntas siguen abiertas: ¿cuántas señales más deben ser ignoradas para que se actúe a tiempo? ¿Cuántos niños más pagarán con su inocencia las disputas de los adultos y los fallos de un sistema que llega tarde?
Porque a veces, lo más aterrador no es el monstruo desconocido… sino descubrir que estaba dentro de casa, y que nadie quiso escuchar las advertencias antes de que fuera demasiado tarde.
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