Diciembre de 2021, Cartagena (Murcia). Sara Gómez, 39 años, madre de dos hijos, entró a quirófano para una lipoescultura confiando en recuperar seguridad y bienestar. El 1 de enero de 2022 falleció en la UCI del Hospital Santa Lucía tras más de veinte días de complicaciones. España conoció su nombre la misma tarde de Año Nuevo.
La intervención se hizo en una clínica privada con un cirujano que no era especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Los forenses fueron contundentes: “no tenía la formación adecuada” para esa operación; además, se investigó al anestesista por demorar el traslado al hospital. Aquella combinación —intrusismo y reacción tardía— construyó el peor escenario.
El mapa de lesiones describió la tragedia clínica: perforaciones, hemorragias internas, sepsis y necrosis de órganos; una cascada que avanzó hora a hora. La instrucción de Cartagena ha fijado que los marcadores de infección se dispararon muy pronto y que hubo decisiones críticas que no llegaron a tiempo.
El caso no se quedó en dos nombres. En 2025, la jueza procesó por homicidio imprudente a 10 sanitarios: el cirujano, el anestesista y ocho médicos del Santa Lucía, por supuestos fallos encadenados entre la clínica y el hospital. La familia lo consideró “un insulto” a quienes intentaron salvarla, pero el auto subraya que la cadena de decisiones importa para entender por qué Sara no salió con vida.
En paralelo, afloraron piezas que explican la confianza de Sara: contrató la operación “creyendo erróneamente” que el cirujano era un especialista experimentado. Reportajes y diligencias han documentado cómo se publicitaba como “cirujano principal” en intervenciones estéticas pese a carecer de esa especialidad. La desinformación sanitaria, cuando se cruza con bisturí, no es un matiz: es un riesgo vital.
La respuesta social fue inmediata y sostenida. El Ministerio de Sanidad aprobó en septiembre de 2024 una orden que limitaba la cirugía estética a médicos especialistas (la conocida como “Ley Sara”); dos meses después, la Audiencia Nacional la suspendió cautelarmente por motivos formales. El debate de fondo —intrusismo y control— sigue abierto.
La familia no ha bajado los brazos: en junio de 2025 denunció por omisión del deber a responsables de la Consejería de Salud de Murcia y pide responsabilidades por permitir que el anestesista investigado continuara en activo. Quieren juicio oral, condenas proporcionales… y que nadie más vuelva a sentarse en un quirófano bajo una promesa falsa.
Técnicamente, la causa ha salido de la “fase fría”. Concluida la instrucción, las partes litigan sobre apertura de juicio y alcance de las acusaciones. La fotografía procesal de 2025 es clara: indicios de imprudencia grave, formación insuficiente del cirujano y una cadena asistencial que, según la jueza, falló donde debía prevenir.
Más allá del sumario, queda la lección áspera que Sara dejó escrita con su nombre: en estética no hay “operaciones menores”. Exige especialistas acreditados, centros con UCI o derivación inmediata y consentimientos informados que no oculten realidades. Ante señales de riesgo, corta por lo sano: 112, AlertCops y asesoría de tu colegio médico; la prevención empieza antes de firmar.
Porque lo más aterrador no siempre se esconde en una calle oscura. A veces espera dentro de un quirófano que debería cuidarte: un título que no es, un traslado que llega tarde, una verdad que se disfraza de publicidad. El caso de Sara Gómez no es una anécdota: es una advertencia que en 2025 sigue pidiendo justicia… y reglas que de verdad protejan la vida.
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