El 22 de julio de 1975, en el cortijo de Los Galindos (Paradas, Sevilla), la rutina agrícola se quebró para siempre. A media tarde comenzaron a aparecer cuerpos en distintos puntos de la finca: lo que primero pareció una tragedia aislada acabó revelándose como una masacre de cinco trabajadores en un mismo escenario. Medio siglo después, el caso sigue sin autor conocido y con más sombras que certezas.
Las víctimas tenían nombre y oficio: el capataz Manuel Zapata y su esposa Juana Martín; el tractorista José González y su mujer Asunción Peralta; y otro tractorista, Ramón Parrilla. Fueron asesinados con tres modus operandi distintos: golpes con una pieza de acero, disparos de escopeta y, en dos de los casos, quema de los cuerpos tras ser golpeados. El cadáver de Zapata, además, se halló tres días después en la parte trasera del cortijo, lo que descartó la teoría inicial que lo señalaba como autor.
¿Por qué no se resolvió? La investigación arrancó tarde y mal. El primer juez no llegó hasta 24 horas después, la finca permaneció abierta y la escena se “contaminó”: entraron vecinos y periodistas, se movieron muebles y se perdieron posibles indicios. Ese caos inicial, admitido años después por responsables judiciales, dejó un rastro irreparable.
Con el tiempo, los hechos se pudieron reconstruir parcialmente: Zapata y Juana murieron a golpes con una pieza metálica de una empacadora; González y Peralta fueron golpeados y luego incendiados sobre pacas rociadas con gasolina; Parrilla recibió varios tiros de escopeta, intentó huir y fue rematado en el camino de acceso al cortijo. La secuencia sugiere un primer homicidio seguido de cuatro asesinatos para eliminar testigos.
Pese a ello, la Guardia Civil cerró pronto la vía fácil: acusó a José González y habló de un supuesto suicidio posterior. Ocho años más tarde, una exhumación desmontó esa hipótesis: González tenía la cabeza destrozada y le habían seccionado piernas y brazos, imposible que fuera el autor. La investigación volvió al punto de partida… y nunca se recuperó.
Desde entonces, teorías: fraude en cosechas, drogas, “reuniones” de ultraderecha en vísperas de la muerte de Franco, incluso “altas influencias” que habrían frenado las pesquisas. Un juez que llevó el caso habló abiertamente de presiones; el hijo de los marqueses de Grañina llegó a sostener años después un posible origen económico del crimen. Nada de ello, sin embargo, cristalizó en pruebas judiciales sólidas.
Para colmo, el sumario original desapareció décadas después. Durante un traslado de archivos —tras un desplome de techo en 2014, según se publicó— el expediente se extravió en algún punto entre la Audiencia de Sevilla y la Junta de Andalucía. Sin esa pieza central, reconstruir la verdad es hoy aún más cuesta arriba.
La prescripción hizo el resto: en 1995, veinte años después, el caso quedó legalmente cerrado sin culpables. “Si ahora apareciese el responsable, solo podría invitarle a un café y pedirle que contara cómo pasó”, ironizaba un magistrado al valorar la imposibilidad de juzgarlo medio siglo después.
Más allá del expediente perdido y de la mala praxis inicial, quedan las vidas truncadas y un pueblo marcado por el silencio. Para quienes llegaron primero al cortijo, lo que se vivió allí fue un homicidio inicial seguido de cuatro asesinatos para taparlo, ejecutados por varias personas con autoridad sobre las víctimas. Pero los nombres de esas personas nunca han pisado un banquillo.
Y entonces llega el frío de las preguntas: ¿qué móvil real encendió la mecha en Los Galindos? ¿Hubo manos poderosas parando la investigación? ¿Por qué un país que llenó titulares con este quíntuple crimen acepta hoy que su verdad se haya desvanecido entre piezas metálicas, escopetas, gasolina… y un sumario fantasma? Porque, a veces, lo más aterrador no es lo que sucede, sino lo que nunca se llega a saber.
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