El 5 de septiembre de 1999, centenares de voluntarios peinaban el monte cuando apareció la primera verdad insoportable: el cuerpo de Laura, semienterrado en una zanja poco profunda, a pocos cientos de metros de su casa. No mostraba signos evidentes de agresión sexual y el estado de descomposición complicaba cualquier lectura rápida. En su coche —aparcado junto a la estación de Miraballes— tampoco había respuestas. Solo preguntas.
La autopsia rompió el silencio con una conclusión escalofriante: Laura murió por sofocación con una lámina de plástico transparente, del tipo que se usa para envolver alimentos. Los investigadores llegaron, además, a un detalle que hiela la sangre: quien la mató entró en su habitación y se llevó la ropa que ella había llevado el día anterior, como si quisiera fabricar la idea de una huida. Desde entonces, la hipótesis dominante fue brutal en su sencillez: el autor pertenecía a su entorno.
La cronología de aquella noche encaja como una trampa: fin de turno sobre las 23:30–00:30, paso por casa para cambiarse, coche dejado en Miraballes y cita en Llodio a la 1:30. Entre esos tiempos, un vacío. La Ertzaintza sospechó muy pronto que Laura no estaba sola cuando murió y que el escenario final del crimen no fue el lugar del hallazgo. Las huellas del vehículo y el rastro social de Laura dibujaban un círculo estrecho.
Durante semanas, el sumario vivió bajo secreto. La primera ola de pesquisas se estrelló contra la falta de tecnología forense de la época y la degradación del cadáver tras ocho días enterrado. Hubo un primer detenido en 1999 —el hijo del propietario del restaurante donde trabajaba los fines de semana— que quedó libre por falta de pruebas cuando una testigo no pudo reconocerle en rueda. La investigación parecía un callejón sin salida.
En mayo de 2003, el caso despertó: la Policía Municipal de Bilbao, que había asumido la investigación un año antes por orden judicial, detuvo a dos hombres, M.R.N. (31) y M.A.C.B. (37), ambos con antecedentes por delitos de drogas. La investigación los situaba como sospechosos del asesinato de Laura. Aun así, la montaña probatoria volvió a ser insuficiente para un juicio con garantías, y el sumario siguió navegando entre sombras.
Lo que sí quedó fijado como cimiento de verdad fue el mecanismo de muerte: sofocación con film plástico y ausencia de tóxicos en el cuerpo. No había señales externas inequívocas de violencia sexual, ni de un ataque callejero al uso. Era un crimen de proximidad, de control, de acceso al espacio íntimo. Un asesinato que exigía conocer sus rutinas y moverse sin levantar sospechas.
Con el vigésimo aniversario a la vista, el expediente se reabrió en 2019, meses antes de que el delito prescribiera, para agotar líneas y revisar indicios con mirada actual. La sociedad vasca hizo memoria y volvió a pronunciar su nombre. Pero, hasta hoy, la reapertura no ha alumbrado una acusación definitiva. El caso de Laura Orue continúa oficialmente sin resolver, y su carpeta permanece como una espina en los archivos de Bizkaia.
Más allá del proceso, el relato forense y policial apunta a un patrón que encaja con demasiadas historias: una joven que desaparece en el breve trayecto entre trabajo y ocio; un vehículo colocado donde esperaban verlo; un cuerpo oculto a poca distancia de casa; un autor que borra y siembra pistas para sugerir una fuga. Ese guion, aquí, dejó huellas claras —la lámina de plástico, la ropa sustraída— y, sin embargo, ningún rostro ante un tribunal.
Veintiséis años después, Laura no es un caso viejo: es una pregunta viva. Su familia y quienes la buscaron siguen esperando lo mismo que aquella semana de septiembre: un nombre y una condena. Hasta que eso ocurra, su historia seguirá recordándonos lo esencial: incluso cuando la ciencia logra decir cómo murió una víctima, la justicia solo repara cuando aprende a nombrar quién lo hizo. Y ese nombre, el de quien sofocó la vida de Laura, aún falta en voz alta.
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