La investigación reconstruyó sus últimos movimientos: ambas mujeres trabajaban en el club Osiris y compartían vivienda en la localidad. A partir de testimonios y del entorno laboral, los agentes enfocaron el caso en el círculo más cercano, mientras el juzgado ordenaba diligencias y nuevas pruebas periciales. Pocos días después, el club fue registrado dentro de la causa.
Desde el inicio, los forenses describieron lesiones compatibles con un forcejeo: erosiones en cuello y otras zonas corporales que apuntaban a un ataque en el que la víctima intentó defenderse. El patrón médico-legal sugería sofocación con un objeto blando aplicado sobre boca y nariz, mecanismo de asfixia que no deja siempre huellas visibles externas pero sí signos internos y lesiones defensivas.
Con el paso de los meses, el caso fue reuniendo indicios sobre la convivencia y la relación entre ambas mujeres. Informaciones locales recogieron posibles tensiones económicas y celos en el entorno del club—un contexto que la instrucción incorporó como líneas de móvil, siempre supeditadas a la prueba científica. En paralelo, la familia de Leticia y la comunidad de Valdeorras reclamaban justicia en vigilias y concentraciones.
En octubre de 2023, la Fiscalía de Ourense pidió mantener a Fátima A. en prisión provisional: defendió que subsistía riesgo de fuga y de reiteración delictiva, y que el conjunto indiciario (lesiones, dinámica de la escena y relación entre autora y víctima) justificaba celebrar juicio con jurado. El caso, a esas alturas, ya era una referencia dolorosa en la comarca.
El juicio con jurado popular se celebró en marzo de 2025 en la Audiencia Provincial de Ourense. La clave fueron los informes médico-forenses y el relato pericial de la mecánica de la muerte: la acusada agredió a Leticia y, tras un forcejeo, la asfixió aplicando un elemento blando, cuando la joven paraguaya estaba ya limitada por la agresión previa. El jurado consideró acreditadas las heridas defensivas y un abuso de superioridad.
El 31 de marzo de 2025, siete de los nueve miembros del jurado declararon culpable a Fátima A. del homicidio de Leticia Sanabria, con la agravante de abuso de superioridad. Ese veredicto despejó, por fin, cuatro años de dudas y procedimientos.
El 7 de abril de 2025 llegó la sentencia: 12 años y 6 meses de prisión por un delito de homicidio, además de la obligación de indemnizar a la familia de la víctima. La Audiencia Provincial recogió la mecánica de sofocación y la posición de dominio de la acusada como elementos decisivos, y subrayó la contundencia del hilo probatorio. La defensa anunció su intención de recurrir ante el TSXG.
Más allá del fallo, el caso dejó preguntas sociales difíciles: la vulnerabilidad de mujeres migrantes en circuitos de prostitución, la precariedad que estrecha márgenes de seguridad y la necesidad de respuestas rápidas y sensibles por parte de las instituciones. Leticia era “Rosi” para quienes la querían, una joven con planes, familia y una vida que se detuvo en una tarde de septiembre.
Hoy, su nombre permanece en la memoria de Valdeorras y en los autos de una sentencia que fijó responsabilidades. La justicia penal llegó en 2025; el duelo, como siempre, tarda más. “Rosi” tenía 29 años: el veredicto no devuelve su vida, pero sí deja una verdad judicial que la reconoce y la defiende frente al olvido.
0 Comentarios