Mar del Plata, 8 de octubre de 2016. Lucía Pérez, 16 años, sale de su casa en el barrio Alfar y ya no vuelve. Horas después, dos hombres la dejan en una sala de salud; dicen que “se descompuso”. Los médicos detectan signos de violencia y la noticia corre como pólvora: una adolescente ha muerto en circunstancias que huelen a femicidio. Comienza una investigación que, entre errores y estereotipos, terminará por reescribirse ante la presión social y la evidencia, hasta llegar a una condena ejemplar.
Desde el inicio, el caso impacta por su cobertura: una conferencia de prensa fiscal instala una versión extrema —que luego sería rectificada— y los grandes medios multiplican titulares. A los pocos días, Argentina entera se detiene: el 19 de octubre de 2016 se realiza el primer Paro Nacional de Mujeres, el “Miércoles Negro”, con marchas en decenas de ciudades y el lema “Ni Una Menos”. Lucía deja de ser un nombre local y se convierte en bandera.
La causa avanza hacia juicio con tres acusados: Matías Gabriel Farías y Juan Pablo Offidani (señalados por el abuso y la muerte), y Alejandro Maciel (encubrimiento). En 2018 llega el primer veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Mar del Plata: absolución por abuso y homicidio, y solo 8 años de prisión para Farías y Offidani por tenencia de drogas con fines de comercialización agravada. El fallo desata indignación pública por sus razonamientos, que la alzada calificará después como atravesados por “prejuicios y estereotipos de género”.
En agosto de 2020, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense anula aquellas absoluciones y ordena un nuevo juicio “con la premura que el caso amerita”, dejando firme la condena de 8 años por drogas. La resolución subraya que el tribunal anterior juzgó sin perspectiva de género, algo incompatible con los estándares actuales. La Suprema Corte bonaerense respaldará la posibilidad del nuevo debate.
El segundo juicio oral comienza en febrero de 2023 ante el TOC N.º 2 de Mar del Plata. Maciel ya no está —falleció en 2020— y la acusación se concentra en Farías y Offidani. Declaraciones, peritajes y trazas tecnológicas reconstruyen el tramo final de Lucía: captada, trasladada a una vivienda, drogada y abusada en un contexto de total vulnerabilidad. La fiscalía sostiene que el suministro de estupefacientes fue la llave para consumar el ataque.
El 23 de marzo de 2023 llega el veredicto que repara la historia: prisión perpetua para Matías Farías como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la víctima, en concurso ideal con femicidio. Para Juan Pablo Offidani, 15 años como partícipe secundario del abuso sexual agravado (además de quedar firme la anterior condena por drogas). La sentencia marca un giro respecto del primer debate y coloca el caso en el centro de la jurisprudencia con perspectiva de género.
Más allá de los tribunales, el impacto social es innegable. El nombre de Lucía cristaliza un hartazgo: la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado, y la Justicia no puede reproducir estigmas sobre las víctimas. El paro de 2016 y las posteriores movilizaciones alimentan una conversación pública que, desde entonces, no se interrumpe.
El expediente deja también lecciones institucionales. La nulidad de 2020 no solo corrige un fallo: señala con precisión por qué los tribunales deben desterrar suposiciones sobre cómo “debe” comportarse una adolescente, qué ropa usar o cuánto “consiente” si la han drogado. Juzgar con perspectiva de género no es proclama: es método jurídico.
Para la familia de Lucía, la justicia llega tarde, pero llega. La imagen de Marta Montero, su madre, sosteniendo la foto de su hija frente a los tribunales, resume la constancia de quienes no se resignan. En las audiencias, en las marchas, en la calle, se repite la misma idea: “No fue un accidente; fue femicidio”.
Hoy, el caso de Lucía Pérez es memoria y advertencia. Memoria de una adolescente que quería vivir sin miedo; advertencia de lo que ocurre cuando el Estado investiga sin lentes adecuados. Lucía no volvió a casa, pero su nombre sigue abriendo puertas en juzgados y conciencias. Y cada 8 de octubre, en Mar del Plata y en toda Argentina, vuelve la pregunta que lo resume todo: ¿qué hicimos —y qué haremos— para que ninguna otra historia termine así?
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