María Piedad García Revuelta tenía 32 años y vivía en Boadilla del Monte (Madrid). La madrugada del domingo 12 de diciembre de 2010 —tras una cena de empresa que terminó en un karaoke de la localidad— desapareció sin dejar rastro. Fue vista por última vez alrededor de las 05:00, paseando por Boadilla junto a su ex pareja, identificada en prensa como Javier Sánchez-Toledo Carmona. Desde ese instante, nada más de ella.
Aquella mañana, al no regresar ni responder al teléfono, empezaron las llamadas y los avisos. La familia denunció la desaparición y la Guardia Civil abrió diligencias. La cronología recogida por los medios fijó las últimas horas en un itinerario breve: cena de empresa, karaoke y un paseo con el exnovio por calles del municipio, ya de madrugada.
Durante los primeros registros se rastrearon entornos de Boadilla y vías de comunicación cercanas, mientras se tomaban declaraciones a amigos y compañeros de la cena. El foco investigador se dirigió de inmediato al círculo más próximo de María, como sucede en desapariciones de alto riesgo, por la ventana horaria estrecha entre el último avistamiento y la alerta.
El caso dio un giro a los pocos días: el jueves 16 de diciembre apareció muerto el exnovio de María en San Lorenzo de El Escorial. Se había quitado la vida. Ese hallazgo, que impedía interrogar al último acompañante conocido, intensificó la sospecha de un hecho violento contra María y redobló las búsquedas en puntos vinculados a él.
Paralelamente, los investigadores localizaron y analizaron el vehículo del exnovio. La cobertura informativa de aquellos días subrayó indicios biológicos compatibles con la víctima y reforzó la hipótesis criminal. Desde entonces, la línea oficial fue considerar la desaparición como un posible homicidio sin cuerpo, con actuaciones en fincas, arroyos, pozos y zonas de vertido de la Comunidad de Madrid.
La muerte del sospechoso dejó a la instrucción sin testimonio clave y sin posibilidad de reconstruir con él las últimas horas. Se practicaron búsquedas en escenarios potenciales y se hicieron cribados de telefonía y cámaras, pero nunca apareció el cuerpo de María ni un lugar inequívoco del crimen. Con el paso de los meses, el procedimiento pasó a fase de archivo provisional, pendiente de nuevos indicios.
La familia, entretanto, sostuvo una presencia pública constante: aniversarios, carteles, entrevistas y llamamientos para que se revisaran rastreos con técnicas actualizadas y se reexaminaran indicios biológicos. En los balances decenales publicados por prensa, el caso de María figura como una de las desapariciones sin resolver más dolorosas de la región.
En términos forenses, el expediente encaja en la categoría de “homicidio sin cadáver”: hay indicios serios de criminalidad, un principal señalado que no puede ser juzgado por haber fallecido, y ausencia de restos que permitan cerrar la verdad judicial y entregar un lugar de duelo. Esa combinación —frecuente en desapariciones violentas con ventana temporal mínima— es la que dificulta reabrir la causa sin hallazgos nuevos.
Catorce años después, la fotografía de María permanece en listados de casos emblemáticos y en la memoria de Boadilla. No hubo rectificación oficial de la hipótesis de partida ni aparición de restos; el caso sigue técnicamente abierto a la espera de un indicio que permita reactivar diligencias o cruzar perfiles genéticos con hallazgos no identificados.
María Piedad tenía 32 años, una hija y una vida que debía continuar después de una noche de trabajo y canciones. Salió de un karaoke y caminó por su municipio en la hora más frágil del día. Desde entonces, su familia repite lo que toda familia merece: “no pedimos imposibles; pedimos verdad y un lugar donde llevar flores”. Mientras esa verdad no llegue, su nombre seguirá encendido.
Si conoces cualquier detalle de aquella madrugada —una matrícula, un recorrido, una frase—, la Guardia Civil y las unidades de Policía Judicial mantienen canales para aportes ciudadanos.
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