A esas horas, el local ya no admitía clientela nueva: desde las 19.30 solo salían quienes estaban dentro, con la puerta abierta desde la caja. No hubo alarma, ni gritos, ni puerta forzada. Cuando la familia de Elena acudió a recogerla, encontró los cuerpos y avisó a la policía. La escena hablaba de frialdad: disparos certeros y huida limpia.
El móvil aparente fue el dinero: los autores se llevaron alrededor de cinco millones de pesetas de la caja (unos 30.000 euros actuales). El botín —relevante, pero no descomunal— reforzó la hipótesis del atraco planificado, no del arrebato. Nada en el lugar permitió, sin embargo, encajar del todo el cómo ni el quién.
La investigación naufragó pronto. Faltaron diligencias básicas, se archivaron líneas prometedoras y pasó el tiempo: testigos murieron, delitos menores prescribieron y el sumario quedó famélico. Años después, la propia Audiencia describiría aquel arranque como “deficiente e inoperante”.
Que el caso no se apagara se debió, sobre todo, a las familias: manifestaciones, huelgas de hambre, firmas, presión institucional… hasta lograr que en 2010 se reabriera. La reapertura permitió rescatar pistas viejas, ordenar el rompecabezas y, más tarde, sentar en el banquillo a un único sospechoso, un hostelero con el que el procedimiento llevaba años coqueteando.
El juicio oral llegó en 2023, casi treinta años después del crimen. Tras cinco días de vista, el tribunal absolvió al acusado: los indicios no alcanzaban el estándar de prueba. La sentencia subrayó los vacíos de origen y la erosión probatoria de tres décadas. Para las familias, fue otro mazazo; para el expediente, un punto y seguido.
El recurso tampoco prosperó. En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo inadmitió la casación y dejó firme la absolución. Jurídicamente, el camino quedaba cerrado para esa acusación concreta; moralmente, seguían intactas las preguntas esenciales: quién, cómo y por qué.
Con el 30º aniversario, Lugo volvió la vista atrás: un doble asesinato a tiros, un botín contado, cierres prematuros, puertas controladas, y ninguna condena. La crónica local recordó, además, cuánto empujaron las familias para que el expediente no se hundiera del todo. La ciudad, mientras, aprendió a vivir con un nombre que se pronuncia como un eco: Cash Récord.
Hoy, el caso de O Ceao permanece en la memoria colectiva como una cicatriz abierta: un crimen de manual con investigación coja, un juicio tardío y una verdad que se escurre entre papeles. La justicia respondió con lo que tenía —no con lo que faltó—, y ahí reside parte del vacío.
Quedan las dudas que nadie ha despejado: ¿quién conocía lo suficiente la rutina del cierre como para entrar y salir sin ruido? ¿Hubo más de un autor? ¿Pudo salvarse la prueba si se hubiera investigado bien desde el primer día? Porque lo más aterrador no fue solo lo que ocurrió entre aquellas paredes… sino lo que nunca llegó a probarse.
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