La desaparición encendió al pueblo: mensajes, llamadas, búsquedas. Mientras tanto, él —el exnovio— cambió de versión y, al final, habló. Dijo lo indecible: había matado a Rocío y escondido su cuerpo en bolsas repartidas por la localidad. La Guardia Civil reconstruyó sus pasos y comenzó a recuperar restos en puntos de Estepa. Fue el principio de una verdad insoportable.
Los forenses y los investigadores hilvanaron el relato con precisión. En la vivienda de Estepa donde habían convivido, tras una discusión, él la asfixió —en el juicio admitió el uso de un cordón— y después descuartizó el cuerpo para ocultarlo. La secuencia heló a Andalucía y al país entero, que velaron a una menor cuyo único “plan” era volver a casa con su hijo.
El juzgado ordenó prisión provisional y el caso pasó a la Audiencia de Sevilla. Al principio, la Fiscalía calificó los hechos como homicidio y pidió 14 años; la acusación particular sostuvo asesinato y agresión sexual. A medida que avanzó el juicio, con peritos y testigos clave, el tablero cambió: el jurado popular declaró culpable por asesinato y por agresión sexual. Fue unanimidad.
El 24 de noviembre de 2023, la Audiencia de Sevilla dictó prisión permanente revisable por el asesinato de Rocío, 11 años adicionales por agresión sexual y 10 meses por delitos contra la memoria de los difuntos y el estado civil, además de 390.274 € de indemnización a la familia. La sentencia puso por escrito lo que Estepa ya sabía de memoria: no fue un “arrebato”, fue una cadena de decisiones brutales.
La defensa recurrió. La Fiscalía, paradójicamente, pidió repetir el juicio al discrepar del veredicto sobre la agresión sexual. En abril de 2024, el TSJA confirmó íntegramente la prisión permanente revisable, avalando el trabajo del jurado y cerrando la puerta a una nueva vista. La herida no sana, pero la verdad judicial se asentó.
Las horas posteriores al crimen dejaron otros trazos: un registro que halló instrumentos compatibles con la sección de restos, un mapa de puntos donde se ocultaron bolsas y la custodia del bebé atribuida a los abuelos maternos. En la sala, peritos forenses describieron lo que ya no puede olvidarse.
El nombre del acusado apenas apareció entero en los titulares; el de Rocío Caíz sí, y así debe ser. Porque ella no era un expediente: era menor, madre, y su vida entera estaba en construcción. En las concentraciones se leyó su edad como una protesta: “17 años”. Demasiado poco para aprender a temer y, sin embargo, suficiente para ser el rostro del feminicidio más joven de aquel año en España.
La casa de Estepa ya no es un punto en el callejero: es un recordatorio. A veces el peligro está a una estación de tren, a una llamada, a un “vuelvo enseguida”. Y por eso, cada dato importa: la hora, el trayecto, la promesa. La investigación y el juicio probaron lo esencial con fechas y prueba pericial: la mató, la agredió sexualmente y la ocultó. La condena lo nombró sin atajos.
Rocío no fue una cifra. Fue una adolescente que intentó cerrar un capítulo con educación y que confió, por un segundo, en el pasado equivocado. El amor no mata; la posesión, sí. Que su nombre siga encendido donde duele: en las aulas, en los portales, en las leyes y en las conciencias. Para que ninguna de 17 tenga que aprenderlo así.
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