A Coruña, 3 de julio de 2021. Madrugada de reencuentros tras la pandemia, bruma pegada al puerto y una videollamada inocente frente a una discoteca. Samuel Luiz, 24 años, auxiliar de enfermería, muestra la fiesta a una amiga cuando un grupo interpreta que los está grabando. La frase que lo parte todo llega en seco: “¡Deja de grabarme, maricón!”. En segundos, la discusión se vuelve ataque. Y el ataque, linchamiento.
Lo que primero es un puñetazo se convierte en cacería. Samuel intenta retirarse, pero lo persiguen. Lo derriban, lo rodean, le patean la cabeza una y otra vez mientras está en el suelo. Testigos recuerdan que le siguieron pegando cuando ya no se movía. Seis minutos. Un odio con eco en la palabra que se repite cada vez que cae otro golpe.
La ciudad despierta con sirenas y una noticia imposible: Samuel muere en el hospital con traumatismo craneoencefálico fulminante. El caso prende como un fósforo. No es “una pelea nocturna”: es un crimen con rastro de insulto homófobo y violencia grupal. Las plazas se llenan de velas y pancartas. España entera aprende un nombre y una hora.
La investigación acelera. Caen los primeros detenidos, se identifican a dos menores y a varios adultos. Se revisan cámaras, rutas, llamadas. La Fiscalía arma un relato: agresión inicial, persecución coordinada, robo del móvil y una paliza final que remata la vida de un chico que no devolvió un golpe. La ciudad, mientras, baja la voz al pasar por la acera del crimen.
El juicio llega a la Audiencia Provincial de A Coruña con aforos completos y respiración contenida. Declaraciones, periciales, recreaciones forenses. Los forenses fijan la causa de muerte en el destrozo craneal por patadas y golpes repetidos; los testigos insisten en el insulto como chispa y gasolina. La defensa intenta rebajar intencionalidad; el sumario sostiene coordinación y ensañamiento.
La sentencia acaba escribiéndose con frialdad quirúrgica y nombres propios: Diego Montaña, 24 años de prisión por asesinato con agravante de discriminación por orientación sexual; Alejandro Freire, 20 años; Kaio Amaral, 20 años y medio; y Alejandro Míguez, 10 años como cómplice. Una quinta encausada, Catherine Silva, resulta absuelta al considerar que trató de frenar la agresión. La indemnización conjunta a la familia se fija en 304.000 euros, además de cinco años de libertad vigilada tras el cumplimiento de las penas.
El veredicto no borra el antes. Dos menores implicados ya habían sido condenados en vía de menores a tres años y medio de internamiento por su participación. La Audiencia prorroga después la prisión preventiva de los adultos mientras se resuelven recursos, con las condenas aún no firmes a inicios de 2025. La palabra “odio” queda estampada en la resolución por la agravante de discriminación: no fue azar, fue selección.
El padre de Samuel, roto en el estrado, deja una frase que mordisquea conciencias: “Ni a un perro se le deja tirado en una cuneta”. Habla del chico que cuidaba mayores, que quería ser enfermero, del amigo que hacía reír. No pide venganza; pide que nadie más muera por cómo es. La sala, por una vez, entiende que lo que se juzga trasciende a cuatro caras en un banquillo.
Más allá de las togas, el caso deja lecciones con filo: la violencia LGTBIfóbica no necesita conspiraciones, solo excusas; el efecto manada convierte un insulto en asesinato; y una ciudad puede pasar del ruido a la vigilia en una noche. El mal no se esconde siempre en callejones: a veces cruza contigo un paso de cebra y habla en plural.
¿Cómo se previene lo que empieza en una palabra y termina en un silencio? ¿Cuántas veces confundimos “pelea” con “odio” para dormir mejor? Samuel Luiz no murió por mirar un móvil: lo mató una cadena de golpes que llevaba escrita una orientación como diana. Y esa, por fin, sí quedó nombrada en la sentencia.
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