La primera fotografía judicial de la escena fijó dos certezas: no había robo y el ataque fue directo y en solitario. La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca, “presumiblemente con un cuchillo de cocina”, según Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal de València. La hipótesis de muerte por puñaladas se consolidó tras la autopsia.
Muy pronto surgió un nombre: Eduardo J. R. (48), pareja de Amparo y, según el entorno, en proceso de ruptura. El relato que la acusación llevaría más tarde a juicio hablaba de un ataque en el gallinero, aprovechando que ella estaba centrada en las tareas del campo y sin posibilidad real de huida o defensa. Las puñaladas se concentraron en cuello y cabeza.
El escenario encajaba con una violencia íntima y planificada: Amparo era “una mujer feliz con sus gallinas y verduras” y él “aprovechó su visita al huerto para pillarla indefensa”, recoge la crónica judicial. La investigación situó el inicio del crimen dentro de la parcela y su desenlace a escasos metros, entre el gallinero y el cobertizo.
Tras el asesinato, el sospechoso huyó. Durante días, la búsqueda se centró en comarcas cercanas hasta que, diez días después, fue detenido en Chella (a ~36–43 km de Alzira). La confirmación oficial llegó junto a un detalle prosaico: lo localizaron cuando acudió a pedir comida al banco de alimentos del ayuntamiento; intentó escapar, pero la Policía Local lo arrestó.
El caso trascendió enseguida lo policial. El Ayuntamiento de Alzira decretó tres días de luto oficial y convocó una concentración de condena. Bandera a media asta, minuto de silencio y una idea fija: Amparo era vecina de todos. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó el 29 de junio que se trataba de violencia machista (el primer caso del año en la Comunitat Valenciana).
Mientras la causa avanzaba, el sumario dibujó un patrón: relación en crisis, aislamiento de la víctima en el campo y un ataque de extrema crueldad. Los informes forenses y policiales que trascendieron a prensa consolidaron los puntos de acusación que más tarde se verían en el jurado: ataque inesperado, arma doméstica y ensañamiento en zonas vitales.
El impacto social no se agotó en Alzira. Ayuntamientos de la Comunitat y de otras ciudades se adhirieron a minutos de silencio y notas institucionales. El nombre de Amparo apareció en listados de feminicidios íntimos de 2022 y en recuentos anuales de Igualdad y medios especializados, con una cifra helada de contexto: 49 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas ese año en España.
En crónica judicial, un reportaje de 2024 resumía lo que el jurado iba a escuchar: “Eduardo asesinó a Amparo el 7 de junio de 2022… en el gallinero de una casa de Alzira… con puñaladas, sobre todo en el cuello y la cabeza; huyó y fue detenido tras diez días escondido en Chella.” El encaje entre esa narración y las primeras notas de atestado reforzó la solidez del caso.
Amparo Montalvá no fue un titular fugaz. Fue madre, trabajadora, mujer de tierra, cuyo nombre quedó sembrado en su municipio como una promesa colectiva: que no haya más. Su historia recuerda que el “ámbito privado” nunca es excusa ni refugio: la violencia en casa es un asunto público y la respuesta también. En Alzira, cada 7 de junio, la memoria vuelve al huerto. Allí donde Amparo cuidaba la vida, alguien decidió apagarla. Que su nombre no se borre.
0 Comentarios