La cronología reconstruida por los investigadores dibuja un periplo errático: salida de Morón, paso por la Autovía de la Plata con parada en Miajadas (Cáceres), descanso en el hostal Perales de Talavera de la Reina (Toledo) —donde se captaron las últimas imágenes del menor, tapado con mantas en su silla—, y, ya de madrugada, la madre sola en un hotel de Riaza (Segovia). A las 07:00, su confesión en la gasolinera: dijo que el chico había muerto y que arrojó el cuerpo a un contenedor. Después, versiones cambiantes.
Con esos hitos, la Policía barajó tres ventanas posibles de muerte (en Morón días antes; entre la noche del 11 y la mañana del 12; o ya en ruta) y tres posibles zonas de desecho del cuerpo: el Paseo de Extremadura/Aluche en la A-5 hacia Madrid; el tramo Talavera-entrada a la capital; o entre la M-30 y Riaza. Se rastrearon contenedores y el vertedero de Valdemingómez sin resultado. Nada apareció.
Los informes subrayan un deterioro previo: la madre redujo la medicación del menor, rechazó ayudas ofrecidas cuando él sufría convulsiones y emprendió el viaje tras vender muebles, vaciar cuentas, dejar a sus perros y deshacerse del teléfono. Para los investigadores, una conducta “negligente” y planificada; para la familia paterna, la certeza de que “lo dejó morir”.
En las primeras 24 horas, ella ofreció varias narraciones incompatibles: desde un camino “a Santiago” para que el santo lo sanase, hasta el depósito del cuerpo en un contenedor. ABC documentó al menos cuatro versiones distintas en los días posteriores. Ese vaivén, unido a la ausencia de restos, convirtió el caso en un rompecabezas penal.
Procesalmente, la causa ha avanzado a trompicones —cuatro jueces pasaron por el juzgado de instrucción— hasta la apertura de juicio oral. La Fiscalía acusa por homicidio imprudente (por no suministrar medicación esencial) y propone eximente completa por trastorno bipolar; la acusación particular pide homicidio doloso. El señalado inicio de juicio en la Audiencia de Sevilla es el 9 de enero de 2026.
El País detalla que, para los agentes, la hipótesis más verosímil es el fallecimiento durante el trayecto —por calor y deshidratación en un día de temperaturas muy altas—, antes o entre Miajadas y Talavera. El cuándo y el dónde solo se cerrarían hallando el cuerpo. Tres años después del inicio de la instrucción, la fecha del juicio se fijó; el “dónde está” sigue vacío.
La última certeza visual de Antonio David es un bulto inmóvil bajo mantas en el hostal de Talavera; la última certeza documental, una madre sola en Riaza pocas horas más tarde. Entre ambas escenas, la silla desaparece, y con ella la posibilidad de una reconstrucción completa. La policía rastreó sin éxito rutas, contenedores y cámaras.
Mientras tanto, la familia paterna sostiene una acusación moral nítida: “La única que sabe todo es Macarena”. Han pedido que se investiguen también fallos de los servicios sociales, que visitaron el domicilio dos días antes de la huida sin trasladar la situación al padre. La dimensión institucional del caso —alertas no cruzadas, protocolos de búsqueda y salud mental— también forma parte del expediente.
Cuatro años después, el caso llega a la sala sin lo esencial: la voz del ausente. Falta un cuerpo, falta una fecha y falta un punto en el mapa. Sobra, en cambio, una pregunta que no prescribe: ¿dónde está Antonio David? Hasta que alguien la responda, seguirán los carteles y las concentraciones, y ese viaje —Morón, Miajadas, Talavera, Riaza— seguirá siendo una ruta dibujada con sombras.
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