El giro llegó el 28 de septiembre de 2019: una vecina abrió por fin una caja que llevaba meses guardando “como favor” a Merino —se la había entregado diciendo que contenía objetos íntimos— y encontró una cabeza humana, parcialmente quemada. La Policía Judicial confirmó que pertenecía a Jesús María Baranda. A partir de ese instante, la desaparición pasó a ser homicidio con un escenario brutal y único en la crónica negra reciente.
La investigación dibujó un patrón: durante el periodo en que Jesús María estuvo ilocalizable, su compañera sentimental mantuvo la apariencia de normalidad y accedió a sus cuentas. Esa sospecha de aprovechamiento económico se reforzó con un dato clave: Baranda había designado a Merino heredera universal en su testamento de 2018. El móvil económico se convirtió en la columna de la acusación.
El resto del cuerpo nunca apareció pese a búsquedas en vertederos como Meruelo y en varios puntos de Cantabria. Aun así, el Tribunal del Jurado entendió probado que Merino mató a su pareja y ocultó el cadáver, conservando la cabeza para ganar tiempo y desviar la investigación. La defensa habló de ausencia de cadáver y de “caja ajena”, pero el jurado consideró el relato no verosímil.
El 9 de diciembre de 2022, la Audiencia Provincial de Cantabria impuso a Carmen Merino 15 años de prisión por homicidio (con agravante de parentesco) y por ocultación del cadáver, atendiendo al veredicto del jurado. El fallo subrayó que actuó con la intención de aprovecharse económicamente de los bienes de la víctima.
La defensa recurrió y, en marzo de 2023, el TSJ de Cantabria confirmó íntegramente la condena. A su vez, el Tribunal Supremo cerró la vía en julio de 2024 al desestimar el recurso de casación: quedaron firmes los 15 años y la tesis de que la condenada entregó a una vecina la caja con la cabeza envuelta. La “verdad judicial” quedó sellada.
El proceso civil siguió su propio camino: en junio de 2025, una resolución permitió que Merino no heredara el piso de Baranda al prosperar la impugnación por indignidad promovida por los hijos del fallecido, coherente con la condena penal. Además, la sentencia penal ya había fijado indemnizaciones para la familia.
Más allá del morbo, el expediente deja lecciones periciales: condena sin cuerpo completo (solo el cráneo), indicios sólidos alrededor de la posesión y entrega de la caja, y un hilo económico (testamento, movimientos) que estructura el caso. La búsqueda infructuosa del resto del cadáver no impidió construir una prueba bastante basada en actos de ocultación y contradicciones de la acusada.
La cronología pública es hoy inequívoca: desaparición en febrero de 2019; caja abierta en septiembre; juicio en noviembre de 2022; condena en diciembre de 2022; confirmaciones en 2023 y 2024; y controversias civiles en 2025. Lo que no cambió es el silencio sobre el paradero del resto del cuerpo de Jesús María. En Castro Urdiales, esa ausencia también pesa como duelo.
En lo humano, el “crimen de la cabeza” es la historia de un jubilado querido por su entorno que dejó de pasear por su barrio y de una comunidad que tardó meses en entender que aquella caja aparcada en un trastero contenía la clave. La justicia llegó, pero no todo volvió: faltan restos, faltan respuestas sobre el desmontaje del cadáver y falta nombrar el porqué último. En ese hueco habita el recuerdo de Jesús María Baranda.
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