Maialen Mazón Bezares tenía 32 años, era de Vitoria-Gasteiz, madre de una niña pequeña y estaba embarazada de gemelos cuando, el 27 de mayo de 2023, la encontraron sin vida en la habitación de un apartahotel de la capital alavesa. A su lado estaba su hija de unos dos años y medio, ilesa, que habría pasado entre 12 y 18 horas junto al cuerpo de su madre. El Gobierno Vasco confirmó desde el primer momento que se trataba de un crimen machista, uno de esos casos que condensan lo peor de la violencia de pareja: control, amenazas, ruptura, órdenes de alejamiento… y un sistema que no supo frenar a tiempo al agresor.
Antes de convertirse en titular, Maialen era una joven alavesa que se había marchado a vivir fuera. En los últimos meses antes del crimen residía en la Comunidad Valenciana, entre Castellón y Torremolinos, junto a su pareja, Jaime R. (Jaime Roca), un empresario valenciano de 33 años. Su entorno la describe como cercana, familiar, muy volcada en su hija Aitana. La relación con Jaime, en cambio, estaba marcada por los celos, los episodios de maltrato y un tira y afloja constante: rupturas, reconciliaciones, promesas de cambio que nunca terminaban de cumplirse.
Esa espiral de violencia no era invisible para el Estado. Maialen tenía abierto un expediente de violencia de género y sobre su expareja pesaba una orden de alejamiento dictada por un juzgado de Torremolinos, a raíz de denuncias previas. A pesar de la prohibición de acercarse, la relación no se cortó en seco. Según la investigación, siguieron viéndose, hablando y viéndose envueltos en la típica dinámica de “no puedo más, pero tampoco puedo dejarte”, tan frecuente en las relaciones de maltrato.
Uno de los detalles más duros de este caso es que Maialen llegó a pedir dos veces que se retirara esa orden de alejamiento. El consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka, explicó que ella acudió a la Ertzaintza para expresar que ya no sentía miedo ni percibía peligro en su pareja, y que quería eliminar la medida porque seguían en contacto. Esa insistencia en restar importancia al riesgo es tristemente habitual: el agresor alterna episodios de violencia con fases de disculpa, dependencia emocional y promesas, y la víctima termina dudando de sus propios límites, incluso cuando el Estado ha activado mecanismos de protección.
En los meses previos al crimen, la pareja se movió entre Castellón y el País Vasco. El fin de semana del 27 de mayo de 2023, Maialen viajó a Vitoria-Gasteiz y se instaló en un apartahotel en la avenida de Gasteiz, donde llegó a registrarse incluso con un nombre falso, según varias informaciones. Había quedado allí con su familia para comer el domingo. Lo que nadie sabía es que tampoco estaba sola: Jaime se encontraba también en la ciudad, a pesar de la orden que le prohibía acercarse.
La cronología del crimen es corta y demoledora. La tarde del domingo, al no presentarse a la comida pactada, varios familiares se dirigieron al apartahotel para comprobar qué ocurría. Al abrir la puerta de la habitación encontraron la escena: Maialen estaba muerta, con múltiples heridas de arma blanca, en un entorno ensangrentado; su hija pequeña estaba allí mismo, en una cuna o al lado del cuerpo, deshidratada pero viva. Poco después se supo que la víctima estaba embarazada de gemelos. Aquel no fue “solo” el asesinato de una mujer, sino el fin de tres vidas en curso y la condena a la orfandad de una niña de apenas tres años.
La investigación de la Ertzaintza se centró inmediatamente en la expareja. Las cámaras de seguridad del apartahotel captaron a Jaime entrando y saliendo del edificio en la franja horaria en la que se situó la agresión. Tras el hallazgo del cuerpo, se lanzó un dispositivo de búsqueda: el sospechoso huyó en taxi y fue localizado horas después, pasadas las ocho y media de la tarde, en el peaje de la AP-68, a la altura de Alagón (Zaragoza), donde la Guardia Civil procedió a su detención gracias a la información sobre el vehículo facilitada por la Ertzaintza.
Pronto se supo que romper las medidas de protección no era algo excepcional en este caso: Jaime ya había quebrantado la orden de alejamiento en enero de 2023, según reveló la prensa vasca, y aun así el vínculo entre ambos continuó. La familia de Maialen, rota por el dolor, lanzó un mensaje contundente en las concentraciones de repulsa en Gasteiz: el único culpable de su muerte es su presunto asesino, pero también subrayaron que el sistema no estuvo a la altura, que los mecanismos de protección fallaron en cadena.
El Gobierno Vasco, con Erkoreka a la cabeza, condenó el crimen con dureza, lo reconoció como segundo caso de violencia machista del año en Euskadi y anunció la revisión de los protocolos de valoración de riesgo y seguimiento de las víctimas con órdenes de alejamiento en vigor. Informes posteriores hablaron de “dudas” sobre si Maialen estuvo bien protegida: cómo se evaluó su caso en el sistema VioGén, cómo se gestionó su petición de retirar la orden, qué coordinación real hubo entre los distintos juzgados y cuerpos policiales implicados.
Desde el principio quedó claro que el caso no se cerraría rápido. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vitoria-Gasteiz abrió diligencias por un presunto delito de asesinato con agravantes de parentesco y violencia de género. Durante la instrucción se han ido incorporando informes forenses que detallan que Maialen fue atacada con un arma blanca, con una lluvia de puñaladas (varían los recuentos entre siete y trece según las fuentes) y que todo ocurrió en presencia de su hija, que permaneció allí hasta 18 horas junto al cadáver. Ese dato —la niña como testigo silenciosa, atrapada en la habitación— se ha convertido en uno de los símbolos más desgarradores del caso.
En noviembre de 2025, el juez dio por finalizada la instrucción. La Fiscalía y las acusaciones particulares han solicitado hasta 45 años de prisión para Jaime R., sumando la pena por el asesinato con agravantes y el daño causado a la menor testigo y huérfana. En las próximas semanas se elegirá al jurado popular y se fijará la fecha del juicio, prevista para el primer semestre de 2026 en la Audiencia Provincial de Álava. Hasta entonces, el acusado mantiene la presunción de inocencia, pero el relato que se presentará ante el tribunal es el de un feminicidio especialmente cruel: una mujer embarazada, asesinada a cuchilladas por su expareja en un hotel donde creía estar a salvo.
Un año después del crimen, en mayo de 2024, Vitoria volvió a llenar sus plazas con concentraciones y minutos de silencio. Informativos y reportajes recordaron la historia de Maialen y pusieron el foco en los cambios en los protocolos de protección de víctimas de violencia machista: más revisión de las órdenes de alejamiento, más coordinación entre territorios, y un trabajo específico sobre esos casos en los que la víctima quiere retirar la denuncia o la medida de protección. El mensaje era claro: el sistema tiene que estar preparado para proteger también cuando la propia víctima duda, minimiza o quiere perdonar.
Porque esa es otra de las sombras de este caso: Maialen le dijo a la policía que no sentía miedo, que no percibía peligro real. Esa frase, que cualquier persona podría pronunciar en una relación sana, en una relación de maltrato suena a jaula invisible. No sentir miedo no significa estar a salvo cuando el otro acumula antecedentes, amenazas y una orden judicial que le prohíbe acercarse. Es precisamente ahí donde el sistema tiene que leer las señales que la víctima no puede —o no quiere— ver.
Hoy, cuando hablamos del crimen machista de Maialen Mazón en Vitoria, no hablamos solo de un caso más en una lista estadística. Hablamos de una mujer que viajó embarazada a su ciudad, que se registró en un apartahotel pensando que era territorio seguro, que tenía una orden de protección que se rompió una y otra vez, y que acabó muriendo a manos de quien decía quererla. Hablamos de dos bebés que nunca llegarán a nacer y de una niña que pasó horas al lado del cuerpo de su madre, sin entender por qué no se levantaba.
La pesadilla de Maialen no termina en la habitación del apartahotel, ni en las imágenes de las cámaras donde se ve entrar y salir al sospechoso. Sigue en cada concentración donde se pronuncia su nombre, en cada debate sobre por qué falló la protección, en cada mujer que hoy duda si darle una oportunidad más a quien ya ha cruzado todas las líneas. Su historia es una advertencia escrita a cuchilladas sobre una puerta de hotel: las órdenes de alejamiento no son un papel simbólico, y la duda de la víctima nunca puede ser la coartada para bajar la guardia. Mientras esperamos el juicio, lo único que no podemos permitirnos es convertir a Maialen, a sus gemelos y a su hija huérfana en un número más. Su nombre tiene que seguir sonando como lo que es: un grito para que esto no vuelva a repetirse.
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