Las primeras horas dejaron señales dispersas. Cámaras situaron el coche gris del empresario saliendo de Manzanares; medio año más tarde, el Renault Clio de Juan Miguel apareció abandonado en un descampado de Albacete, sin rastro de su propietario. Aquello confirmó lo que su familia repetía desde el primer día: Juan Miguel no desaparecía porque sí.
El 15 de marzo de 2023 la investigación dio un giro. La Guardia Civil detuvo al tratante Antonio Caba Vázquez —el intermediario que había citado a Isla para cerrar el trato— y a su cómplice, Gaspar Rivera. Pocas horas después, los agentes localizaron restos humanos en un pozo de una finca próxima a Manzanares. El 16 de marzo se confirmó por ADN que se trataba de Juan Miguel Isla. La escena cuadraba con la tesis de un crimen por dinero urdido en torno a la cita del negocio.
El pozo siguió hablando. En junio de 2023 se hallaron nuevos restos en el mismo punto, ampliando el cuadro forense del homicidio y consolidando el pozo como escenario de ocultación. Desde entonces, la instrucción ha pivotado entre la cronología de aquel 22 de julio y los movimientos posteriores de los detenidos, con especial atención a vigilancias y seguimientos que acabaron guiando a los agentes hasta la finca.
La autopsia descartó que a Isla lo hubieran ejecutado con arma de fuego —una de las hipótesis aventadas en los primeros compases—, y reforzó la idea de una muerte violenta seguida de ocultación en el pozo. Ese dato técnico desmontó relatos interesados y apuntaló la versión pericial.
El caso no se entiende sin el pasado del principal acusado. Antonio Caba arrastraba deudas, fraudes y un reguero de negocios opacos. Tras su arresto por el caso Isla, la investigación lo relacionó con otra desaparición previa: la del empresario Jesús María González Borrajo (2019), también en el entorno de Manzanares y también con pozos de por medio. En 2025, la Fiscalía pide 46 años de prisión para Caba por doble asesinato (González Borrajo e Isla) y 19 para su cómplice Gaspar Rivera.
La línea del dinero fue siempre la columna vertebral. Isla acudió a cobrar en metálico por la venta de unas tierras; Caba, en su papel de intermediario, fue la última persona con la que se le vio. La secuencia de citas, llamadas y paradas hasta perderle el rastro, junto a la aparición del Clio en Albacete, dibujó el mapa que los investigadores terminaron por cerrar con el hallazgo en el pozo.
En lo procesal, Caba ingresó en prisión provisional en marzo de 2023, se acogió a su derecho a no declarar y mantuvo el silencio a la espera de juicio con jurado. Rivera quedó también imputado como cooperador en la ocultación del cadáver y otros delitos conexos. A finales de 2023 la Audiencia rechazó de nuevo su puesta en libertad, manteniendo la causa a las puertas del enjuiciamiento.
El pozo no solo resolvió una desaparición. Abrió, además, una segunda investigación y evidenció el valor de las técnicas de vigilancia y del rastreo de itinerarios en crímenes sin escena clásica. La cronología pública —coche hallado en enero, detenciones en marzo, identificación en marzo, nuevos restos en junio— es hoy la narrativa firme de un expediente que, de no haber aparecido ese punto de agua, habría podido naufragar en la niebla.
Para la familia, la estadística sobra. Juan Miguel Isla era un padre, un marido, un empresario de rutina previsible. Confió en un conocido para cobrar 50.000 € y encontró la muerte. El proceso penal seguirá su curso y pedirá penas; el vacío que deja, no entiende de sumas ni de años. En Manzanares, el nombre de Isla ya no es una pregunta: es el recordatorio de que, a veces, el peligro no acecha en la oscuridad, sino en la sonrisa del intermediario.
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