Desde fuera, era solo otro chalé adosado en una urbanización tranquila de Colmenar Viejo (Madrid). Césped descuidado, patio con trastos, persianas casi siempre bajadas. Nadie imaginaba que detrás de esas paredes, entre 2015 y 2023, ocho menores de entre 4 y 14 años vivían encerrados en un ambiente de miedo constante, bajo las órdenes de un padre médico y una madre que miraba hacia otro lado. La prensa la bautizó como “la casa de los horrores de Colmenar Viejo”, y el nombre se quedó corto para describir lo que allí se vivió.
El padre, de profesión médico de urgencias en el Hospital Gregorio Marañón y también vinculado a clínicas privadas, llevaba una vida de aparente éxito y respetabilidad. La madre, ama de casa, se encargaba del día a día y de sostener la fachada de familia numerosa “especial” pero unida. Puertas afuera eran “el médico con muchos hijos”, gente educada, casi invisible en el barrio. Puertas adentro, según los informes judiciales, lo que había era control total, castigos extremos y un clima de humillación permanente.
Las primeras grietas comenzaron a notarse en lo que los vecinos veían… y en lo que no veían. Algunos contaban que los niños pasaban horas solos en el patio, con ropa inadecuada, casi sin tratar con otros menores; otros, que casi nunca les veían ir al colegio o jugar en la calle como cualquier crío de su edad. La casa, por dentro, era un espejo roto: según la Guardia Civil, el despacho del padre estaba impecable, pero la zona donde dormían los niños era una habitación insalubre, con colchones tirados, suciedad y un olor que hablaba de abandono más que de hogar.
Todo estalló a finales de marzo de 2023. Una de las hijas mayores, agotada de vivir bajo ese régimen, se armó de valor y habló en su centro escolar. Contó que en casa sufrían castigos físicos, encierros y un trato que ella misma describía como terrorífico. El colegio activó los protocolos y avisó a los servicios sociales y a la Guardia Civil. A partir de esa conversación en un despacho escolar, el caso dejó de ser un secreto familiar y se convirtió en un asunto penal.
Cuando los agentes entraron en el chalé, el panorama fue demoledor. Encontraron a los ocho niños, malnutridos, arrinconados, con miedo incluso a hablar, viviendo en una habitación que los investigadores describieron como “inhabitable”. En contraste, el espacio del padre estaba ordenado y contaba con material sanitario, uniformes, guantes, mascarillas, medicamentos e instrumental que no debería estar en ese domicilio, parte de él supuestamente procedente del hospital donde trabajaba.
La Guardia Civil detuvo al matrimonio en abril de 2023 por presunto abandono y maltrato a sus ocho hijos. Los menores fueron inmediatamente puestos bajo tutela de la Comunidad de Madrid y trasladados a centros de acogida, donde comenzaron una vida nueva entre psicólogos, educadores y un largo proceso de reparación. El padre y la madre quedaron más tarde en libertad provisional, con órdenes de alejamiento y prohibición de contacto con los niños, mientras el Juzgado de Colmenar Viejo asumía la instrucción del caso.
A medida que avanzaba la investigación, el relato de los menores fue completando el mapa del horror. Los hijos hablaron de golpes con objetos de la casa, de horas de encierro en una habitación o en el sótano como “castigo”, de ser obligados a permanecer a la intemperie en el patio durante largas horas, y de insultos constantes que les hacían sentirse menos que nada. El escrito de acusación describe un auténtico “clima de terror y humillación” donde cualquier gesto cotidiano —ver la televisión, usar el móvil, equivocarse al hacer los deberes— podía desencadenar un castigo extremo.
Pero lo más delicado del caso no se limita al daño físico y psicológico. Según la Comunidad de Madrid y otras acusaciones, al menos dos de las hijas habrían sufrido conductas de carácter sexual muy graves por parte del padre, aprovechando su posición de médico para disfrazar ciertos actos como “exploraciones” o “controles”. Esas actuaciones forman parte de los delitos de naturaleza sexual que hoy se le imputan, siempre descritos con extrema cautela por tratarse de menores, pero que añaden otra capa de oscuridad a lo ocurrido dentro de ese chalé.
Mientras los niños empezaban a rehacer su vida en centros de protección, el procedimiento parecía avanzar a trompicones. En febrero de 2024, la Guardia Civil volvió a registrar el chalé de Colmenar Viejo para buscar nuevas pruebas, siguiendo el rastro del material sanitario y de otros indicios. En octubre de 2025, saltó otra noticia inquietante: parte de ese “arsenal médico” localizado en su día en la vivienda había desaparecido, y se investigaba si había sido robado o retirado de forma intencionada, alimentando aún más la sensación de que alguien intentaba borrar huellas.
La situación judicial dio un giro clave en noviembre de 2025. La Comunidad de Madrid, personada como acusación, presentó un extenso escrito —más de 50 páginas— en el que solicita hasta 266 años y 9 meses de prisión para el padre y cerca de 180 años para la madre. Se les atribuyen delitos continuados de maltrato físico y psicológico, delitos de naturaleza sexual, detención ilegal y trato degradante, entre otros, cometidos de forma reiterada desde 2015 hasta la intervención de la Guardia Civil en 2023.
Los informes hablan de que el padre habría centrado buena parte de su violencia en los tres mayores —dos niñas y un niño—, a quienes sometía a castigos más duros y a controles más humillantes, mientras el resto de hermanos vivían bajo el mismo miedo, conscientes de que cualquier día les podía tocar a ellos. La madre, según las acusaciones, no solo no los protegió, sino que sostuvo ese régimen de miedo, participando en algunos castigos y minimizando lo que ocurría, a pesar de que también existían indicios de que ella misma habría sufrido violencia en la pareja.
A día de hoy, el caso de la casa de los horrores de Colmenar Viejo está a las puertas de llegar a la Audiencia Provincial de Madrid para ser juzgado con jurado o tribunal profesional, según se decida. No hay todavía condena firme: el padre y la madre siguen amparados por la presunción de inocencia hasta que se dicte sentencia. Pero el volumen de testimonios, informes médicos y periciales, unido a las peticiones de penas que superan los 400 años de prisión entre ambos, convierten este procedimiento en uno de los más duros y simbólicos de la historia reciente de la Comunidad de Madrid.
Mientras los abogados discuten en los despachos, la parte más importante de esta historia se escribe lejos de Colmenar Viejo. Son ocho niños que ahora crecen en centros y hogares de protección, con terapias largas, pesadillas nocturnas y recuerdos que se cuelan en forma de olores, sonidos o pequeños detalles cotidianos. Su vida se mide en informes de evolución, visitas supervisadas (cuando las hay) y esfuerzos por aprender algo tan básico como que un adulto que se acerca no tiene por qué hacer daño. El caso ya tiene nombre mediático, titulares y peticiones de cárcel; lo que aún está en construcción es lo más difícil: que esos ocho hermanos algún día puedan hablar de “la casa de los horrores” como un capítulo cerrado… y no como una sombra que les sigue acompañando en cada paso.
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