Amanecía el 8 de enero de 1994 cuando unos operarios del Puerto de la Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, notaron un peso anómalo en un contenedor de la calle Albareda. Dentro, entre bolsas de basura, hallaron parte del cadáver descuartizado de María del Carmen Diepa, 24 años. La ciudad quedó helada: no era una leyenda urbana, era un crimen real con firma y escenario a la vista de todos.
La reconstrucción judicial situó los hechos la noche del 7 al 8 de enero en un piso cercano al Mercado del Puerto (calle López Socas). Allí, Eufemiano Fuentes Martínez —apodado “Fani”— organizó una fiesta con drogas (sobre todo crack) y prácticas sadomasoquistas con tres mujeres, entre ellas Mari Carmen. En algún momento, estalló la violencia: un cabezazo, más golpes, y la víctima cayó desvanecida o ya sin vida. Fuentes llamó a su entorno para pedir ayuda.
Acudieron Juan Andrés Medina Pérez y Antonio Carmelo Sánchez, además de un cuarto hombre no identificado. Entre todos se deshicieron del cuerpo: la sentencia acreditó el descuartizamiento y la eliminación de restos en los contenedores próximos. Días después apareció más anatomía arrojada en la vía pública, lo que permitió a los forenses perfilar mejor el patrón de lesiones: todo concentrado en la cabeza.
La investigación fue un maratón. No hubo detenciones inmediatas ni confesiones; la policía removió toneladas en el vertedero y persiguió pistas falsas (supuestas “bandas extranjeras”, rumores replicados por la prensa de la época). El caso se sostuvo por la perseverancia de un grupo de agentes y del juzgado instructor, que durante ocho años reconstruyeron movimientos, llamaron a testigos (una de las mujeres huyó y otra se escondió en un arcón) e hilvanaron un relato probatorio.
El 10 de octubre de 2004, la Audiencia Provincial de Las Palmas dictó condena: Eufemiano Fuentes Martínez, 12 años por homicidio (con la atenuante de drogadicción); Juan Andrés Medina y Antonio Carmelo Sánchez, 3 años como encubridores; un cuarto acusado fue absuelto por falta de pruebas. El tribunal dio por probado el escenario: fiesta sexual con drogas, agresión letal y ocultación del cuerpo en bolsas de basura.
El Tribunal Supremo cerró filas en febrero de 2006: confirmó íntegramente la sentencia de Las Palmas —12 años para Fuentes; 3 años para Medina y Sánchez— y desestimó todos los recursos. La resolución subrayó que, tras el crimen, Fuentes telefoneó y los encubridores acudieron para colaborar en el descuartizamiento y la posterior eliminación de restos. Con aquel fallo, el “crimen del contenedor” quedó firme en lo penal.
No todos cumplieron sin sobresaltos: Antonio Carmelo Sánchez llegó a estar en busca y captura y no se entregó hasta 2010, cuando ingresó en prisión para cumplir su pena de encubrimiento. Era, en términos judiciales, “el último capítulo” de un caso que había colonizado la memoria de las islas durante más de una década.
Más allá del sumario, la crónica humana destapa desigualdades: María del Carmen, nacida en Venezuela y criada en La Isleta, arrastraba pobreza, adicciones y violencias que la empujaron a la prostitución. Para su familia, el hallazgo en el contenedor fue el fin de una búsqueda, pero el inicio de una batalla por la memoria frente al estigma con el que muchos titulares la etiquetaron.
El caso dejó lecciones amargas: investigaciones largas pueden llegar a puerto si no se sueltan los hilos, pero los primeros días —y la escena— son decisivos. Aquí hubo rumores, pistas intoxicadas y una ciudad que se miró al espejo de su propia violencia soterrada. El eco sigue vivo: documentales y reportajes han devuelto, con nombres y fechas, la verdad judicial frente al mito.
Hoy, cuando se pronuncia “crimen del contenedor”, Canarias recuerda un cuerpo que la basura devolvió y un trabajo pericial que, con el tiempo, terminó en condena. Para quienes quisieron a María del Carmen Diepa, la justicia llegó; el dolor, no se fue. Y su nombre permanece, no como rumor, sino como símbolo de que ninguna vida es un desecho.
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