La Guardia Civil coordinó uno de los mayores operativos de búsqueda en Canarias: batidas con perros, helicópteros, buzos y voluntarios por barrancos, pozos y explanadas. Tampoco así hubo rastro útil: ni prendas, ni huellas, ni llamadas de rescate. Aquella tarde soleada se convirtió en un punto ciego a escasos metros de su familia.
Con el paso de los años, las hipótesis oscilaron entre la sustracción, una posible red de agresores sexuales o un accidente encubierto, pero ninguna cristalizó por ausencia de evidencia material. En 2016, el foco se centró en Antonio Ojeda Bordón (“El Rubio”), vecino del entorno con antecedentes: ese diciembre fue condenado a cinco años por agredir sexualmente a otro menor en el mismo municipio (hechos de 2012), mientras seguía no imputado por la desaparición de Yéremi.
La causa penal contra Ojeda por el “caso Yéremi” se archivó en 2017 por falta de indicios. No obstante, la presión de la familia y nuevos elementos indiciarios propiciaron en septiembre de 2021 la reapertura judicial para practicar diligencias suplementarias (testimonios carcelarios, análisis sobre un coche con pegatina de palmeras y otras pruebas de contexto). La reapertura no supuso imputación automática, pero sí seguir tirando del hilo.
La cronología reciente ha sido de vaivenes. En febrero de 2024, un informe pericial cuestionó algunos extremos difundidos sobre supuestas frases autoinculpatorias (por ejemplo, referencias a “cianosis”), restándoles valor probatorio. Aun así, el marco instructor permaneció abierto con la meta de buscar soportes objetivos (trazas, telefonía, posicionamientos) que permitan pasar de sospechas a pruebas.
En abril de 2025, el juzgado prorrogó seis meses más la investigación por su complejidad, con la Guardia Civil siguiendo diligencias de telefonía y ADN que ya se habían reactivado en 2023. No son avances espectaculares, pero sí pasos formales que evitan el cierre por inercia. El mensaje es nítido: el caso no está parado.
A junio de 2025, el juez decidió no interrogar de nuevo a “El Rubio” hasta contar con nuevas pruebas médicas/periciales que justifiquen esa diligencia, tras años de declaraciones contradictorias, rumores y testimonios indirectos procedentes de prisión. La prioridad declarada: evidencia científica antes que versiones.
Mientras tanto, los aniversarios renuevan la memoria pública. En marzo de 2024, medios locales recordaron los 17 años sin Yéremi y la vigencia de la causa; en julio de 2024, su madre expresó públicamente su agotamiento y la necesidad de “poner fin” a la desaparición si no afloran datos nuevos. El dolor de la familia se ha vuelto también motor cívico para que la investigación no se congele.
La línea dura de hechos sigue siendo breve y tozuda: última visión a las 13:30 jugando junto a casa; ausencia de testigo directo de rapto; gran operativo sin hallazgos; ninguna prueba biológica o física incriminatoria; un sospechoso crónico condenado por otro delito sexual pero no por este; y una instrucción viva a la espera de algo que rompa el empate con el tiempo. Es la definición de un caso sin escena primaria.
Cada marzo, Ithaisa Suárez y Juan Francisco Vargas vuelven al descampado con velas y flores. Piden algo sencillo y devastador: “Si alguien sabe, que hable”. Dieciocho años después, Yéremi Vargas sigue desaparecido. La lección que deja su nombre es dura: cuando las primeras horas no dejan anclaje físico, la verdad se vuelve una carrera de fondo. La investigación continúa, y con ella la promesa que la madre repite cada año: seguiremos hasta traer a Yéremi a casa.
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