Elche, septiembre de 2018. En una ciudad donde la vida suele medirse por rutinas sencillas —guarderías, compras rápidas, paseos al atardecer—, un niño llamado Aarón Gálvez tenía apenas dos años cuando su historia quedó marcada para siempre. Lo que debería haber sido la etapa más protegida de su vida terminó convirtiéndose en un caso que heló a Alicante y a todo el país.
Aarón vivía con su madre y la pareja de ella. Y eso es lo que vuelve este caso especialmente difícil de digerir: no se trata de un peligro que venía de la calle, sino de un peligro que, según acreditaron los tribunales, estaba dentro de casa, en el lugar donde un niño debería sentirse a salvo.
El 17 de septiembre de 2018, el pequeño fue declarado fallecido en Elche. A partir de ahí, la investigación empezó a tirar de un hilo doloroso: no era una muerte “repentina” sin explicación, sino un escenario con señales de trato violento sostenido que, según la acusación y después la sentencia, se había repetido con anterioridad.
En estos casos, lo más inquietante no es solo el desenlace, sino lo que se reconstruye mirando hacia atrás: pequeños indicios, llamadas, visitas, comentarios, momentos en los que quizá alguien pudo sospechar… y aun así la vida siguió, porque muchas tragedias se camuflan detrás de una puerta cerrada y una frase que se repite como excusa: “son cosas de casa”.
La justicia terminó señalando a la pareja de la madre como responsable de haberle causado el daño final que apagó la vida de Aarón. Y también puso el foco en la madre por no haber evitado lo que ocurría. Es una idea dura, pero esencial para entender el caso: cuando se trata de un menor, la omisión también puede convertirse en una forma de abandono imperdonable.
El proceso llegó a juicio en la Audiencia Provincial de Alicante con jurado, y en octubre de 2020 se dictó una primera sentencia muy contundente: prisión permanente revisable para ambos, además de condenas asociadas por el contexto de malos tratos habituales, tal como recogieron medios nacionales.
Pero el caso no quedó ahí. En abril de 2021, el TSJ de la Comunitat Valenciana revocó esa pena máxima y la sustituyó por una condena de 23 años para cada uno, decisión que reabrió el debate público sobre cómo se aplica la prisión permanente revisable en crímenes contra menores.
La historia judicial dio un nuevo giro en mayo de 2022. El Tribunal Supremo se pronunció y avaló que la prisión permanente revisable puede aplicarse en asesinatos de menores aunque el tipo penal ya incluya la alevosía, respaldando su propia jurisprudencia y dejando claro el criterio sobre este tipo de hechos.
Ese pronunciamiento del Supremo fue clave porque, más allá del caso concreto, fijó un mensaje jurídico de alcance nacional: cuando la víctima es un menor y concurren determinadas circunstancias, la respuesta penal puede situarse en el máximo previsto por el Código Penal. Y en el caso de Aarón, esa discusión no era teórica: era el reflejo de una vida pequeñísima perdida para siempre.
Mientras los tribunales discutían años y figuras penales, en la calle quedaba otra cosa: la imagen de un niño de dos años que no pudo pedir ayuda de la forma en que lo haría un adulto, que dependía por completo de quienes lo rodeaban, y que terminó siendo el centro de una causa que removió conciencias.
Este tipo de historias también obligan a hablar de señales. Un menor con miedo, cambios bruscos de conducta, lesiones sin explicación convincente, retrasos en llevarlo al médico, aislamiento de familiares, control excesivo sobre quién ve al niño… nada de eso garantiza un delito, pero sí son alertas para mirar más de cerca y actuar antes de que el daño sea irreversible.
Porque a veces el problema no es que nadie vea nada, sino que se normalice lo que no debería normalizarse. Que se minimice. Que se justifique. Que se piense que “no es para tanto”. Y cuando la víctima es un niño, “no es para tanto” puede ser la frase más peligrosa de todas.
Si alguien sospecha que un menor está sufriendo malos tratos en España, no hace falta tener “pruebas perfectas” para pedir orientación. En una urgencia o peligro inmediato, lo correcto es llamar al 112. También se puede contactar con 091 (Policía Nacional) o 062 (Guardia Civil).
Para menores o adolescentes que necesitan ayuda o para adultos que quieren orientación segura, existen recursos como ANAR (ayuda a infancia y adolescencia) y el 116 111 (línea europea de ayuda a la infancia, disponible en España). Pedir consejo a tiempo no “complica”, protege.
Y si el contexto es violencia en la pareja o expareja en el hogar donde vive un menor, el 016 (24/7) puede orientar y activar recursos; también el WhatsApp 600 000 016 y el correo 016-online@igualdad.gob.es. En riesgo inmediato, siempre 112.
Aarón Gálvez no debería ser recordado por la crudeza del caso, sino por lo que su historia deja como obligación colectiva: mirar de frente las señales, no callar por incomodidad, y entender que un niño no tiene margen para “esperar a ver si mejora”. Cuando se trata de infancia, cada minuto cuenta.
Y aunque la justicia ponga fechas, autos y sentencias, lo que queda en el fondo es una verdad sencilla y terrible: Aarón tenía dos años. Tenía derecho a crecer. Y ese derecho se le arrebató donde menos debería haber peligro: en su propia casa.
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