Sueca amaneció distinta aquel fin de semana de abril de 2022. No por una lluvia rara ni por una fiesta en la plaza, sino por esa noticia que se te queda atravesada: Jordi, un niño de 11 años, había perdido la vida a manos de su propio padre. En pueblos y ciudades medianas, donde todo queda cerca, la tragedia no se queda en una casa: se reparte por portales, escuelas, comercios, grupos de padres, y se instala como un silencio que nadie sabe cómo romper.
Jordi vivía con su madre en Cullera, y ese fin de semana fue llevado a Sueca para pasar tiempo con su padre, como parte de un régimen de convivencia que, sobre el papel, debía garantizar que el niño creciera con ambos. Según reconstrucciones publicadas, el padre había pedido verlo para celebrar el cumpleaños del niño, que había sido dos días antes, y la madre accedió. La escena, vista con retrospectiva, duele por lo sencilla: una madre dejando a su hijo para que comparta con su padre… sin imaginar el riesgo real que había detrás.
El 3 de abril de 2022, la convivencia se convirtió en horror. En la vivienda paterna de Sueca, el padre atacó al niño con un arma blanca y le quitó la vida. La crudeza del hecho hizo que el caso se entendiera desde el primer momento como violencia vicaria: un daño dirigido a lo más amado por la madre para destrozarla por dentro. RTVE explicó el caso en ese marco y también visibilizó el impacto institucional que vino después.
La investigación identificó al responsable como José Antonio A. C., un hombre de 47 años. Durante el juicio, él mismo admitió su autoría, aunque trató de apoyarse en problemas personales como explicación. Pero la justicia, con jurado popular, acabó leyendo el caso como lo que fue: un acto deliberado, cometido con un nivel de crueldad incompatible con cualquier “arrebato” pasajero.
Lo que destrozó todavía más a la opinión pública fue el “por qué” que asomaba entre líneas: la intención de causar el máximo dolor posible a la madre. El País describió el caso como un episodio de violencia vicaria especialmente extremo, y la sentencia recogió agravantes que señalaban esa dimensión: parentesco y discriminación por razón de género, además de la calificación hiperagravada.
En los días posteriores al crimen, España entera se preguntó cómo pudo ocurrir algo así dentro de un sistema que, en teoría, está lleno de controles. Y entonces apareció un dato clave: existió una condena previa por maltrato del padre, pero esa información no llegó al juzgado que fijó la custodia compartida. RTVE habló abiertamente de una descoordinación judicial y de la falta de un sistema informático que cruce alertas entre juzgados de violencia sobre la mujer y juzgados de familia.
Esa falla no es un detalle técnico: es un agujero enorme. Porque cuando un juez decide sobre custodia o visitas sin saber que existe un antecedente de violencia, el menor queda expuesto a un riesgo que no se valora correctamente. La presidenta del Observatorio del CGPJ lo dijo con dureza en esa misma cobertura: era un fallo que no podía repetirse.
El caso llegó a juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial de Valencia. En enero de 2024, la prensa siguió de cerca las sesiones, incluyendo la declaración del acusado y el doloroso relato de la madre, que en parte se gestionó con medidas de protección (declaraciones con reserva) para evitar una exposición innecesaria. El proceso fue el típico de estos casos: largo, emocionalmente devastador, y con una ciudad entera mirando desde fuera sin poder creer que un niño haya quedado atrapado en la guerra de adultos.
El 1 de febrero de 2024 llegó la sentencia: la Audiencia condenó a José Antonio A. C. a prisión permanente revisable. RTVE informó de la condena y destacó que el tribunal aceptó el enfoque de máxima gravedad por la edad de la víctima y las circunstancias del hecho. El mensaje judicial fue claro: lo ocurrido no fue un accidente, ni una pelea, ni una desgracia inevitable; fue una decisión extrema con consecuencias penales máximas.
En junio de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana confirmó la condena a prisión permanente revisable, reforzando el fallo de la Audiencia y consolidando el relato judicial de lo ocurrido. Para la madre, para la familia y para el entorno del niño, esa confirmación pudo sentirse como un “sí, fue así”… aunque ningún “sí” llena el hueco de un hijo.
Y el cierre más reciente llegó el 9 de junio de 2025, cuando el Tribunal Supremo confirmó también la prisión permanente revisable por la muerte de Jordi en Sueca. El máximo tribunal dejó firme la pena y cerró el camino de recursos ordinarios. En lo legal, el caso quedó sellado; en lo humano, quedó abierto para siempre.
Hay algo especialmente duro en esta historia: Jordi no estaba en una situación de “riesgo en la calle”. Estaba con su padre, en un contexto que el sistema había permitido. Por eso el caso no solo fue dolor: fue alarma. Una alarma sobre cómo se evalúan los antecedentes, cómo se comunican entre juzgados, y cómo se protege a los menores cuando existe violencia previa en el entorno familiar.
También dejó una enseñanza sobre señales que muchas veces se ven tarde. La violencia vicaria rara vez aparece de la nada: suele haber amenazas veladas (“ya verás”), chantajes, control, humillación, intentos de castigar a la madre usando al hijo como herramienta emocional. Cuando alguien ha sido violento con su pareja y luego exige acceso pleno al menor como forma de dominio, no es “amor de padre”: es una posible prolongación del control.
Y aquí es importante decirlo sin dramatismos, pero con claridad: si una mujer teme por su hijo en el contexto de una separación, ese miedo merece ser escuchado y documentado. Pedir informes, dejar constancia, solicitar medidas, insistir. En parte, el caso de Sueca mostró lo que ocurre cuando la información se fragmenta y el sistema no conecta los puntos a tiempo.
Si alguien que lee esto está viviendo amenazas o control tras una ruptura en España, hay recursos que pueden orientar incluso sin denuncia previa. El 016 atiende 24/7 y no deja rastro en la factura; también está el WhatsApp 600 000 016 y el correo 016-online@igualdad.gob.es. En peligro inmediato, 112. Y si hay un menor en riesgo, llamar a emergencias y fuerzas de seguridad (062/091) es siempre el paso correcto.
Para menores y adolescentes que necesiten hablar o pedir ayuda, existe el 116 111 (línea europea de ayuda a la infancia, activa en España) y recursos como ANAR. A veces el primer paso no es una denuncia: es abrir una puerta para que alguien te crea y te acompañe a salir de una situación peligrosa.
Jordi tenía 11 años, y eso debería haber sido todo: un niño celebrando su cumpleaños, volviendo a casa con una anécdota, no con un final. Su caso dejó una condena firme y dejó también una obligación colectiva: mejorar los sistemas de alerta, escuchar a tiempo y proteger a los menores como lo que son… lo más frágil y lo más valioso.
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