El teléfono sonaba y no había respuesta. Para el hermano de Adriana Beatriz Gioiosa Nassini, aquella falta de contacto empezó como una inquietud simple y terminó como una alarma que no dejaba respirar. En abril de 2015, esa preocupación llegó a la Guardia Civil y abrió la puerta a una investigación que estremecería a Majadahonda y a todo el país.
Adriana tenía 55 años, era argentina y vivía en España en un régimen de alquiler por habitaciones. Su historia, como la de tantas personas que migran, estaba hecha de pasos pequeños: adaptarse, trabajar, sostener la vida lejos de lo conocido. Precisamente por eso, cuando alguien desaparece en ese contexto, el miedo crece doble: por lo que pudo ocurrir y por lo fácil que es que el mundo tarde en mirar con urgencia.
En el centro del caso apareció el nombre de Bruno Hernández Vega, que entonces tenía 32 años según las primeras informaciones públicas. La prensa lo acabaría llamando “el descuartizador de Majadahonda”, aunque detrás del apodo había un escenario concreto: un chalet utilizado para alquilar habitaciones y una maquinaria industrial localizada en un sótano. En el juicio se habló también de que padecía esquizofrenia paranoide diagnosticada desde 2012, un dato que se analizó a fondo porque la justicia debía determinar si entendía lo que hacía.
El domicilio clave estaba en la calle Sacedilla, 6, en Majadahonda, y allí los investigadores realizaron registros tras la denuncia. Lo que encontraron no fue una “pista suelta”, sino un conjunto de indicios técnicos que, con el tiempo, sostendrían la acusación: restos biológicos en distintos puntos del inmueble y una máquina industrial que terminó siendo central en la reconstrucción de lo ocurrido.
A medida que avanzaba la investigación, el caso dejó de ser solo la desaparición de Adriana. En la misma línea apareció la figura de Liria Hernández Hernández, tía del acusado y propietaria del chalet. Sus familiares declararon que llevaban tiempo sin verla, y el propio relato judicial posterior describió cómo se intentó instalar una explicación tranquilizadora: que se había marchado y que no quería contacto. En historias así, la mentira no suele gritar: se disfraza de normalidad.
La sentencia y las crónicas judiciales añadieron un detalle que demuestra planificación: Bruno habría comprado una picadora industrial en julio de 2008 por 1.189,5 euros, y se describió que la adquisición se hizo a nombre de un tercero inexistente, pero con su número de teléfono y destino en su domicilio. No es un matiz: es la clase de dato que, años después, ayuda a entender cómo alguien prepara el terreno antes de que el horror sea visible.
Los análisis forenses fueron determinantes. En la máquina y en el inmueble se hallaron perfiles genéticos vinculados a Liria y a Adriana, algo que permitió sostener ante el jurado que ambas habían sufrido un final irreversible y que, después, se intentó hacer desaparecer todo rastro. Los investigadores, además, reconocieron una de las heridas más duras para las familias: los restos nunca pudieron ser localizados.
Con esas pruebas, el caso se encauzó por una vía penal concreta: dos delitos de homicidio, además de estafa continuada, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. Esa combinación de delitos revelaba algo más amplio que la violencia: también un intento de construir una vida “normal” encima de un engaño sostenido, como si el silencio pudiera convertirse en patrimonio.
La dimensión económica apareció con fuerza en la sentencia. Se consideró probado que, tras la muerte de su tía, el acusado constituyó una empresa con ánimo de obtener beneficios, giró recibos contra la cuenta de la víctima por importes elevados y simuló documentos, incluido un contrato de arrendamiento que le permitía disponer del chalet durante años. A veces, lo que deja sin aire no es solo la violencia, sino la frialdad de intentar convertirla en negocio.
El juicio con jurado fue uno de los momentos más tensos del caso. La defensa pidió la eximente por enfermedad mental, pero el tribunal concluyó que la esquizofrenia no anuló sus capacidades para comprender y dirigir sus actos, apoyándose en peritajes psiquiátricos y en la propia “elaboración” de los hechos y maniobras posteriores. Es importante decirlo con cuidado: un diagnóstico no explica por sí solo un crimen, y tampoco debe usarse para estigmatizar a quienes viven con trastornos mentales y no hacen daño a nadie.
La Audiencia Provincial de Madrid dictó condena en octubre de 2017, con un reparto que muestra cómo se construyó la pena total: 12 años por cada homicidio, 21 meses y un día por estafa, seis meses por falsedad documental y un año por tenencia ilícita de armas, hasta sumar 27 años, tres meses y un día de prisión. En paralelo, se asumió otra realidad dolorosa: el momento exacto de los hechos no pudo fijarse con total precisión, aunque el fallo los situó en torno al 1 de abril de 2015.
En marzo de 2018, el TSJM confirmó el grueso de la sentencia, y el caso se encaminó al último escalón. Esa confirmación sostuvo la tesis principal: que no se trataba de un episodio confuso, sino de hechos acreditados por prueba científica y por la coherencia del relato penal, pese a la ausencia de los restos.
El cierre judicial definitivo llegó el 9 de octubre de 2018, cuando el Tribunal Supremo confirmó la condena y dejó la sentencia firme, rechazando el recurso del acusado. Para las familias, esa firmeza no devolvía a Adriana ni a Liria, pero al menos evitaba el peor de los finales sociales: que la verdad quedara flotando como rumor y no como hecho declarado por la justicia.
Sin embargo, hay un daño que no lo arregla ninguna resolución: el duelo sin despedida. Cuando no hay un lugar al que acudir, cuando el cuerpo no aparece, el dolor se queda “sin suelo”. En el caso de Adriana, el punto de partida fue el amor familiar que se negó a aceptar el silencio; en el de Liria, la herida fue doble, porque el entorno íntimo quedó contaminado por la sospecha y por una ausencia prolongada que ya no tenía cómo explicarse.
Este caso también enseña cómo un apodo puede deformar la mirada. El término “descuartizador” se impuso por su impacto, pero corre el riesgo de convertir la historia en espectáculo y de empujar a las víctimas al fondo del relato. Adriana y Liria no son un titular: son dos vidas con gente alrededor, con historias propias, con afectos que siguen cargando preguntas que nadie debería cargar.
Si algo útil se puede extraer, es mirar señales que a veces se minimizan: desapariciones repentinas en contextos de alquiler vulnerable, relatos “demasiado convenientes” cuando alguien falta, intentos de aislar a la persona o de cortar su contacto con la familia, y movimientos económicos extraños ligados a una ausencia. Y, si esta lectura te remueve o te hace pensar en alguien en riesgo, en España ante peligro inmediato se llama al 112; para orientación especializada en violencia contra las mujeres existe el 016 (también WhatsApp 600 000 016); y si alguien está pasando por una crisis emocional intensa, la línea 024 puede acompañar. Porque lo que salva, muchas veces, no es entenderlo todo: es actuar a tiempo.
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