Lucrecia Pérez Matos llevaba apenas un mes en España cuando entendió que la supervivencia, a veces, se mide en cosas pequeñas: un techo aunque esté roto, una sopa caliente aunque sea a la luz de una vela, un grupo de compatriotas cerca para que el miedo no te muerda a solas. Había dejado atrás a su hija, Kenia, en República Dominicana, con la promesa silenciosa que tantas madres cargan al migrar: “vuelvo con algo mejor”. Esa promesa se quedó suspendida para siempre la noche del 13 de noviembre de 1992.
Lucrecia era una mujer dominicana, recordada en los homenajes institucionales como la primera víctima de xenofobia reconocida oficialmente en España. No llegó a Madrid buscando titulares: llegó buscando trabajo, enviando fe en sobres invisibles, sosteniendo la idea de que el esfuerzo, tarde o temprano, encuentra su recompensa. En Aravaca, entonces, había una comunidad de dominicanos que se ayudaba como podía, incluso compartiendo refugios precarios.
El lugar era una ruina con nombre de otro tiempo: la antigua discoteca Four Roses, abandonada, junto a carreteras que parecían prometer salida y, esa noche, solo ofrecieron eco. Allí dormían y comían varios migrantes, porque a veces la ciudad expulsa y el borde se vuelve casa. En paralelo, Madrid también tenía otro mapa, más oscuro: el de grupos ultras y neonazis que se reunían, se envalentonaban y salían a buscar “un objetivo” como quien sale a comprar tabaco.
Según la sentencia que se conocería después, cuatro jóvenes —entre ellos un guardia civil, Luis Merino Pérez, y tres chicos de 16 años— decidieron dar “un escarmiento” a las personas que vivían en Four Roses. No fueron a “asustar” al azar: fueron con una idea racista y xenófoba ya asentada, con reparto de roles y con armas. Lo que para ellos era un “mensaje”, para una familia iba a ser un vacío imposible de llenar.
Eran aproximadamente las nueve de la noche cuando irrumpieron en el edificio. En la estancia había gente cenando; había cansancio de jornada, conversaciones bajas, esa calma frágil que existe cuando te crees a salvo por un rato. En segundos, todo cambió: Lucrecia perdió la vida por impactos de arma de fuego, y otro dominicano, César Augusto Vargas, sobrevivió con heridas graves. Aquella noche, además de una vida, se quebró la idea de que el racismo era “algo lejano” en la España democrática.
La conmoción fue inmediata. Hubo protestas, indignación, miedo a una escalada de agresiones contra migrantes. Y, por primera vez para mucha gente, se dijo en voz alta lo que a menudo se escondía detrás de bromas, pintadas y miradas: que el odio también puede convertirse en violencia real, y que cuando se deshumaniza a un grupo, la puerta a lo irreversible queda entreabierta.
La investigación encontró una pieza decisiva: la balística. El Servicio de Información de la Guardia Civil desarrolló la operación tras hallar elementos “indubitados” que vinculaban el arma reglamentaria del agente con el ataque. Ese detalle tiene un peso moral enorme: el caso no señalaba solo a “cuatro neonazis”, sino también la necesidad de control interno cuando alguien armado y con placa lleva dentro el veneno del odio.
El 27 de noviembre de 1992 se anunció la detención de Luis Merino Pérez y de los tres jóvenes residentes en Madrid por su presunta implicación. En el relato judicial posterior aparecería también el origen del plan: reuniones y conversaciones en el entorno de la plaza de los Cubos, donde se movían grupos vinculados a ideas racistas. A veces, el inicio de un crimen no es una noche: es una cultura repetida, una pandilla que se refuerza, una impunidad que se cree eterna.
El proceso judicial fue clave no solo por el castigo, sino por el nombre que le puso al hecho. El 6 de julio de 1994, la Audiencia de Madrid dictó una sentencia histórica: la primera condena por un crimen racista en España, reconociendo que la motivación xenófoba estaba en el corazón del ataque. La justicia no podía devolver a Lucrecia, pero sí podía evitar que se la redujera a un “incidente” sin significado.
La suma de penas fue de 126 años de prisión: 54 años para Luis Merino y 24 años para cada uno de los tres coautores. La sentencia también fijó una indemnización de 20 millones de pesetas para Kenia, la hija de Lucrecia, y declaró al Estado responsable civil subsidiario, subrayando que el daño había sido posible, además, por una falla de control sobre un funcionario armado. En ese punto, el caso dejó de ser solo una tragedia: pasó a ser un espejo institucional.
Hubo recursos, como ocurre en los casos que marcan época. Y el 26 de marzo de 1996, la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia, rechazando que se rebajara la calificación a homicidio y manteniendo el marco penal impuesto. Para la familia, esa confirmación fue una forma de sostén: al menos, la verdad judicial no se movía de sitio.
Con los años, el nombre de Lucrecia quedó asociado a un punto de inflexión: la conversación pública sobre delitos de odio, el reconocimiento del racismo en instituciones y la presión social para que estas violencias no se trataran como “cosas de chavales” o “excesos aislados”. Pero también quedó una herida más íntima, casi siempre olvidada en los resúmenes: la de Kenia, creciendo lejos, con fotos contadas y una ausencia total, construyendo su vida alrededor de una madre que ya no pudo volver.
Esa memoria, además, no se quedó en 1992. En 2017, el Ayuntamiento de Madrid volvió a homenajearla en el 25 aniversario, reafirmando su reconocimiento como primera víctima de xenofobia oficialmente identificada como tal. En 2022, el distrito de Moncloa-Aravaca impulsó una escultura y el arreglo de la plaza con su nombre coincidiendo con el 30 aniversario. La ciudad, al menos en parte, intentó que su historia no quedara enterrada bajo el ruido del tiempo.
Y aun así, en noviembre de 2025, el caso regresó a titulares por una polémica política: la negativa a apoyar un nuevo homenaje institucional con el argumento de que “ya hay suficientes”. Esa discusión revela algo incómodo: que la memoria no es un monumento quieto, sino una disputa constante sobre qué duele, a quién se reconoce, y qué nombres se pronuncian cuando el clima social se vuelve más áspero.
Hablar de Lucrecia hoy también sirve para identificar señales que suelen preceder al odio convertido en violencia: lenguaje de deshumanización (“no son personas, son…”), bromas repetidas que normalizan el desprecio, pintadas y amenazas, grupos que “salen a cazar”, acoso a quienes parecen diferentes, y la peligrosa idea de que el ataque es un “escarmiento” legítimo. Cuando esas señales aparecen, no se minimizan: se documentan, se denuncian, se busca apoyo y se protege a quien esté en riesgo.
Si estás en España y hay peligro inmediato, llama al 112. Si presencias una agresión o una amenaza grave, contacta con Policía Nacional (091) o Guardia Civil (062). Y si esta historia te remueve por experiencias propias —por racismo, acoso o violencia—, no lo lleves en silencio: pedir ayuda también es una forma de recuperar el aire. Lucrecia Pérez no debería ser recordada solo por cómo perdió la vida, sino por lo que su nombre obligó a ver: que el odio, cuando se tolera, aprende a cruzar puertas.
0 Comentarios