El domingo 9 de marzo de 1997 amaneció como un día cualquiera en Cornellà de Llobregat, Barcelona, pero terminaría convirtiéndose en la fecha fundacional de la lucha por los desaparecidos en España. Cristina Bergua Vera, una joven de 16 años llena de vida y alegría, salió de su casa aquella tarde con un propósito difícil para su edad: romper sentimentalmente con su novio, Javier Román, un chico diez años mayor que ella. Nadie en su familia imaginaba que aquel portazo al salir sería el último sonido que escucharían de ella, marcando el inicio de una angustia que se extiende ya por casi tres décadas.
Cristina era una adolescente responsable y muy apegada a sus padres, Juan y Luisa. Aquella tarde, aunque nerviosa por la decisión que había tomado, mantuvo su rutina habitual. Le confesó a su madre y a sus amigas que la relación con Javier ya no funcionaba, que se sentía agobiada y quería recuperar la libertad propia de su juventud. Quedó con él para hablar, con la promesa firme de regresar a casa a las diez de la noche, una hora sagrada en la disciplina familiar de los Bergua.
El reloj marcó las diez, luego las diez y media, y el silencio comenzó a llenar el hogar. La puntualidad de Cristina era inquebrantable, y su ausencia sin una llamada de aviso —en una época donde los móviles aún no eran omnipresentes pero las cabinas sí— encendió todas las alarmas. Su padre, Juan, no esperó al día siguiente; esa misma noche salió a buscarla, recorriendo las calles y comisarías, chocando con la incomprensión inicial de un sistema que etiquetaba estas ausencias como "fugas voluntarias" de adolescentes.
Todas las miradas se dirigieron de inmediato hacia Javier Román. Él fue la última persona en verla con vida. Según su declaración ante la policía, Cristina efectivamente rompió con él aquella tarde. Aseguró que, tras la conversación, la dejó cerca de la carretera de Esplugues, a poca distancia de su casa, alrededor de las nueve y media de la noche. Sin embargo, su actitud fría y distante durante los primeros momentos de la búsqueda desconcertó a la familia y a los investigadores.
Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional investigaron a Javier a fondo. Se descubrieron contradicciones en su relato y comportamientos extraños, como el hecho de que, apenas días después de la desaparición, se deshiciera de varios objetos personales. Sin embargo, la justicia se topó con un muro infranqueable: la ausencia de cuerpo y de pruebas físicas directas. Sin un cadáver o un rastro biológico que lo incriminara irrefutablemente, la presunción de inocencia se mantuvo firme, dejando al principal sospechoso en libertad.
Meses después, una carta anónima recibida por la familia Bergua dio un vuelco a la investigación. El mensaje, breve y macabro, aseguraba que el cuerpo de Cristina había sido arrojado a un contenedor de basura de Cornellà. Esta pista conducía a un destino aterrador: el vertedero del Garraf, un inmenso depósito de residuos donde terminaban las basuras de toda el área metropolitana de Barcelona. La posibilidad de que Cristina estuviera sepultada bajo toneladas de desperdicios heló la sangre de sus padres.
La búsqueda en el vertedero del Garraf fue una operación titánica y desesperada, iniciada casi un año después de la desaparición, en marzo de 1998. Durante un mes, operarios y policías removieron miles de toneladas de basura en una zona acotada, buscando cualquier vestigio de la joven. Fue buscar una aguja en un pajar podrido. A pesar del esfuerzo y del coste emocional y económico, el vertedero no devolvió a Cristina, y la búsqueda se suspendió sin resultados.
El caso entró entonces en un doloroso letargo judicial. Se realizaron nuevas inspecciones en la casa de Javier, se revisaron pozos y descampados, pero la tierra parecía habérsela tragado. La familia Bergua, lejos de rendirse, transformó su dolor en activismo. Juan y Luisa se dieron cuenta de que no estaban solos en su tragedia y de que las leyes españolas de la época dejaban desamparadas a las familias de los desaparecidos.
Así nació Inter-SOS, la primera asociación de familiares de personas desaparecidas sin causa aparente en España. Los padres de Cristina se convirtieron en el motor de un cambio legislativo y social, logrando que se mejoraran los protocolos policiales y se crearan unidades especializadas. Su lucha consiguió que el 9 de marzo, la fecha de la desaparición de su hija, fuera declarado oficialmente por el Congreso como el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente.
A lo largo de los años, la figura de Javier Román ha permanecido bajo la sombra de la sospecha. En 2018, un equipo de televisión logró localizarlo; lejos de mostrar empatía, reaccionó con violencia ante las cámaras, amenazando a los periodistas. Su vida continuó, mientras la habitación de Cristina en Cornellà permanecía intacta, congelada en el tiempo con sus peluches y recuerdos, esperando un regreso que nunca se produjo.
La barrera legal de la prescripción ha sido otra espada de Damocles sobre la cabeza de la familia. Aunque en 2017 se cumplieron 20 años de los hechos, momento en el que prescribían los delitos de asesinato según el código penal anterior, diversas actuaciones judiciales han intentado mantener viva la causa. Hoy, en 2025, se habla de una fecha límite definitiva en marzo de 2027, cuando se cumplirían 30 años, cerrando posiblemente cualquier vía penal para siempre.
El impacto del caso ha trascendido las fronteras de Cornellà. Cristina Bergua no es solo una chica desaparecida; es el símbolo de una deuda pendiente de la democracia española. Su rostro, eternamente joven en los carteles que empapelan la ciudad cada aniversario, nos recuerda que hay duelos que no pueden cerrarse porque no hay cuerpo que velar. "10.000 días sin Cristina" se leía en las pancartas recientes, una cifra que marea por el peso de la ausencia acumulada.
Los avances tecnológicos y la revisión de pruebas con nuevas técnicas forenses han abierto pequeñas ventanas de esperanza en los últimos años, pero ninguna ha arrojado la luz definitiva. La policía asegura que el caso sigue abierto y que no se deja de investigar, pero la realidad es que, sin la colaboración de quien sabe la verdad, las posibilidades de encontrarla se reducen con cada día que pasa.
Juan y Luisa han envejecido buscando. Su resistencia es un ejemplo de amor incondicional, pero también de la tortura psicológica que supone la incertidumbre. Han declarado en múltiples ocasiones que prefieren la "noticia fatídica" de encontrar sus restos a seguir viviendo en el limbo del "no saber". Solo quieren darle un descanso digno y tener un lugar donde llevarle flores.
En la actualidad, el legado de Cristina es innegable. Gracias a ella, hoy existen el Centro Nacional de Desaparecidos y bases de datos unificadas de ADN que han permitido resolver otros casos. Su desaparición forzó al sistema a abrir los ojos, aunque el precio pagado por su familia haya sido incalculable.
El misterio de Cristina Bergua sigue siendo una herida abierta en el corazón de Cornellà. Mientras el vertedero del Garraf guarda sus secretos y el principal sospechoso calla, la sociedad no puede permitirse olvidar. Recordar a Cristina es exigir que la búsqueda de la verdad no tenga fecha de caducidad, porque aunque la justicia tenga límites temporales, el dolor de unos padres no prescribe jamás.
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