El 28 de septiembre de 1992, la ciudad de Córdoba se preparaba para cerrar un mes caluroso, ajena a que esa tarde marcaría el inicio de uno de los misterios más dolorosos de su crónica negra. Soledad Donoso, una joven de 18 años llena de vitalidad y proyectos, salió de su casa en la plaza de San Pedro con la rutina habitual de quien se dirige a su empleo. Trabajaba en una pizzería local y aquel lunes no parecía diferente a cualquier otro, hasta que su rastro se desvaneció en el trayecto, sumiendo a su familia en una pesadilla que duraría más de tres décadas.
La ausencia de Soledad encendió las alarmas casi de inmediato. No era propio de ella faltar al trabajo ni dejar de comunicarse con su madre, Carmen, o su hermana, Mari Mar. La angustia se apoderó del hogar familiar mientras las horas se convertían en días sin noticias. La policía comenzó a investigar, pero en aquellos primeros momentos, como ocurría frecuentemente en la época, se barajaron hipótesis de fuga voluntaria que el tiempo se encargaría de desmentir cruelmente.
Durante catorce días interminables, Córdoba se llenó de carteles con su rostro y preguntas sin respuesta. La familia movió cielo y tierra, buscando cualquier pista que pudiera conducir al paradero de la joven. Sin embargo, el destino de Soledad ya estaba sellado en un paraje solitario y de difícil acceso, lejos de la seguridad de las calles que ella transitaba a diario. La esperanza de encontrarla con vida se mantuvo hasta el último segundo, pero se quebró definitivamente a mediados de octubre.
El 12 de octubre de 1992, un grupo de niños que cazaba pájaros en las inmediaciones del río Guadalquivir, en una zona conocida como El Arenal, tropezó con el horror. Entre la maleza y el fango, hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición. La noticia corrió como la pólvora y, aunque la identificación visual era complicada por el estado de los restos, las prendas y objetos personales confirmaron que se trataba de Soledad. La búsqueda había terminado, pero el calvario judicial apenas comenzaba.
La escena del hallazgo planteaba más incógnitas que certezas. El cuerpo se encontraba en un lugar intrincado, lo que sugería que quien la dejó allí conocía bien el terreno o se tomó muchas molestias para ocultar el crimen. No obstante, la primera intervención forense se convirtió en el primer gran obstáculo para la justicia. La autopsia inicial fue vaga, apuntando a causas indeterminadas o naturales, lo que enfrió la investigación policial en un momento crítico donde las pruebas eran vitales.
La familia Donoso, incrédula ante la versión de una muerte sin violencia dada la juventud de Soledad y las circunstancias de su desaparición, luchó incansablemente por una revisión. Años más tarde, una segunda autopsia realizada por la prestigiosa forense Josefina Lamas dio un vuelco al caso: Soledad no había muerto por causas naturales. Había sido brutalmente asesinada, víctima de una paliza severa que le causó la muerte. La verdad emergía, pero el tiempo perdido había permitido al asesino borrar sus huellas.
Con la confirmación del homicidio, la investigación se reactivó, poniendo el foco en el círculo cercano de la víctima. Las sospechas recayeron sobre un amigo de Soledad, un joven con quien había mantenido contacto antes de su desaparición. A pesar de los indicios y de las contradicciones en sus declaraciones, la falta de pruebas biológicas directas o testigos presenciales impidió armar una acusación sólida en aquel entonces. El sospechoso siempre negó los hechos, manteniendo su inocencia frente a la presión policial y social.
El caso de Soledad se convirtió en un paradigma de la mala praxis investigadora de los años 90. Se perdieron pruebas fundamentales, como prendas de ropa de la víctima y muestras biológicas que, con la tecnología actual, podrían haber sido determinantes. La familia denunció repetidamente que la instrucción estuvo plagada de errores, negligencias y desidia, creando un agujero negro por donde se escapó la justicia.
A lo largo de los años, el expediente judicial sufrió un vaivén de archivos y reaperturas. Cada vez que la justicia intentaba cerrarlo por falta de autor conocido, la familia Donoso presentaba recursos, aportaba nuevas líneas de investigación o contrataba detectives privados para mantener viva la causa. En 2012, cuando el crimen estaba a punto de prescribir al cumplirse los 20 años, se logró una reapertura in extremis al apreciar el juzgado "indicios de criminalidad" contra el principal sospechoso.
Esta reapertura trajo una nueva esperanza. El imputado fue llamado a declarar nuevamente, y se realizaron careos y nuevas pruebas periciales. La ciudad de Córdoba volvió a clamar justicia, recordando que un asesino seguía libre entre sus calles. Sin embargo, la jueza instructora consideró que los indicios, aunque existentes, no tenían la contundencia suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y llevar al acusado a juicio oral.
El caso volvió a archivarse provisionalmente, dejando a la familia en un limbo legal y emocional desgarrador. La impotencia de saber que existía una persona señalada por la investigación, pero intocable por la falta de una "pistola humeante", se convirtió en una condena perpetua para la madre y la hermana de Soledad. Ellas se convirtieron en la voz de la víctima, asegurando que no pararían hasta que el culpable pagara.
En 2018, coincidiendo con el 26 aniversario, la investigación tuvo un último aliento gracias a la aparición de nuevas técnicas de análisis de ADN. Se revisaron restos óseos y otros vestigios conservados, buscando una coincidencia genética que nunca llegó. Los resultados fueron negativos o inconcluyentes, cerrando la última puerta científica que quedaba abierta para resolver el misterio.
Llegados a 2025, la realidad jurídica se impuso con toda su crudeza. Al haber transcurrido más de 30 años desde el crimen y haberse agotado las prórrogas de las reaperturas sin una acusación formal firme que interrumpiera definitivamente los plazos, el caso ha entrado en la fase de prescripción técnica. Esto significa que, aunque mañana apareciera una prueba irrefutable o una confesión, el sistema legal ya no podría castigar al culpable.
Para Córdoba, el nombre de Soledad Donoso es sinónimo de una herida abierta. Cada 28 de septiembre, la Plaza de San Pedro se llena de velas y recuerdos en su honor. La sociedad cordobesa no ha olvidado a la chica de 18 años a la que le robaron el futuro, y su caso se estudia hoy como ejemplo de lo que nunca debe ocurrir en una instrucción policial y judicial.
La madre de Soledad, Carmen, falleció sin ver al asesino de su hija tras las rejas, un dolor añadido a la tragedia. Su hermana Mari Mar ha recogido el testigo de la memoria, luchando no ya por una sentencia penal que el sistema le niega, sino por la verdad moral y el reconocimiento de que a Soledad le fallaron quienes debían protegerla.
El crimen de Soledad Donoso quedará en la historia como el crimen perfecto no por la astucia del asesino, sino por la imperfección del sistema. Hoy, 33 años después, el silencio del río Guadalquivir sigue guardando el secreto de lo que pasó aquella tarde de septiembre, mientras un culpable vive su vida impune gracias al olvido administrativo, pero condenado por la memoria de una ciudad que se niega a perdonar.
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