La tarde del 21 de septiembre de 2013 parecía una más en Santiago de Compostela. Asunta Yong Fang Basterra Porto, 12 años, había pasado el día entre clases, tareas y la rutina de una niña que se movía entre el conservatorio, el colegio y la casa familiar. Esa noche, sus padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra, acudirían a la Guardia Civil para denunciar que la pequeña había desaparecido. Horas después, de madrugada, el hallazgo de su cuerpo sin vida en una pista forestal de Teo convertiría aquel aviso en uno de los casos más escalofriantes de la crónica negra española: el caso Asunta Basterra.
Asunta había nacido en China, en Yongzhou, y fue adoptada con pocos meses por un matrimonio gallego acomodado: ella, abogada de familia influyente en Santiago; él, periodista. La niña creció rodeada de oportunidades: colegios privados, clases de música, idiomas, viajes. Era una alumna brillante, con un cociente intelectual muy alto y una exigencia constante hacia sí misma. Desde fuera, esa casa de Santiago parecía ofrecer todo lo que una niña podía desear. Nadie imaginaba que, según acabarían concluyendo los tribunales, el peligro más grande estaba precisamente en quienes debían protegerla.
La noche de los hechos, Rosario y Alfonso acudieron a la comandancia a las 22:31 para denunciar que Asunta había desaparecido: contaron que la habían dejado por la tarde en el piso de Santiago haciendo deberes y que, al regresar más tarde, la niña ya no estaba. Pusieron en marcha la alarma mediática, hablaron con periodistas, pidieron ayuda. Mientras se activaba el dispositivo de búsqueda, a las 01:15 de la madrugada del 22 de septiembre dos hombres que paseaban por una pista forestal en Teo se toparon con el cuerpo de una menor. Era Asunta. Vestida de blanco, inmóvil sobre la tierra, a pocos kilómetros del chalet familiar de Montouto.
Lo que al principio parecía un caso de desaparición y hallazgo trágico empezó a resquebrajarse muy rápido. Los primeros análisis detectaron en el organismo de la niña cantidades muy elevadas de un ansiolítico, lorazepam (Orfidal), en un nivel que los forenses calificaron de “intoxicación grave”: Asunta estaba tan sedada que difícilmente habría podido defenderse de nada. El estudio de su cabello fue aún más demoledor: reveló consumos repetidos de ese mismo medicamento en los meses anteriores, al menos desde junio de 2013. Es decir, alguien llevaba tiempo administrándole fármacos en dosis adultas a una menor. Ese “alguien”, según el jurado, eran sus propios padres.
Ahí empieza a dibujarse la verdadera crueldad del caso. No se trató solo de una noche espantosa, sino de un proceso sostenido. Profesores de la academia de música recordaron a Asunta somnolienta, mareada, casi sin poder sostener la cabeza en la mesa en varias ocasiones ese verano. Entonces nadie imaginaba que detrás de aquellos episodios había un patrón: una niña brillante, apagándose poco a poco porque las personas que más decía quererla la estaban debilitando desde dentro, a cucharadas de pastillas trituradas camufladas en la comida.
La investigación, bautizada por la Guardia Civil como Operación Nenúfar, reconstruyó un plan que los jueces definieron como “razonamiento perverso” y “plan concordado”. Según el auto de instrucción y el veredicto del jurado, el padre se encargaba de suministrar el fármaco en el domicilio de Santiago, especialmente cuando la niña se quedaba con él; la madre, abogada y heredera de un importante patrimonio, habría sido la mano que ejecutó el último paso en el chalet de Teo, donde la pequeña llegó ya muy sedada. Entre ambos, siempre según las sentencias firmes, tejieron el hilo que llevó a su propia hija a la muerte.
La crueldad no se limitó a lo que ocurrió puertas adentro. Tras deshacerse del cuerpo en la pista forestal, los padres regresaron a la ciudad e iniciaron la representación más fría: denuncia de desaparición, apariciones ante las cámaras, gestos de dolor. Rosario fue vista llorando ante periodistas, Alfonso colaboró en las reconstrucciones, se abrazaron a la salida del juzgado. En paralelo, los investigadores ya habían empezado a detectar contradicciones en sus relatos, movimientos extraños de coche y llamadas que no cuadraban. La distancia entre lo que decían en público y lo que revelaban los datos forenses se convirtió en otro de los elementos más difíciles de digerir del caso.
Las cámaras de seguridad fueron implacables. Mostraron a Rosario sacando a Asunta de casa en su vehículo rumbo a Teo cuando, según ella, la menor supuestamente estaba en el piso haciendo tareas. Otras imágenes captaron al padre haciendo compras importantes de medicamentos en fechas muy cercanas a los episodios de mareos de la niña. La suma de indicios —las cuerdas halladas en la finca, idénticas a las usadas para inmovilizar a la menor; los restos de sedante; la cronología de movimientos— llevó al jurado a una conclusión unánime: no había un monstruo desconocido, no hubo un secuestro casual. Hubo un plan. Y ese plan nació en casa.
En noviembre de 2015, la Audiencia Provincial de A Coruña condenó a Rosario Porto y Alfonso Basterra a 18 años de prisión cada uno por un delito de asesinato con agravante de parentesco. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmó después que había sido Rosario quien estuvo físicamente en la vivienda de Montouto cuando se produjo el desenlace, pero mantuvo la pena para ambos por considerar que la muerte de Asunta fue parte de un “plan conjunto preconcebido”. En 2016, el Tribunal Supremo cerró definitivamente la puerta: ratificó las condenas y subrayó que, sin la intervención de Alfonso, “no habría podido ser llevado a cabo el macabro desenlace”.
La crueldad que destila el caso va más allá de la violencia física: está en el abuso máximo de confianza y de poder. Asunta dependía de sus padres para todo: para comer, para dormir, para ir a clase, para ir a la casa de campo. Cuando se mareaba, eran ellos quienes decidían si la llevaban o no al médico. Cuando faltaba a actividades, eran ellos quienes daban explicaciones. Ese control absoluto fue utilizado, según las sentencias, no para protegerla, sino para convertirla en una víctima indefensa, debilitada durante meses, hasta el punto de no poder siquiera pedir ayuda el día en que su cuerpo dejó de aguantar.
Los años posteriores tampoco han cerrado la herida. Rosario Porto, que siempre proclamó su inocencia y negó haber administrado sedantes a su hija, se quitó la vida en prisión en noviembre de 2020, en la cárcel de Brieva (Ávila), después de dos intentos previos. Alfonso Basterra continúa cumpliendo condena y ha sido trasladado recientemente a la prisión de Topas (Salamanca); desde allí ha publicado incluso una novela escrita entre rejas, algo que ha generado un profundo rechazo en parte de la opinión pública al ver el nombre de Asunta dedicado en un libro firmado por quien fue condenado por participar en su final.
Una década después, reportajes de RTVE, análisis de Newtral y la miniserie de Netflix El caso Asunta han vuelto a colocar la historia en el centro del debate, recordando las mismas preguntas que nunca se han podido responder del todo: ¿por qué? ¿Qué lleva a unos padres con recursos, educación y una niña excepcional a trazar —según la justicia— un plan tan frío contra ella? Los jueces dejaron claro que no pudieron acreditar un móvil único; hablaron de “razonamiento perverso”, de una niña que quizá les estorbaba, de conflictos internos que nunca se conocerán del todo.
El caso Asunta Basterra no es solo la crónica de un crimen planificado, sino un espejo de hasta dónde puede llegar la crueldad cuando se retuerce el vínculo más sagrado: el de unos padres con su hija. No hubo un desconocido en la noche, ni un monstruo al acecho en el bosque; hubo una niña que confiaba ciegamente en quienes, según la sentencia, llevaban meses debilitándola en silencio. Y por eso, cada vez que se menciona su nombre, la sensación es la misma: que no hay nada más aterrador que imaginar la soledad de una niña de 12 años sedada, camino de una casa de campo, sin saber que el verdadero peligro no estaba fuera, sino sentado a su lado en el coche.
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