Tenía 19 años cuando un tribunal de Jartum anunció, con una frialdad casi administrativa, que sería ejecutada en la horca. Su nombre era Noura Hussein, y en los papeles aparecía como “asesina de su marido”. Pero detrás de esa etiqueta había otra historia: una adolescente obligada a casarse, sometida a una agresión sexual brutal en su propia noche de boda y abandonada por quienes debían protegerla. El caso de Noura Hussein, que estalló en 2018, se convirtió en símbolo mundial de la violencia que esconden el matrimonio infantil, la impunidad dentro del hogar y un sistema legal que castigó con la pena máxima a una víctima que se defendió.
Noura había crecido en el estado de Gezira, en Sudán, con un sueño muy simple: ser maestra. Pero a los 15 años su familia pactó su matrimonio con un hombre de unos 30, mucho mayor que ella. En Sudán, la ley permite matrimonios desde los 10 años con el consentimiento de un tutor, y el matrimonio forzado sigue siendo una realidad tolerada: la voluntad de la niña suele pesar menos que el honor familiar o los acuerdos entre hombres. Noura, sin embargo, se negó. Rechazó a ese esposo elegido y huyó de casa para refugiarse con una tía durante casi tres años, alargando todo lo posible una decisión que otros ya habían tomado por ella.
Cuando al fin la convencieron para volver, le tendieron una trampa. Le dijeron que solo sería una visita familiar, pero lo que encontró fue la ceremonia que había intentado evitar durante años: la boda ya preparada, invitados, ritos, todo listo para cerrar el acuerdo sin su consentimiento. El matrimonio se celebró en público, como si se tratara de una fiesta. Lo que se pacta ante la comunidad cuesta deshacerlo después, sobre todo para una chica que aún no había terminado la escuela. Desde esa noche, legalmente, el marido dejó de ser un extraño y se convirtió, a ojos del Estado, en el hombre al que debía “obediencia conyugal”.
Noura siguió resistiéndose a consumar ese vínculo. Durante días evitó dormir con él, mantuvo las distancias, intentó que su rechazo quedara claro. La respuesta llegó de la forma más cruel. Cinco días después de la boda, el marido entró en la habitación acompañado por varios hombres de su familia, que la sujetaron mientras él la forzaba sexualmente. Fue un ataque planificado dentro de la propia casa, con la complicidad de quienes debían frenar la violencia y no facilitarla. Los informes y testimonios hablan de una agresión sexual en grupo que la dejó destrozada física y emocionalmente, pero que para la ley sudanesa ni siquiera encajaba en el concepto de delito, porque el abuso dentro del matrimonio no está reconocido como tal.
A partir de esa noche, Noura durmió con un cuchillo bajo la almohada. No era un gesto de odio, sino de puro miedo. Al día siguiente, el marido lo volvió a intentar. La acorraló de nuevo, la amenazó con un arma blanca y se lanzó sobre ella, confiado en que, como la vez anterior, tendría de su lado la costumbre, la ley y el silencio. Pero esta vez hubo respuesta: en pleno forcejeo, Noura consiguió alcanzar el cuchillo y lo clavó varias veces, causándole la muerte. En lugar de protegerla, su propia familia la entregó a la policía. Una chica que había intentado sobrevivir a un matrimonio impuesto y a una agresión sexual repetida pasaba de víctima a acusada principal.
El juicio fue un espejo de la brutalidad estructural que rodeaba a Noura. El tribunal ignoró casi por completo su relato de lo ocurrido, desoyó el contexto de matrimonio forzado y violencia sexual y se aferró a un Código Penal que no reconoce la agresión dentro del matrimonio como delito. En abril de 2018 fue declarada culpable de “homicidio intencional” y, el 10 de mayo, el juez la condenó a muerte por ahorcamiento. La familia del esposo se negó a ofrecer su perdón o a aceptar compensación económica, cerrando la única vía que, según la ley sudanesa, podía salvarla de la ejecución.
Ahí empezó otro capítulo del caso Noura Hussein: el del grito global. Organizaciones como Amnesty International y Equality Now denunciaron la sentencia como “un acto de crueldad intolerable” y recordaron que Noura era, ante todo, una superviviente de matrimonio infantil y violencia sexual, no una criminal peligrosa. Naciones Unidas, la Unión Europea y gobiernos como el de Alemania pidieron clemencia y una revisión del caso. En redes, el hashtag #JusticeForNoura comenzó a multiplicarse: se recogieron más de un millón de firmas en cuestión de semanas, con campañas en las que participaron desde colectivos feministas sudaneses hasta actrices como Emma Watson y Naomi Campbell.
La presión funcionó parcialmente. En junio de 2018, el tribunal de apelación anuló la condena por asesinato premeditado, la sustituyó por un cargo de homicidio y convirtió la pena de muerte en cinco años de prisión y el pago de “diya”, el llamado “precio de sangre”: 337.000 libras sudanesas, unos 12.000–18.000 dólares, que debían entregarse a la familia del esposo fallecido. El tiempo de cárcel empezaba a contarse desde mayo de 2017, cuando Noura había ingresado en la prisión de mujeres de Omdurman. Se salvaba la vida, sí, pero seguía siendo castigada por haberse defendido.
Tras el ruido mediático, llegó el silencio de los muros. En la cárcel, Noura siguió estudiando gracias al apoyo de Equality Now y organizaciones locales, que le consiguieron tutores, materiales y comida extra para ella y otras internas. Terminó la secundaria y empezó a soñar con estudiar Derecho para ayudar a otras chicas en su situación. Mientras tanto, el mundo que había gritado su nombre pasaba página. La foto de la adolescente tras los barrotes, que había encabezado campañas internacionales, se fue difuminando en la memoria global, aunque su caso siguió apareciendo en informes sobre pena de muerte, violencia de género y fallos del sistema judicial sudanés.
En 2021, sin grandes titulares, se produjo al fin la noticia que muchas personas habían esperado: Noura Hussein fue puesta en libertad. Equality Now explica que la organización presionó para su excarcelación anticipada y encontró a un donante que pagó íntegramente la “diya”; ese pago fue, literalmente, su billete de salida. Su liberación se mantuvo en secreto durante meses por miedo a represalias de la familia del marido. Solo en febrero de 2022 se supo públicamente, cuando el propio grupo y medios como The Guardian contaron que Noura vivía en Jartum y se había casado con un primo, intentando empezar de nuevo.
La realidad fuera de la cárcel, sin embargo, no fue el final luminoso que muchos esperaban. En esa entrevista de 2022, Noura confesó sentirse “decepcionada”: dijo que buena parte de las personas y organizaciones que prometieron ayudarla con estudios o asilo nunca volvieron a aparecer, y que la vida en Sudán sigue siendo dura y peligrosa para una mujer marcada por un caso tan mediático. Aun así, terminó sus estudios y trató de construir una vida relativamente anónima, atrapada entre el deseo de pasar página y el peso de ser un símbolo internacional que no eligió ser.
El caso Noura Hussein también expuso las costuras legales de Sudán ante el mundo. Su historia fue citada en informes académicos y de derechos humanos como ejemplo de cómo el derecho de familia y el Código Penal sudanés toleran el matrimonio infantil, exigen obediencia de la esposa y no contemplan la violencia sexual dentro del matrimonio como delito. En 2020, el país dio un paso importante al criminalizar la mutilación genital femenina, pero sigue sin reconocer expresamente la violencia sexual conyugal ni ha abolido la pena de muerte, que continúa aplicándose en una amplia gama de delitos.
Hoy, el caso de Noura Hussein sigue resonando como advertencia. Es la historia de una adolescente a la que arrebataron la infancia con un matrimonio pactado, que fue atacada en nombre del “deber conyugal” y que, al defenderse, fue arrastrada hasta el corredor de la muerte. Es también la historia de un mundo que, por una vez, alzó la voz lo bastante alto como para salvar su vida… pero no siempre lo suficiente como para sostenerla después. Detrás del hashtag #JusticeForNoura hay una pregunta incómoda: ¿cuántas Nouras, en Sudán y en otros países, siguen hoy atrapadas en matrimonios impuestos y en casas donde la ley parece quedarse fuera, sin que ninguna campaña llegue a poner sus nombres en boca de todos?
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