La madrugada del 10 de septiembre de 2023, en algún punto frente a la costa de Gandía (Valencia), el rastro de María del Carmen Fernández Vázquez, de 43 años, se perdió en el mar. Era camarera del buque oceanográfico García del Cid, perteneciente al CSIC, y estaba de servicio cuando dejó de ser localizada a bordo. No hubo mayday, no hubo cámara que lo explicara, no apareció su cuerpo. Un año después, la justicia cerró la causa como una desaparición sin delito claro; para su familia, sindicatos y muchas compañeras, el caso huele a algo muy distinto: a una historia de desprotección, acoso y silencio institucional.
Antes de ser “la trabajadora desaparecida del CSIC”, Mari Carmen era una mujer de Cangas do Morrazo que vivía en Bueu, casada y madre de tres hijos. Nacida en 1980, había conseguido una plaza estable como personal laboral fijo en el García del Cid, con base operativa en Barcelona. En casa la recuerdan como alguien trabajadora, cariñosa, que no venía de ningún mundo “aventurero”: el barco era un empleo, no una fantasía romántica de alta mar.
La realidad a bordo, sin embargo, tenía poco de idílica. En su diario y en escritos dirigidos al CSIC, Mari Carmen dejó constancia de cómo se sentía: observada, juzgada, tratada como inferior en un entorno casi completamente masculino. Contó que un compañero se le acercaba demasiado, hacía comentarios sobre su cuerpo y la hacía sentirse incómoda hasta el punto de no querer salir del camarote más que para trabajar. “Solo salía a hacer mi trabajo… y volvía a encerrarme”, escribió.
En septiembre de 2018, los límites se rompieron. Durante una campaña, Mari Carmen denunció que ese mismo compañero había entrado en su camarote y cruzado todas las líneas, en un episodio que ella describió como un ataque sexual grave. A partir de entonces, según relató, él inició una campaña de descrédito con otros tripulantes, usando conversaciones privadas para ridiculizarla y presionarla. La situación se volvió tan asfixiante que el 23 de febrero de 2019 habló con el capitán y le dijo que quería abandonar el barco porque estaba siendo acosada.
Ese mismo año, 2019, se activó el protocolo de acoso sexual del CSIC y el caso se elevó a un juzgado. La institución abrió expediente, pero cuando la causa penal fue archivada, el CSIC dio también por cerrado el procedimiento interno sin sancionar al compañero ni garantizar el cambio de puesto que ella pedía. Es decir: la denuncia no se tradujo en una protección efectiva. Años después, un informe interno del propio CSIC reconocería que entre 2019 y 2023 solo se activaron doce veces los protocolos de acoso sexual o por razón de sexo, y que la desaparición de Mari Carmen obligó a revisar ese sistema claramente insuficiente.
Mientras tanto, ella seguía trabajando con la herida abierta. En textos incorporados al sumario, se describe cómo el impacto emocional fue enorme: ansiedad, sensación de estar sola contra una estructura jerárquica, peticiones de traslado que no prosperaban. El archivo judicial supuso un golpe extra: el hombre que ella había señalado continuó en su puesto, sin sanción, mientras a ella se le negaba el cambio de barco y se le pedía seguir funcionando “con normalidad”. Su abogado y su familia sostienen que esa falta de protección la dejó extremadamente vulnerable.
En septiembre de 2023, el destino la colocó de nuevo en el mismo escenario. Mari Carmen fue asignada otra vez al García del Cid para una nueva campaña oceanográfica. Durante los reconocimientos médicos previos al embarque, en Barcelona, se encontró cara a cara con el compañero al que había denunciado cuatro años antes. Según la documentación a la que han tenido acceso varios medios, verla allí la hundió: en sus notas habla de tristeza profunda, de miedo y de sentirse desamparada. Finalmente, él no llegó a embarcar en esa campaña, pero el daño ya estaba hecho: ella subió al barco con la certeza de que el sistema no la estaba cuidando.
La noche del 9 al 10 de septiembre de 2023, el García del Cid navegaba frente a la costa de Gandía. En algún momento de la madrugada se pierde la pista de Mari Carmen. No hay testigos que la vean caer al mar, ni grabaciones que lo expliquen: simplemente, deja de estar a bordo. A media mañana se activa la alerta y se pone en marcha un dispositivo de búsqueda con Salvamento Marítimo, el propio buque y otras embarcaciones de la zona. Tras dos días de rastreo sin resultados, el operativo se suspende y se emite un aviso general a la flota. Nunca se encontró su cuerpo.
La Guardia Civil abrió diligencias y barajó tres grandes hipótesis: un accidente en cubierta, un gesto desesperado fruto de la situación límite que vivía, o la intervención de terceras personas. El informe final, sin embargo, descartó indicios claros de delito y se inclinó hacia la idea de accidente o acto voluntario, sin pruebas concluyentes de una agresión directa a bordo. Para la familia, esa conclusión es tan fría como insuficiente: se preguntan cómo es posible que una trabajadora desaparezca en un barco del Estado sin que nadie pueda explicar qué pasó exactamente en esas horas.
El 22 de febrero de 2024, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Gandía decretó el archivo y sobreseimiento provisional de la causa por desaparición: consideró que no había elementos para seguir investigando un posible delito. La familia recurrió a la Audiencia Provincial de Valencia, que en abril de 2024 confirmó el archivo y lo declaró firme. En la práctica, la justicia española dejó el caso en un limbo: ni homicidio, ni accidente probado, ni declaración de fallecimiento; solo una desaparición en alta mar sin responsables.
Mientras el procedimiento penal se cerraba, el caso estallaba en la esfera pública. Medios como Público, elDiario.es, La Vanguardia o laSexta (a través de Salvados) reconstruyeron la historia de Mari Carmen, sacaron a la luz su denuncia de 2018, su diario, los correos que envió al CSIC y las contradicciones en la actuación de la institución. El organismo respondió con una nota interna a su plantilla defendiendo que el archivo judicial le obligó a detener el expediente laboral y detallando un nuevo protocolo contra el acoso sexual aprobado tras su desaparición. Para muchas expertas y sindicatos, ese movimiento llegó tarde y sonó más a blindaje reputacional que a reparación real.
El caso llegó también al Congreso y al Senado. Varias preguntas parlamentarias preguntaban al Gobierno qué había fallado: por qué se obligó a Mari Carmen a coincidir de nuevo con el hombre al que había denunciado, qué medidas de apoyo psicológico se pusieron en marcha, qué reparación se ofrecerá a sus tres hijos y qué piensa hacer el CSIC para que nada similar se repita en sus barcos. Paralelamente, el sindicato CSIF pidió una reunión urgente con el CSIC para revisar el protocolo, depurar responsabilidades y, de paso, denunciar que el buque estaba afectado por un ERE que, según ellos, podría estar relacionado indirectamente con lo ocurrido.
A día de hoy, diciembre de 2025, Mari Carmen sigue figurando oficialmente como desaparecida: no se ha hallado su cuerpo ni se ha dictado una declaración formal de fallecimiento. Su nombre aparece en artículos que hablan del “precio de la ciencia” para las mujeres que trabajan en entornos hostiles, en documentales sobre violencia en el mar y en campañas feministas que recuerdan a las trabajadoras que “dejaron la vida por la ciencia”. Para su familia, sus amigas y sus compañeras, el duelo está congelado: no hay tumba donde llevar flores, ni sentencia que diga qué pasó ni quién debió protegerla.
El caso de Mari Carmen Fernández, la trabajadora del CSIC desaparecida en el García del Cid tras denunciar acoso, es una de esas pesadillas que mezclan mar y burocracia: una mujer que se apaga poco a poco en un entorno laboral tóxico, un organismo que se parapeta en protocolos que no llegaron a tiempo, unas diligencias que hablan de accidente o gesto desesperado sin mirar lo suficiente la cadena de responsabilidades. Contarlo hoy, con las palabras sensibles suavizadas pero sin edulcorar la realidad, es una forma de negarse a que su historia se diluya entre recortes administrativos y expedientes archivados. Mientras no sepamos qué pasó en esa madrugada frente a Gandía, repetir su nombre —Mari Carmen Fernández Vázquez— es también una pregunta en voz alta: ¿cuánto vale la vida y la seguridad de una trabajadora cuando su lugar de trabajo es un barco en mitad de la nada y la única red que tiene que sostenerla decide mirar hacia otro lado?
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