La tarde del 2 de junio de 2021, Rocío Caíz Pozo, una joven de 17 años de Martín de la Jara (Sevilla), salió de casa con una idea aparentemente sencilla: ir a Estepa a hablar con su exnovio, recoger algunas cosas del bebé que tenían en común y volver a dormir a su pueblo. Era madre reciente, tenía un bebé de cuatro meses y estaba intentando reconstruir su vida tras una relación complicada. Esa noche no regresó. Ocho días después, España entera sabría que Rocío se había convertido en una de las víctimas más jóvenes de la violencia machista de aquel año.
Para entender el impacto del caso hay que mirar quién era Rocío antes de convertirse en noticia. Vivía con su familia en Martín de la Jara, en un entorno humilde y muy unido, y había sido madre siendo aún menor de edad, con todas las dificultades que eso implica. El bebé era hijo de su exnovio, Adrián N., un joven de 23 años que residía en Estepa y con quien había mantenido una relación marcada por la diferencia de edad, por discusiones y por un control que, según el entorno, fue aumentando con el tiempo.
La relación se había roto, pero como tantas veces ocurre cuando hay criaturas por medio, el vínculo no se cortó del todo. Rocío seguía en contacto con él por el bebé y, el 2 de junio, aceptó ir a su casa de Estepa. Le dijo a su madre que iba “a hablar” y a recoger algunas cosas del pequeño, que en ese momento estaba con él. Las cámaras de la estación de autobuses la captaron subiendo al transporte con su mochila. Fue la última vez que se la vio con vida.
Esa misma noche y los días siguientes, la familia empezó a recibir mensajes desde el móvil de Rocío en los que supuestamente decía que se había ido con “otro chico” a Badajoz y que no pensaba volver. Eran frases frías, que no sonaban a ella. La Guardia Civil sospechó pronto que quien escribía no era Rocío, sino alguien intentando construir una fuga voluntaria que desactivara las alarmas. Al mismo tiempo, el exnovio respondía a las preguntas de la familia con evasivas y versiones cambiantes sobre dónde estaba la joven.
El 3 de junio, los padres denunciaron la desaparición. Durante varios días el caso se trató como una “ausencia inquietante”: se difundieron carteles, se entrevistó al entorno, se revisaron movimientos de móvil. Pero el 10 de junio el guion saltó por los aires. Esa tarde, Adrián se presentó voluntariamente en el cuartel de la Guardia Civil de Estepa y realizó una confesión estremecedora: reconoció que había acabado con la vida de Rocío en su casa y que se había deshecho del cuerpo ocultando sus restos en varias bolsas repartidas por distintos puntos del municipio. Él mismo acompañó a los agentes a los lugares donde había dejado aquellas bolsas.
A partir de ese momento, la desaparición se convirtió oficialmente en crimen machista, y el caso pasó a la fase más dura de la investigación. La reconstrucción de los hechos situó la agresión en la madrugada del 2 al 3 de junio, en la vivienda de Adrián en Estepa. Según declaró el propio acusado, discutieron por la relación y por el bebé; en un momento dado, él la sujetó por el cuello con un cordón de un pantalón y mantuvo la presión hasta que dejó de reaccionar. Después, en lugar de avisar a emergencias o a la familia, optó por ocultar lo ocurrido y manipular el cuerpo para hacerlo desaparecer.
Durante días, la Guardia Civil registró no solo la casa, sino también zonas de campo y contenedores en Estepa, siguiendo las indicaciones del propio detenido. Al mismo tiempo, los investigadores tiraban del hilo de los últimos mensajes, de las compras que había hecho (como una herramienta eléctrica que llamó la atención de los agentes) y de los movimientos de su coche. La escena que se fue dibujando hablaba de una muerte que no fue un accidente, sino un acto deliberado, seguido de un intento frío de ocultar para siempre a la víctima.
La conmoción social fue inmediata. Estepa y Martín de la Jara salieron a la calle en silencio, con velas y pancartas, para recordar a Rocío y exigir que su muerte no quedara en un número más. Las instituciones confirmaron que se trataba de un caso de violencia de género: Rocío fue contabilizada como la víctima número 18 del año 2021. El hecho de que fuera tan joven, madre reciente, y que el acusado hubiera mantenido una relación con ella desde que era menor puso el foco en la falta de protección de las adolescentes frente a parejas mucho mayores.
En lo judicial, el caso avanzó con rapidez. Adrián N. fue procesado por agresión sexual, asesinato y profanación de cadáver, además de otros delitos relacionados con la ocultación del cuerpo. La acusación particular, en nombre de la familia, y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género pidieron para él la prisión permanente revisable, la pena más alta del Código Penal español. La Fiscalía, en un principio, se inclinó por la calificación de homicidio y por una petición de condena inferior, al considerar que no estaba suficientemente acreditada la premeditación ni la agresión sexual.
El juicio con jurado popular comenzó el 16 de octubre de 2023 en la Audiencia Provincial de Sevilla. Durante las sesiones, Adrián reconoció que había causado la muerte de Rocío y que se había deshecho del cuerpo, pero negó haber ejercido una agresión sexual previa. El jurado, sin embargo, valoró el conjunto de pruebas forenses y testimonios y consideró acreditado que la joven había sufrido una agresión de ese tipo antes de morir, y que la muerte fue un asesinato con intención clara de acabar con su vida, no un episodio impulsivo.
El 3 de noviembre de 2023, el jurado declaró culpable a Adrián de agresión sexual, asesinato y profanación del cuerpo. El 23 de noviembre de 2023, la Audiencia de Sevilla dictó sentencia: prisión permanente revisable por el asesinato, más penas adicionales por la agresión sexual y por la manipulación y ocultación del cuerpo de Rocío. Se le prohibió además comunicarse o acercarse a la familia, y se fijaron indemnizaciones para los padres y para el hijo de la víctima, que quedó huérfano de madre con apenas cuatro meses de vida.
La historia judicial no terminó ahí. La Fiscalía recurrió la sentencia, no para rebajar la condena, sino para pedir repetir el juicio, al considerar que el objeto de veredicto entregado al jurado no recogía adecuadamente su posición, más cercana al homicidio que al asesinato y sin apreciar agresión sexual. La defensa también recurrió, pidiendo rebajar la pena. El caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que analizó de nuevo el procedimiento, las garantías del jurado y la motivación de la sentencia.
El 26 de abril de 2024, el TSJA resolvió: confirmó íntegramente la prisión permanente revisable y rechazó tanto el recurso de la defensa como el de la Fiscalía. El tribunal andaluz avaló la calificación de asesinato con agresión sexual y consideró que el jurado había tenido información suficiente y adecuada para decidir. Con esa resolución, la condena a Adrián entró en firmeza a nivel autonómico, a la espera únicamente de eventuales recursos extraordinarios. Para la familia de Rocío fue un cierre judicial importante, aunque, como han repetido en entrevistas, “no hay sentencia que devuelva a una hija”.
El caso de Rocío Caíz es hoy un símbolo de varias cosas: de las relaciones desiguales entre hombres adultos y chicas menores, de la dificultad de detectar a tiempo el control y la violencia en parejas adolescentes, y de la necesidad de que el sistema responda con rapidez cuando una familia dice “aquí pasa algo raro”. También dejó una pregunta que sigue doliendo: ¿qué habría cambiado si alguien, antes de aquella tarde de junio, hubiera podido ver el peligro real en esa relación y ofrecer a Rocío una salida segura?
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