La noche del 12 de octubre de 2023, en un apartamento del complejo Amelia Oaks, en Hialeah (Florida), todo parecía rutinario: una madre joven, su bebé de apenas dos semanas durmiendo en una cuna, y un adolescente de 13 años que había sido siempre descrito como buen estudiante y tranquilo. Horas después, la policía entraba en ese mismo apartamento y encontraba a Irina García, 39 años, sin vida en su cama, y a su hijo Derek Rosa esperando a los agentes tras una llamada al 911 en la que, según los informes, asumió ser el autor del ataque. Desde entonces, el caso Derek Rosa se ha convertido en uno de los expedientes más inquietantes y mediáticos de la crónica reciente de Florida.
Antes de aquella noche, Derek era, en apariencia, el niño del que cualquier boletín escolar presumiría: alumno de honor, gamer, adolescente muy conectado a internet, sin antecedentes delictivos ni historial de violencia en casa. Vivía con su madre y la recién nacida; el padrastro, Frank Ramos, trabajaba como camionero y aquel día estaba fuera del estado, en Georgia, según la posterior investigación. Irina acababa de dar a luz; las fotos familiares la muestran sonriente, orgullosa de esa nueva etapa. Nada en el exterior de esa vida de clase trabajadora en Hialeah hacía presagiar la tragedia que estaba a punto de desatarse.
Según el relato de la policía y los documentos judiciales, la noche del 12 de octubre, casi a las puertas de un simbólico viernes 13, Derek esperó a que su madre durmiera junto a la cuna de la bebé. En algún momento antes de la medianoche, habría tomado un cuchillo de cocina grande, con mango de color llamativo, y se acercó a la cama. La versión oficial sostiene que la atacó mientras dormía, causándole decenas de heridas con arma blanca, tantas que el forense habló de más de cuarenta lesiones. El bebé permaneció a escasos centímetros de la escena, pero no sufrió daño físico.
Lo que vino después heló aún más a los investigadores. De acuerdo con una moción de la Fiscalía del condado de Miami-Dade, reconstruida por varios medios, Derek no solo habría atacado a su madre: también tomó fotografías del cuerpo y una selfie con su mano manchada de sangre, imágenes que luego envió a un amigo que vivía en otro estado. Ese amigo, al principio, pensó que era una broma macabra; solo cuando Derek le habló por teléfono y le insistió en que era real, pasó del desconcierto al pánico. Minutos más tarde, el propio adolescente marcó el 911, relató lo ocurrido con una calma que impresionó incluso a los operadores, y esperó a que la policía llegara.
Las cámaras corporales y el vídeo de interrogatorio difundidos después muestran a un Derek de 13 años, delgado, con gafas, respondiendo a las preguntas del detective. Cuando le preguntan si “fue él quien le hizo daño a su madre”, asiente. Describe el cuchillo como “uno grande de cocina”, con mango “morado”, y señala con serenidad en qué parte del cuerpo la hirió. Afirmó que ella dormía cuando empezó, que llegó a despertar, a gritar, pero nunca llegó a explicar por qué lo hizo. En el apartamento, los agentes encontraron huellas ensangrentadas desde el dormitorio hasta la puerta, la bebé ilesa en la cuna y el arma presuntamente usada en el ataque.
A medida que avanzaba la instrucción, la Fiscalía empezó a dibujar un retrato todavía más inquietante. En una moción presentada en 2025, los fiscales detallan que Derek tenía una fascinación con Jason Voorhees, el personaje de la saga Viernes 13: había comentado a amigos que pensaba disfrazarse de él en Halloween y, según la acusación, el haber actuado en la víspera de un viernes 13 no sería casualidad. En el mismo documento, se señala que, semanas antes del ataque, compartió en un chat un vídeo real de una persona quitándose la vida, acompañado de emojis que los fiscales interpretan como una inquietante “normalización” de la muerte y la sangre.
En el plano judicial, el caso subió de nivel desde el primer momento. Aunque tenía solo 13 años, Derek Rosa fue imputado como adulto por asesinato en primer grado. De ser declarado culpable, podría enfrentarse a una pena de hasta 40 años de prisión, en lugar del sistema de menores tradicional. Desde octubre de 2023, permanece en un centro de detención, sin fianza, mientras su defensa y la Fiscalía libran una batalla legal cargada de cuestiones técnicas: validez de la confesión, acceso a dispositivos electrónicos, peritajes forenses y, sobre todo, su salud mental.
El año 2024 estuvo marcado por audiencias de trámite y tensiones por la entrega de pruebas. En una vista de abril, el juez Richard Hersch reprendió a la Fiscalía al descubrir que el cuchillo, el fragmento del arma y la ropa de Derek apenas acababan de enviarse al laboratorio después de seis meses de haber sido recogidos, retrasando los resultados periciales. Paralelamente, seguían sin analizarse por completo varios dispositivos electrónicos, mientras la defensa reclamaba acceso íntegro a vídeos, registros telefónicos y archivos digitales que, a su juicio, serían clave para reconstruir el estado mental del menor esa noche.
A comienzos de 2025, la estrategia defensiva empezó a tomar forma pública: sus abogados insinuaron que podrían invocar su salud mental como parte fundamental de la defensa, señalando diagnósticos de autismo y TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad). Al mismo tiempo, luchaban por mantener cierta reserva sobre sus historiales médicos, alegando derecho a la intimidad. El juez Hersch terminó autorizando que la Fiscalía accediera a parte de esos expedientes, argumentando que, si la defensa ponía su estado mental en el centro del caso, los fiscales debían poder contrastar esa información.
El caso Derek Rosa también ha generado una ola inesperada de apoyos. Un grupo de mujeres de distintos estados de EE. UU. ha viajado varias veces a Miami para asistir a sus vistas, mostrarle respaldo en la sala y denunciar lo que consideran un sistema “demasiado duro” con un adolescente que, en su opinión, debe ser tratado ante todo como menor y como paciente, no solo como acusado. En redes, se mezclan campañas de “Justicia para Irina” con otras que piden “Justicia y trato digno para Derek”, convirtiendo el expediente en un campo de batalla emocional y mediático donde cada detalle del sumario se analiza como si el juicio ya se hubiera celebrado.
Mientras tanto, la defensa ha tratado de sembrar dudas razonables sobre la autoría en términos estrictamente jurídicos. En 2025, los abogados empezaron a hablar de un “sospechoso alternativo”: el padrastro, Frank Ramos. Solicitaron poder presentarlo así en el juicio, insinuando que las pruebas podrían apuntar en otra dirección. La Fiscalía respondió con contundencia: datos de GPS y registros laborales sitúan a Ramos en Georgia en el momento del ataque. Los fiscales califican esa línea como un intento de desviar la atención de las propias palabras y acciones de Derek aquella noche.
En paralelo, la acusación ha movido ficha para endurecer el relato probatorio. En una moción apoyada en la ley de Florida sobre “hechos similares”, los fiscales piden introducir en el juicio la secuencia completa: las fotos al cuerpo, la selfie, el vídeo real de otra muerte que había compartido, los mensajes sobre Jason Voorhees, los rastros de sangre y la aparente calma con la que llamó al 911. Para ellos, todo eso dibuja un patrón de premeditación y una inquietante familiaridad con la violencia, que desmontaría cualquier intento de presentar lo ocurrido como un arrebato sin contexto.
El calendario judicial también ha tenido sus vaivenes. En julio de 2025, el juez fijó el juicio de Derek Rosa para finales de enero de 2026, con selección de jurado prevista alrededor del día 20. Pero en noviembre de 2025, un golpe sacudió a la defensa: el abogado estrella José Báez, conocido por casos mediáticos como el de Casey Anthony, anunció su retirada del caso alegando motivos personales. Sus colegas advirtieron de una sobrecarga de trabajo y pidieron más tiempo; el juez, de momento, mantiene la fecha de enero, aunque ha dejado la puerta abierta a valorar un aplazamiento si se demuestra que el cambio de equipo pone en riesgo el derecho de Derek a una defensa adecuada.
Hoy, a las puertas de ese juicio de 2026, el caso Derek Rosa sigue siendo una enorme incógnita envuelta en horror. Legalmente, Derek se ha declarado no culpable y mantiene la presunción de inocencia: no hay sentencia, no hay veredicto, solo un cúmulo de pruebas, confesiones en vídeo que su defensa intenta cuestionar, diagnósticos psiquiátricos en discusión y una Fiscalía empeñada en demostrar que lo que ocurrió en Amelia Oaks fue un ataque planeado, no un impulso inexplicable de un niño confundido.
Una madre que acababa de traer una vida al mundo perdió la suya en su propia cama; una bebé crecerá con un vacío imposible de llenar; y un adolescente se enfrenta ahora a un futuro que podría transcurrir entre rejas. Lo que ocurra en la sala en 2026 no solo decidirá el destino de Derek Rosa, también marcará cómo entendemos la responsabilidad penal de los menores, el peso de la salud mental y el impacto de la violencia digitalizada —fotos, chats, personajes de terror— en la mente de un chico de 13 años. Hasta que el jurado hable, lo único seguro es que, en Hialeah, aquella noche de octubre dejó una cicatriz que ninguna sentencia podrá borrar del todo.
0 Comentarios