La mañana del 15 de julio de 2021, en Pozuelo de Alarcón, dos niños de seis años desaparecieron del mapa junto a su madre, Verónica Saldaña. Lo que para unos fue la huida desesperada de una mujer que decía proteger a sus mellizos, para otros fue una ruptura deliberada de las normas al llevarse a los pequeños lejos de su padre y de los juzgados españoles. Desde entonces, el “caso Verónica Saldaña” se ha convertido en uno de los expedientes de custodia más tensos y mediáticos de los últimos años.
Verónica y José Manuel Ortiz formaban una pareja aparentemente normal en Pozuelo hasta su ruptura en 2020. De esa relación nacieron Izan y Jorge, mellizos diagnosticados posteriormente con trastorno del espectro autista. Tras la separación, comenzó una batalla judicial por la custodia que pronto dejó de ser solo un desacuerdo familiar para convertirse en un conflicto que atravesó juzgados, medios de comunicación y, más tarde, fronteras.
En marzo de 2020, Verónica presentó la primera denuncia contra su expareja, alegando agresiones hacia ella y comportamientos muy graves hacia los niños. Informes policiales de valoración de riesgo hablaron de un escenario de elevada peligrosidad para la madre, hasta el punto de recomendar medidas de protección. Sin embargo, las causas penales abiertas en España terminaron archivadas o sin condena, y el juzgado de Pozuelo no apreció riesgo suficiente como para limitar las visitas del padre con los menores.
A medida que avanzaban los procedimientos, las resoluciones fueron girando en sentido contrario a lo que Verónica reclamaba. Se le advirtió de que, si continuaba obstaculizando el contacto de los niños con su padre, podía perder la custodia. En 2021, el juzgado llegó a restringir sus movimientos al municipio de Pozuelo y a señalar que un incumplimiento de esas medidas podría acarrearle consecuencias penales, mientras la madre denunciaba sentirse arrinconada y hablaba públicamente de violencia vicaria e institucional.
El punto de no retorno llegó el 15 de julio de 2021. A partir de ese día, Verónica dejó de presentar a los niños donde correspondía y desapareció con ellos. Para el padre y para los tribunales españoles, aquello fue una sustracción de menores: el Juzgado de Pozuelo emitió orden de búsqueda, detención y personación y, poco después, una orden internacional. Para Verónica, según ha repetido en entrevistas, fue el momento en que decidió salir del país porque sentía que ni ella ni sus hijos estaban siendo escuchados ni protegidos.
Durante meses, José Manuel Ortiz concedió entrevistas y abrió una página en redes donde iba relatando su versión: un padre que llevaba casi dos años sin ver a sus mellizos, convencido de que las denuncias contra él eran falsas y que la madre estaba guiada por ideas extremas sobre crianza y por el rechazo a los informes médicos y escolares. En ese mismo periodo, colectivos feministas y grupos de “madres protectoras” comenzaron a presentar el caso justo al revés: el de una mujer que huía porque el sistema, dicen, habría minimizado la palabra de ella y de los niños.
En enero de 2022, Verónica reapareció ante la opinión pública por videollamada en un programa de televisión en España, insistiendo en que no se sentía una fugitiva sino una madre que se consideraba castigada por denunciar. El juzgado, sin embargo, confirmó que la orden de búsqueda estaba vigente y que se le había notificado. La brecha entre el relato mediático y el expediente judicial se hacía cada vez más grande.
En junio de 2022, la policía española informó de que las autoridades suizas habían localizado a Verónica y a los mellizos en el cantón de Neuchâtel. Los pequeños quedaron inicialmente bajo control de los servicios de protección de menores, mientras se comprobaban sus condiciones de vida: algunos informes policiales españoles los describían como niños aislados, sin escuela y en situación delicada, pero las evaluaciones suizas concluyeron que estaban escolarizados, atendidos y vinculados de forma estable a su madre, y terminaron devolviéndolos con ella.
El conflicto escaló todavía más en octubre de 2022. Según relató la prensa suiza y española, tres hombres encapuchados irrumpieron en la vivienda familiar en Suiza, agredieron a la abuela delante de los niños y se llevaron a los mellizos en coche; horas después, el vehículo fue interceptado en Francia y los menores recuperados. Entre los detenidos figuraba el padre, a la espera de ser juzgado en Suiza por estos hechos. A partir de entonces, la justicia helvética endureció las restricciones hacia él y prohibió contactos no autorizados con los pequeños.
En paralelo, el padre activó el Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores para reclamar la restitución inmediata de los niños a España. El caso llegó al Tribunal Supremo Federal de Suiza, que en mayo de 2023 dictó una sentencia poco habitual: concluyó que Verónica y sus mellizos podían quedarse en el país y que el retorno forzoso no era exigible, al entender que, si ella regresaba, se enfrentaría a una condena larga que la apartaría de los hijos, considerados por los jueces suizos como menores muy dependientes de su figura de referencia.
La decisión suiza provocó reacciones encontradas en España. Mientras medios y colectivos cercanos a Verónica la celebraban como un ejemplo de justicia centrada en el bienestar infantil, otros señalaron problemas de coordinación entre tribunales de ambos países y criticaron que una orden de detención española no se tradujera en el retorno de los niños. Asociaciones como Niños sin Derechos y parte de la prensa conservadora describieron el caso como un precedente peligroso que, en su opinión, premiaba la fuga.
Lejos de apagarse, el nombre de Verónica volvió a los titulares en 2025, cuando un reportaje de investigación señaló que la Policía Nacional investiga una red llamada “Madres Protectoras”, especializada en ayudar a mujeres que han perdido la custodia a huir con sus hijos, y que los informes policiales apuntan a ella como supuesta figura clave de ese entramado. Los documentos mencionan apoyos económicos, asesoramiento y patrones de viaje hacia países —como Suiza— donde las restituciones son complejas. De momento, se trata de una investigación en curso, sin sentencia firme.
Hoy, Verónica Saldaña sigue viviendo en Suiza junto a los mellizos, amparada por la sentencia del alto tribunal helvético, mientras en España continúan vigentes órdenes judiciales relacionadas con la etapa en que abandonó el país con los niños. Él sigue sin ver a sus hijos; ella mantiene que solo los protegió cuando nadie la creyó. Entre ambos, dos menores que han pasado buena parte de su infancia atrapados entre expedientes penales, titulares cruzados y decisiones tomadas en dos sistemas jurídicos que se miran de reojo.
¿Es el caso de Verónica Saldaña la historia de una madre que cruzó todas las líneas legales para mantener a sus hijos a salvo, o la de unos niños arrancados de su padre por una adulta convencida de que solo ella sabía lo que era mejor? ¿Y cuántas familias más están viviendo, lejos de los focos, su propia guerra silenciosa entre denuncias archivadas, resoluciones contradictorias y fronteras que convierten cada visita en un laberinto casi imposible de resolver?
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