La madrugada del 3 de julio de 2021, en pleno paseo marítimo de Riazor, en A Coruña, dos amigos hacían una videollamada apoyados en una barandilla. Eran las primeras noches “normales” tras las restricciones más duras de la pandemia, la música salía de los locales y la ciudad olía a verano. En la pantalla del móvil estaba Vanesa; al otro lado, Samuel Luiz y su amiga Lina, riéndose, enseñando el ambiente. En cuestión de minutos, lo que era una escena cotidiana se convirtió en una persecución, en una agresión en grupo y en una de las palabras más incómodas que puede escuchar una sociedad: crimen por odio.
Antes de ser “el caso Samuel Luiz”, Samuel era Samu para los suyos. Nacido en Brasil, se había mudado a España con un año y se había criado en Galicia. Tenía 24 años, trabajaba como auxiliar de enfermería en la Fundación Padre Rubinos, un centro de mayores en A Coruña, después de haberse formado en el CIFP Ánxel Casal. Era conocido por su carácter tranquilo y su forma cariñosa de tratar a las personas mayores. Colaboraba con Cruz Roja, participaba en su comunidad religiosa como músico y estaba estudiando para técnico en prótesis dentales. Llevaba más de un año en primera línea frente al covid en una residencia… y le habían tocado por fin unas noches de verano en las que podía volver a salir con amigos.
La secuencia de aquella madrugada está hoy reconstruida al detalle en la sentencia. Samuel y Lina hacen una videollamada a Vanesa frente a la discoteca El Andén, giran el móvil para enseñarle el ambiente, y en ese momento pasa un joven con su pareja que cree que los están grabando. Se acerca y les increpa. Samuel y Lina explican que no están grabando a nadie, que solo hablan con una amiga. El chico, sin escuchar, dirige sus palabras únicamente a Samuel, acompañadas de un insulto homófobo y una amenaza. Lo siguiente es un puñetazo directo. La videollamada se corta en imagen, pero no en sonido: al otro lado, Vanesa escucha golpes, gritos de Lina pidiendo que lo dejen.
Gracias a la intervención de otro joven que estaba cerca, Samuel consigue separarse del primer agresor. Está mareado, con lesiones visibles en la cara, y le pide a Lina que busque su móvil, que se ha caído al suelo durante el ataque. Ella se aleja unos metros, aún en shock. En esos breves minutos, según la investigación, el primer agresor se marcha y regresa acompañado de más personas: al menos siete u ocho, de acuerdo con distintos testigos, entre ellos dos migrantes senegaleses, Ibrahima Diack y Magatte Ndiaye, que después serían clave en el juicio.
Lo que sigue es una escena que muchos describen como un “linchamiento”. Samuel es perseguido a lo largo del paseo marítimo, recibe golpes mientras intenta huir y acaba cayendo de nuevo en la avenida de Buenos Aires, a unos 260 metros del primer punto de agresión. Testigos relatan cómo recibe patadas y golpes en la cabeza y en el torso cuando ya está en el suelo, mientras se repiten insultos dirigidos a su orientación. Ibrahima y Magatte intentan interponerse para protegerlo y también son golpeados. Cuando por fin logran acercarse de nuevo, Samuel ya no responde. Está inconsciente, con múltiples lesiones. El grupo se dispersa corriendo.
Los servicios de emergencia tardan minutos que a sus amigos se les hacen eternos. Una patrulla de Policía Local avisa a Policía Nacional y al 061. Los sanitarios realizan maniobras de reanimación durante casi dos horas en el propio paseo marítimo, intentando estabilizarlo para el traslado. Finalmente lo llevan al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), donde se confirma su fallecimiento poco después. Las lesiones, especialmente en la cabeza, son incompatibles con la vida. La noticia corre por la ciudad a la velocidad de los mensajes de madrugada: “han matado a un chico a la salida de la discoteca”.
La investigación arranca con el caso bajo secreto. La Policía Nacional recopila vídeos de móviles y de cámaras de seguridad, toma declaración a decenas de testigos y se apoya en una llamada crucial: alguien que vio huir al grupo y apuntó que eran del barrio de Elviña, dando incluso un apodo. El 6 de julio de 2021 ya hay tres detenidos; los arrestos seguirán hasta sumar siete implicados: cinco adultos y dos menores en el momento de los hechos. La Delegación del Gobierno, al principio, habla de una pelea por un malentendido con un móvil; mientras tanto, colectivos LGTBI insisten en que los insultos escuchados por los testigos apuntan a algo más que una simple discusión.
En paralelo, la reacción social rompe cualquier intento de minimizar lo ocurrido. En decenas de ciudades españolas miles de personas salen a la calle con carteles que preguntan “¿Quién ha matado a Samuel?” y “No fue una pelea, fue un crimen contra el colectivo LGTBI”. A Coruña se llena de flores y pancartas en el lugar de la agresión. La Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual (ALAS A Coruña) emite un comunicado de condena y pide investigar a fondo el carácter de odio del ataque, recordando que llevaban un año alertando de agresiones al colectivo en Galicia. Las imágenes dan la vuelta al mundo: no solo ha muerto un chico de 24 años, ha quedado al descubierto un malestar que muchos llevaban tiempo denunciando.
En abril de 2022 llega la primera respuesta judicial: el Juzgado de Menores condena a los dos menores implicados a tres años y medio de internamiento cerrado y otros tres de libertad vigilada, tras un acuerdo entre las partes. Reconocen su participación en la agresión que acabó con la vida de Samuel. Para entonces, la instrucción contra los cinco adultos sigue adelante, con delitos de asesinato y, para algunos, agravante de discriminación por orientación sexual, además de un delito de robo con violencia por llevarse el móvil de la víctima.
El macrojuicio contra los adultos se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña a partir de octubre de 2024, con jurado popular y más de 80 testimonios. Desfilan por la sala Lina, Vanesa —que escuchó parte del ataque por la videollamada—, Ibrahima, Magatte y otros testigos que oyeron insultos homófobos antes, durante y después de la agresión (“se lo merecía”, “era un maricón de mierda”, relatan algunos). La amiga de Samuel señala también a la única mujer acusada, afirmando que no solo no intentó parar el ataque, sino que le impidió auxiliarlo mientras profería insultos. La acusada será finalmente absuelta por falta de pruebas de participación directa.
En noviembre de 2024, el jurado popular declara culpables a cuatro hombres: tres como autores del asesinato y uno como cómplice; para uno de ellos aprecia la agravante de discriminación por orientación sexual. Dos de los acusados ya arrastraban además la participación de los menores condenados en 2022. El jurado descarta el ensañamiento pero acepta que hubo una agresión en grupo, con alevosía, que dejó a Samuel sin posibilidad real de defenderse, y en el caso del principal agresor, marcada por su animadversión hacia la orientación que atribuía a la víctima.
El 8 de enero de 2025, la Audiencia de A Coruña dicta sentencia: en total, 74 años y medio de prisión para los cuatro culpables. Diego M.M., el joven que inició la agresión y participó en toda la persecución, recibe la pena más alta: 24 años de cárcel por asesinato con la agravante de discriminación por orientación sexual. Kaio A.S.C. es condenado a 20 años y medio (17 por asesinato y 3 años y medio por el robo del móvil), y Alejandro F.G. a 20 años. El cuarto condenado, Alejandro M.R., es considerado cómplice y recibe 10 años. La sentencia subraya la “crueldad” y la “absoluta falta de empatía” del grupo al dejar a Samuel tirado en el suelo. La familia es indemnizada con algo más de 300.000 euros.
La historia judicial no termina ahí. En mayo de 2025, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia revisa los recursos y toma una decisión clave: absuelve a Alejandro M.R., el condenado como cómplice, al considerar que no hay prueba suficiente de que participara en la agresión, y confirma las penas de 24, 20,5 y 20 años para los otros tres condenados. Meses después, la Fiscalía del Tribunal Supremo presenta un recurso contra esa absolución, pidiendo que se dicte una nueva sentencia que lo condene de nuevo como cómplice, mientras mantiene intactas las condenas del resto. A día de hoy, ese recurso sigue su curso.
Alrededor del caso, siguen pasando cosas que hablan de memoria y de lucha. La asociación ALAS A Coruña, que fue acusación popular en el procedimiento, ha logrado recientemente que la Justicia obligue a la Xunta a reconocerla como entidad de utilidad pública, un gesto que simboliza el papel de los colectivos LGTBI en la exigencia de justicia por Samuel y por otras víctimas de odio. Artículos y análisis jurídicos discuten cómo se aplica en España la agravante de discriminación, y señalan el caso Samuel Luiz como un ejemplo de las dificultades —y la importancia— de reconocer el componente homófobo de ciertas agresiones.
Mirado con la perspectiva del tiempo, el caso de Samuel Luiz es algo más que una cronología de golpes, nombres y condenas. Es la historia de un chico de 24 años que se ganaba la vida cuidando ancianos y que una madrugada, en pleno Orgullo, fue atacado porque alguien decidió que su forma de ser no merecía respeto. Es la historia de dos amigos senegaleses que, sin conocerlo, se jugaron el tipo para intentar protegerlo. Es la historia de familias que tuvieron que escuchar en un juicio los insultos que se lanzaron contra su hijo. Y es, también, el espejo de una sociedad que reaccionó en masa, que salió a la calle y que se negó a aceptar que aquello fuese “una pelea de noche de fiesta”. Contarla hoy, con respeto, es recordar que el odio no empieza en los golpes, sino mucho antes, en las palabras que se normalizan. Y que la única forma de que Samuel no sea solo un nombre en una placa junto al mar es no bajar la mirada cuando volvamos a ver, en cualquier paseo, que alguien convierte la diferencia en diana.
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