“Vuelvo en un rato”, dijo una adolescente antes de salir con su prima, sin arreglarse el pelo, como quien va a dar un paseo corto y regresa para cenar. Esa joven era Jamie Barela, tenía 15 años, y su ausencia terminó uniendo su nombre al de otras mujeres que también se evaporaron entre 2001 y 2005, casi siempre sin titulares, casi siempre con la misma indiferencia alrededor. Años después, su madre lo resumiría con una frase que corta: no importaba lo que estuvieran haciendo, eran seres humanos.
A esa cadena de desapariciones se la conocería como el caso del “West Mesa Bone Collector”, pero antes del apodo hubo un goteo de silencios: hijas que no contestan, primas que no vuelven, amigas que dejan de aparecer en una esquina concreta, madres que llaman a hospitales y comisarías con la voz gastada. Muchas de las víctimas vivían en los bordes: consumo, explotación, noches largas, supervivencia. Y cuando una vida transcurre en los márgenes, el sistema a veces tarda demasiado en mirar con la urgencia que merece.
El gran golpe público llegó el 2 de febrero de 2009. Una mujer llamada Christine Ross salió a caminar por el lado oeste de Albuquerque con su perro Ruca, y en un sendero vio algo que no encajaba con la tierra. Ruca había encontrado un hueso que sobresalía del suelo. Christine hizo una foto, se la envió a su hermana —enfermera— y, cuando le dijeron que aquello parecía humano, llamó de inmediato a la policía. Hay hallazgos que cambian una tarde; este cambió una ciudad.
Los agentes confirmaron que no era un resto animal. Y a partir de ahí la escena empezó a crecer como una pesadilla lenta: en las semanas siguientes se recuperaron los restos de 11 mujeres y un bebé no nacido, enterrados en tumbas improvisadas en el área de 118th Street SW, en la meseta del oeste de Albuquerque. No fue un “lugar remoto” en mitad de la nada: era un terreno dentro del área urbana en expansión, un espacio que, por la mezcla de desierto y construcción, parecía perfecto para esconder lo que nadie quería ver.
El listado de nombres, hoy, duele por sí solo: Monica Candelaria, Victoria Chavez, Virginia Cloven, Syllannia Edwards, Cinnamon Elks, Doreen Marquez, Julie Nieto, Veronica Romero, Evelyn Salazar, Michelle Valdez y Jamie Barela. La policía explicó que diez de ellas tenían un vínculo común con drogas y prostitución, y que Jamie era la excepción conocida a ese patrón. Esa diferencia no la protegió. Tampoco debería haber cambiado la urgencia con la que el mundo las buscaba.
La identificación fue una batalla científica y humana. La Oficina del Médico Investigador (OMI) y equipos forenses utilizaron registros dentales, ADN y comparaciones genéticas para devolverles el nombre. En el propio expediente público de la policía se detalla, por ejemplo, que Syllannia Edwards fue identificada el 13 de noviembre de 2009 mediante dibujo y registros dentales; que Virginia Cloven y Evelyn Salazar fueron identificadas por ADN el 17 de noviembre de 2009; y que Jamie Barela fue identificada el 26 de enero de 2010. A veces, la justicia empieza por lo básico: llamar a alguien por su nombre.
Las edades también dibujan la dimensión del crimen: adolescentes, jóvenes, mujeres en plena vida. Algunas familias llevaban años oyendo hipótesis crueles (“se fue”, “se metió en problemas”, “ya aparecerá”). Cuando la tierra devolvió a once, el relato de “desapariciones sueltas” se rompió para siempre. Ya no era una suma de casos aislados: era un patrón, una repetición, una mano —o varias— que había actuado con método.
Con el tiempo, reconstrucciones públicas añadieron un detalle inquietante: el lugar donde estaban enterradas quedó cerca de urbanizaciones proyectadas, y el desarrollo del terreno —incluida la alteración de un arroyo natural y obras para canalizar agua— habría contribuido a que algunos restos quedaran más expuestos. Es decir, no fue solo el azar: también fue cómo una ciudad crece encima de lo que prefiere no mirar. Y mientras tanto, alguien seguía viviendo su vida con normalidad, como si el desierto fuera un cajón sin fondo.
La investigación se convirtió en el mayor caso de homicidios del Departamento de Policía de Albuquerque, con una línea directa de información, Crime Stoppers y una recompensa que llegó a 100.000 dólares por datos que llevaran al arresto y condena de los responsables. Años después, la policía seguía pidiendo lo mismo: que hablaran quienes trabajaban las calles entre 2001 y 2005, quienes vieron coches, rutas, hábitos, nombres que se repetían. En los casos en serie, la pieza que falta a veces vive en un recuerdo que alguien guardó por miedo.
Las teorías y las sospechas crecieron, pero el corazón del caso se mantuvo firme: no hay arrestos ni cargos por estos hechos. Dos nombres han rondado con fuerza como personas de interés en distintas etapas: Lorenzo Montoya, que murió en 2006 tras un crimen distinto, y Joseph Blea, condenado por un caso de violación. Investigadores y periodistas han señalado coincidencias de proximidad, tiempos y comportamientos, pero también un muro: sin vínculo forense concluyente, la sospecha no puede transformarse en verdad judicial.
Ese muro explica por qué, en 2025, la conversación volvió a girar hacia el ADN y las leyes. La policía de Albuquerque defendió que, bajo normas anteriores, no siempre podían incorporarse perfiles genéticos a bases federales si la persona fallecía antes de ser formalmente acusada o si el marco legal no lo permitía. Para familias que llevan más de dos décadas esperando, cada limitación técnica suena a lo mismo: otro año sin respuestas.
En ese contexto nació una reforma concreta en Nuevo México: la HB 340 (DNA of Certain Offenders in CODIS). La ley quedó firmada y “chaptered” el 7 de abril de 2025, y su propósito, en términos prácticos, es ampliar procedimientos para que ADN de ciertos ofensores pueda ser incorporado a CODIS, incluyendo escenarios donde el sospechoso muere antes de ser acusado formalmente. Para el caso West Mesa, esto se explicó como una posible vía para confirmar o descartar hipótesis que llevan años flotando sin poder aterrizar.
Mientras los legisladores debatían y los laboratorios afinaban técnicas, las familias seguían viviendo lo que nadie ve: cumpleaños que se convirtieron en fechas vacías, llamadas que ya no tienen destinatario, y la sensación de que la ciudad recuerda el apodo del caso más rápido que los nombres de las mujeres. En 2025, un reportaje reciente insistía en esa herida: aún hay gente que sospecha que puede haber más víctimas y que el cementerio del West Mesa quizá no dijo su última palabra.
También quedó expuesto algo que incomoda: cómo el estigma puede convertirse en un permiso para la violencia. Cuando una mujer está en situación de explotación, cuando consume, cuando duerme donde puede, hay quienes creen que su ausencia “explica” el silencio. Pero ninguna vida es desechable. Y cuando la investigación se ralentiza por prejuicio, el daño se multiplica: se pierde a la víctima y se le roba, además, la urgencia que merecía desde el minuto uno.
En 2025, la policía hablaba de casi 1.500 pistas recibidas desde 2009 y pedía que no se apagara el flujo de información, porque todavía no existe ese “sospechoso número uno” que cierre la historia. En paralelo, seguía vigente la recompensa y el llamado público a quien sepa algo, aunque parezca pequeño. A veces, una matrícula recordada tarde, un apodo de la calle, un sitio al que alguien iba siempre, puede convertirse en lo único que haga que once nombres dejen de ser once preguntas.
Si esta historia tiene un sentido más allá del espanto, es el de mirar señales que suelen repetirse alrededor de la explotación y la violencia: aislamiento, control por parte de terceros, amenazas, deudas impuestas, miedo a hablar con autoridades, desapariciones que se normalizan porque “esa persona vive así”. La prevención empieza cuando dejamos de pedirle a la víctima que sea “perfecta” para merecer ayuda, y se la damos igual, con la misma rapidez con la que se la daríamos a cualquiera.
Si tú o alguien cercano está en peligro, en Estados Unidos la vía urgente es 911. Para apoyo confidencial ante violencia sexual existe el RAINN National Sexual Assault Hotline (800-656-HOPE), y para señales de trata o explotación, el National Human Trafficking Hotline (888-373-7888). Y si estás en crisis emocional, 988 es la línea de apoyo 24/7. El West Mesa no es solo un caso sin resolver: es un recordatorio de lo que pasa cuando una sociedad tarda demasiado en escuchar, y de lo necesario que es sostener la mirada hasta que llegue la verdad.
0 Comentarios